Durante el período se mantuvo un clima estable para la libertad de prensa, sin evidencias de censura directa ni de regulaciones coercitivas. No obstante, se registraron episodios puntuales de agresiones físicas y verbales contra periodistas por parte de agentes de seguridad y empleados públicos.
El Congreso Nacional continúa sin alcanzar consenso sobre la reforma a la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, impulsada por el Poder Ejecutivo y elaborada con la participación de representantes de gremios periodísticos, como la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa busca ampliar las garantías para el ejercicio del periodismo, aunque enfrenta objeciones por la creación del Instituto Nacional de la Comunicación, considerado por algunos sectores como un posible mecanismo de control.
Durante el período se registraron varios incidentes que interfirieron en el desempeño de la actividad periodística.
A finales de diciembre, las periodistas María Tejada, del canal de noticias CDN, y Natalia Estrella, de Teleuniverso, fueron agredidas por personal de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), mientras cubrían un operativo de distribución de agua al público en uno de los sectores afectados por la ruptura de tuberías que dejó a la población sin servicio durante varias semanas.
En marzo, un oficial de la Policía Nacional rastrilló su arma y la apuntó contra un grupo de reporteros, mientras otros agentes utilizaron gas pimienta para impedir la cobertura de un operativo de arresto en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo, relacionado con una maestra acusada de agredir a una menor en una guardería. Durante el incidente, las periodistas Ana Laura López, del portal Último Minuto, y Jessica Hernández, de la Red Nacional de Noticias, resultaron afectadas, sufriendo contusiones y desmayos. La jefatura policial condenó lo ocurrido, remitió al oficial al Ministerio Público y aseguró que no tolerará este tipo de excesos. El CDP también rechazó la agresión.
También en marzo, los periodistas Ramón Miguel Gutiérrez López y Joan Santana fueron sometidos a “arresto preventivo”, acusados de los delitos de injuria y difamación contra el exdirector de la Policía, mayor general (r) Ramón Antonio Guzmán Peralta, por difundir una auditoría que presuntamente le atribuía irregularidades por 441 millones de pesos dominicanos (alrededor de USD 7.5 millones) en compras, pagos y contrataciones durante su gestión en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte. La jueza impuso medidas sustitutivas, entre ellas una garantía económica de 500 mil pesos (unos USD 8.350), impedimento de salida del país y presentación periódica. La decisión generó protestas por parte de organizaciones periodísticas.