En este período, se observaron restricciones preocupantes al acceso a la información pública, tanto a nivel legislativo como en la relación entre el gobierno y la prensa.
Reunión de Medio Año de la SIP, 23 - 24 de abril de 2026.
En este período, se observaron restricciones preocupantes al acceso a la información pública, tanto a nivel legislativo como en la relación entre el gobierno y la prensa.
En diciembre, la gobernadora Jenniffer González-Colón promulgó el Proyecto del Senado 63 (PS63), una controvertida legislación que modifica la Ley de Transparencia. La normativa amplía hasta 50 días el plazo para que las agencias públicas respondan a solicitudes de información, lo que en la práctica limita el acceso a datos oficiales y ha suscitado críticas por parte de periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
La SIP se unió a otras 13 organizaciones de libertad de prensa para solicitar a la gobernadora que rechace la adopción del proyecto del Senado 63 y advirtió que la medida limitaría la transparencia gubernamental y restringiría severamente el trabajo de los periodistas.
Al mismo tiempo, la oficina de la gobernadora intentó limitar el acceso a periodistas a La Fortaleza, la residencia oficial, al exigir una certificación del Departamento de Estado de Puerto Rico para acceder a las conferencias de prensa. El hecho se registró al impedirle en diciembre la entrada a La Fortaleza a los periodistas Luis Valentín y Noel Algarín, del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
A fines de diciembre, el CPI inició acciones legales contra la oficina de la gobernadora y su jefa de prensa, Marieli Padró. Denunció la medida como un atentado contra el derecho constitucional del CPI a la libertad de prensa. En febrero, la jueza superior Iris L. Cancio González del Tribunal de Primera Instancia de San Juan le dio la razón al indicar que la certificación de prensa no constituye un mecanismo válido para determinar qué periodistas pueden acceder a una conferencia de prensa convocada por la gobernadora o por cualquier otro funcionario de La Fortaleza.
“Definitivamente, el derecho a la libertad de prensa de los demandantes se está coartando al denegarles el acceso a información gubernamental valiosa, sobre la cual puedan publicar o transmitir. La restricción impuesta de requerir la certificación de prensa, cuyo acto excede el poder delegado por ley, violenta el derecho de los demandantes a la libertad de prensa. A su vez, el denegar el acceso total a dichas conferencias de prensa, les ocasiona un daño irreparable y recurrente, sin un remedio adecuado que no sea el provisto por el injuntion preliminar y permanente”, dijo la jueza en su decisión.
Sin embargo, tras pasar por distintas instancias judiciales el proceso llegó ante el Tribunal Supremo que el 17 de abril, en una decisión mayoritaria, resolvió que La Fortaleza puede exigir a los periodistas un carnet oficial del Departamento de Estado.
La directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, expresó que: “Nuestro sistema de justicia le falló a la libertad de prensa, y la administración de turno logra aquí adelantar su intención de limitar el acceso a la prensa para fiscalizar y cuestionar lo que hace el gobierno y cómo se usan los fondos públicos”.
