Perú

El 6 de diciembre, el periodista Fernando Núñez, director del portal informativo Kamila TV en la región La Libertad, fue asesinado por sicarios cuando regresaba a su domicilio junto a su hermano, quien resultó gravemente herido, tras realizar una cobertura. Núñez investigaba presuntas irregularidades en obras de infraestructura en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo. Cuatro personas fueron detenidas. Las investigaciones policiales indican que el crimen habría sido coordinado desde prisión por un reo recluido por delitos de extorsión, por un monto aproximado de S/ 4.000 (unos USD 1.150). El jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo señaló que la principal hipótesis vincula el asesinato con las denuncias difundidas por el periodista en su programa.

El 12 de diciembre, el periodista Mitzar Bato Castillejos, conductor de Radio Latín Plus y director del portal Bato a Informarte Noticias, fue atacado por dos sicarios en la región Ucayali. Recibió cinco disparos, tres de ellos con impacto directo. Falleció el 26 de diciembre, 14 días después del atentado, a causa de las heridas. Castillejos investigaba presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia de Padre Abad.

En febrero, Daniel Urresti recuperó la libertad luego de que el Tribunal Constitucional anulara su condena de 12 años de prisión por el asesinato de Hugo Bustíos en 1988. El Tribunal sostuvo que los delitos habían prescrito y que el Estatuto de Roma, suscrito por Perú en 2002, no es aplicable retroactivamente. La decisión generó condenas de organizaciones nacionales e internacionales de prensa, así como preocupación de expertos de Naciones Unidas, quienes advirtieron que debilita los compromisos internacionales del país y favorece la impunidad.

Durante el período también se registraron múltiples agresiones y actos de hostigamiento contra periodistas.

En octubre, la congresista Kira Alcarraz, de la bancada Podemos Perú, amenazó a la reportera Marycielo del Castillo, de Willax, cuando intentaba obtener sus declaraciones. “Si estuviera alterada, tenlo por seguro, te estamparía contra la pared. Pero como no estoy alterada, por eso sigues viva, mi amor.”

En noviembre, dos periodistas denunciaron amenazas. Sindy Roque Maldonado, conductora del programa SRM Noticias, en Cotabambas, Apurímac, acusó a Ricardina Yucra Peralta, esposa del alcalde distrital de Challhuahuacho, Luis Iván Cruz Puma, quien le habría dicho: “Te voy a matar”. Ese mismo mes, la periodista Hessed Rosales Santos, de Radio Revolución Satipo, denunció amenazas vía WhatsApp: “En estos días te vamos a desaparecer… nos encargaremos de desaparecer a toda tu familia y parecerá accidente”.

El 19 de diciembre, el periodista Anthony Rumiche Rodríguez, de Prensa Callao TV, sufrió un atentado cuando su vehículo fue atacado con más de 20 disparos por sujetos en motocicletas. Resultó ileso. Rumiche había publicado investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, prófugo de la justicia.

Ese mismo mes, la periodista Karla Ramírez, de Panamericana Televisión, denunció que un allegado del exministro del Interior Juan José Santiváñez habría ordenado su seguimiento y eventual asesinato en septiembre. La información surgió de la declaración de un colaborador eficaz ante la Fiscalía.

En enero, la periodista Stefanie Medina, reportera del programa Contracorriente de Willax, fue amenazada, insultada en redes sociales y víctima de la difusión de datos personales y contenidos manipulados con inteligencia artificial, tras la publicación de un reportaje sobre un presunto abuso sexual que involucraba a tres jugadores del club Alianza Lima en Montevideo, Uruguay.

También en enero, el candidato presidencial Rafael López Aliaga amenazó al periodista Ángel Páez, de La República, luego de que este revelara que una de sus empresas mantenía deudas tributarias con la Sunat, la administradora de impuestos y tributos. “El señor Páez que se prepare para otra denuncia más”, afirmó en una entrevista, agregando: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a Páez”.

En febrero, se registraron presiones legales contra medios, como el intento de la Municipalidad de Miraflores de iniciar acciones penales contra el equipo del podcast La Encerrona, tras la difusión de información de interés público sobre la filtración de datos personales de 60.000 vecinos a través del sitio web municipal. La autoridad acusó al medio de “traficar con datos informáticos” y solicitó investigar a los periodistas Ernesto Cabral y Brandon Quevedo por presuntos delitos informáticos.

También en febrero, durante actividades de la comitiva oficial del papa León XIV en hospitales de Chiclayo, los periodistas David Chiroque, de Exitosa, y Joel Larrea, de TV Perú, fueron hostigados y expulsados por personal de seguridad, pese a estar acreditados.

En el ámbito institucional, se observaron acciones preocupantes por parte de los tres poderes del Estado.

Desde el Poder Ejecutivo, si bien disminuyó el discurso hostil tras la salida de Dina Boluarte, persistieron episodios de presión. Durante la presidencia de José Jerí (del 10 de octubre de 2025 al 17 de febrero de 2026), se anunció la posible adopción de acciones legales contra medios que informaron sobre presuntas contrataciones irregulares en su entorno, lo que derivó en su censura por el Congreso y posterior rectificación. En diciembre, se reportaron agresiones directas, como la remoción violenta del periodista Javier Rumiche, de RPP, y su camarógrafo en Tacna por parte de un escolta presidencial, cuando intentaban acercarse al mandatario.

Asimismo, se registraron restricciones al acceso de la prensa a actos oficiales, como la exclusión de periodistas de la ceremonia de juramentación del gabinete encabezado por José María Balcázar, quien asumió la Presidencia el 18 de febrero.

El Poder Legislativo continuó promoviendo iniciativas que podrían restringir la libertad de expresión. En noviembre, el gobierno de Jerí propuso modificar el Código Penal para incorporar el delito de “revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales”, con el argumento de proteger la reserva de la información, lo que fue cuestionado por organizaciones periodísticas.

Ese mismo mes se presentaron dos proyectos de ley orientados a sancionar la desinformación durante campañas electorales. Uno proponía modificar el artículo 356 del Código Penal para penalizar la inducción al voto mediante engaños, incluyendo el uso de noticias falsas, inteligencia artificial o redes sociales. El otro planteaba modificar el artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones para prohibir la creación y difusión de material engañoso que manipule la apariencia o voz de candidatos mediante herramientas digitales.

Asimismo, el congresista Wilson Soto presentó —y posteriormente retiró— un proyecto para regular la actividad de influencers, opinólogos y creadores de contenido en redes sociales, mediante requisitos profesionales y su inscripción en un registro oficial, iniciativa que fue abandonada tras el rechazo público.

En diciembre, el Congreso aprobó facultades legislativas que incluyeron la tipificación del delito de revelación de información reservada en la Ley 32527. Aunque la norma incorporó una cláusula de salvaguarda del derecho a la libertad de información, de prensa y del secreto profesional, asociaciones periodísticas advirtieron que limita el alcance de protección a las fuentes.

Por su parte, el Ministerio Público se consolidó como uno de los principales focos de presión contra la prensa.

En octubre, se documentó la reapertura de investigaciones vinculadas a publicaciones sobre corrupción, como el caso de los periodistas Julio César Farfán y Erick Baylón, de Prensa Regional de Moquegua, por presuntos delitos de falsedad genérica y denuncia calumniosa. El caso había sido archivado en 2024, tras una publicación de 2025 sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno regional de Moquegua.

Ese mismo mes, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, calificó públicamente al periodista Daniel Yovera, de Epicentro, como alguien que “comete delitos” y “actúa casi como delincuente”, luego de que este publicara información sobre menciones al fiscal en interrogatorios relacionados con el exjuez Iván Noguera, sobre el que pesan acusaciones de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.

En noviembre, se abrió una investigación contra la periodista Graciela Tiburcio por presunta denuncia calumniosa, a raíz de una denuncia presentada por Víctor Hugo Quijada Tacuri, excandidato al Congreso. Tiburcio había publicado en 2021 una investigación basada en testimonios sobre un presunto caso de acoso a escolares. Desde entonces, ha enfrentado nueve denuncias y reportó amenazas de muerte.

En diciembre, la Primera Fiscalía Superior Penal de Lima declaró infundada la denuncia del exministro del Interior Juan José Santiváñez contra los periodistas Mónica Delta, Juan Subauste y Carlos Hidalgo, de Latina, por el presunto delito de marcaje o reglaje, tras la emisión de un reportaje en 2025.

Finalmente, en febrero, el periodista Jonathan Castro, productor general de La Encerrona, fue citado de manera “muy urgente” como testigo por la Fiscalía en un caso vinculado a la presunta falsificación de carnés de vacunación contra la Covid-19, hecho que él mismo había revelado en 2021.