La represión se sustenta en un sistema judicial subordinado al poder ejecutivo. Los jueces son designados de manera discrecional, actúan siguiendo directrices de altos funcionarios y se han convertido en instrumentos de represalia política y de despojo patrimonial. Así lo evidencia el caso del juicio por difamación promovido por Diosdado Cabello contra el diario El Nacional, que derivó en la confiscación de sus instalaciones, así como en la expropiación y el saqueo de bienes privados vinculados a familiares de miembros del medio, bajo supervisión directa de funcionarios judiciales.
En las circunstancias actuales, la libertad de expresión continúa siendo inexistente en la práctica. Sin una transformación estructural del sistema político y judicial, ninguna transición democrática será viable ni podrá garantizarse el derecho fundamental a la información.
Otros hechos relevantes:
El 23 de octubre, Yorbin García, colaborador del medio digital Palpitar Trujillano, detenido el 18 de octubre, fue trasladado de la sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) a la cárcel de Yare II. Fue presentado ante un tribunal el 21 de octubre e imputado por los delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad.
El 27 de octubre, Omario Castellanos, reportero del portal SoyLarense, detenido el 17 de octubre junto a su madre Blanca Guerrero y su hermano José Castellanos, fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo y acusado por los delitos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y traición a la patria.
El 30 de octubre, el periodista Joan Camargo se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptado por sujetos sin identificación, vestidos de negro, quienes lo obligaron a subir a un vehículo. Recuperó su libertad el 4 de noviembre, tras cinco días desaparecido.
El 1 de noviembre, familiares del periodista Leandro Palmar y del trabajador de prensa Belises Cubillán denunciaron su traslado al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón. Ambos habían sido detenidos el 9 de enero de 2025, luego de cubrir una manifestación postelectoral.
Entre el 3 y el 9 de noviembre, cerraron las emisoras Cumanesa 105.3 FM y +Network 89.3 FM, en Cumaná, estado Sucre. Ambas estaciones, con alrededor de 30 años de funcionamiento, cesaron sus operaciones tras la apertura de procedimientos administrativos por parte de CONATEL.
El 12 de noviembre, Omario Castellanos, estudiante de Comunicación Social y reportero de SoyLarenseCom, fue trasladado desde los calabozos de la Policía del estado Lara al Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda. Castellanos padece insuficiencia venosa, condición que se agravó desde su detención en Barquisimeto el 17 de octubre.
El 25 de noviembre, CONATEL cerró la emisora 93.7 FM La Radio Se Oye, en el municipio Vargas, La Guaira, e incautó sus equipos. El procedimiento sacó del aire a la estación, que contaba con 12 años de servicio, y dejó sin empleo a más de 20 trabajadores.
El 3 de diciembre, fue detenido el periodista José Serna, del medio Noti 365, en su lugar de trabajo en Cabimas, estado Zulia.
El 10 de diciembre, un equipo periodístico del canal argentino de noticias C5N fue expulsado de Venezuela.
El 11 de diciembre, un equipo de Chilevisión, integrado por un periodista, un camarógrafo y dos encargados de seguridad, fue detenido durante siete horas por organismos de inteligencia en la frontera colombo-venezolana. Durante el procedimiento, les confiscaron los teléfonos, exigieron las claves de acceso, revisaron aplicaciones de mensajería y eliminaron fotos y videos.
El 16 de diciembre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la desaparición del politólogo y director de Punto de Corte, Nicmer Evans, quien permanecía incomunicado desde el 13 de diciembre, cuando fue llevado sin orden judicial al Sebin para una supuesta “entrevista”.
El 5 de enero, el SNTP exigió la liberación de 23 periodistas y trabajadores de la prensa y el desbloqueo de más de 60 medios censurados.
Ese mismo día, durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional, fueron detenidos en Caracas 14 periodistas y trabajadores de la prensa: 13 de agencias y medios internacionales y uno de un medio nacional. Trece fueron liberados y uno deportado. Les revisaron sus equipos, desbloquearon los teléfonos, rastrearon llamadas y mensajes en plataformas de comunicación y redes sociales.
En la zona fronteriza entre Cúcuta, Colombia y San Antonio, Venezuela, fueron detenidos un periodista español y otro colombiano, y liberados horas más tarde.
El 7 de enero, el periodista colombiano Jeff Martínez, de Testigo Directo y el mexicano Julián Mazoy, de Radio Fórmula Sonora, permanecieron incomunicados y sin poder ser ubicados. Intentaron cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela.
Ese mismo día, CONATEL ordenó la salida del aire de la emisora Impacto 105.3 FM, en La Fría, municipio García de Hevia del estado Táchira, después de que no fuera renovada su concesión.
El 8 de enero, fue excarcelado el periodista y dirigente político Biagio Pilieri, quien estuvo preso en el Helicoide un año y cuatro meses.
El 9 de enero, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a un equipo de la cadena Telemundo durante 20 minutos cerca de la Embajada de EE. UU. en Caracas. Les obligaron a borrar el material grabado.
El 10 de enero, a una semana de la captura de Nicolás Maduro, ocurrieron detenciones, deportaciones y actos de censura contra periodistas. Entre estos, 13 periodistas extranjeros fueron deportados y cientos fueron impedidos de ingresar al país.
El 13 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) alertaron sobre restricciones al acceso a la información, detenciones de periodistas y mayores riesgos en el contexto de las medidas excepcionales adoptadas.
El 14 de enero, fueron excarcelados los siguientes periodistas: Ramón Centeno, detenido el 2 de febrero de 2022; Leandro Palmar y el asistente de cámara Belises Cubillán, detenidos el 9 de enero de 2025; Víctor Ugas, detenido el 18 de agosto de 2024; Carlos Marcano, detenido el 23 de mayo de 2025; Rafael García Márvez, detenido el 22 de julio de 2025; Roland Carreño, detenido el 2 de agosto de 2024; Julio Balza, detenido el 9 de enero de 2025; Nakary Ramos Mena y su esposo, y el asistente de cámara Gianni González, detenidos el 8 de abril de 2025; Gabriel González, detenido el 27 de junio de 2024; Carlos Julio Rojas, detenido el 15 de abril de 2024; Luis López, detenido el 14 de junio de 2024; Nicmer Evans, detenido el 13 de diciembre de 2025; Mario Chávez Cohen, detenido el 6 de mayo de 2025; Carlos Lesma, detenido el 9 de octubre de 2025; Ángel Godoy, detenido el 8 de enero de 2025; Omario Castellanos, detenido el 16 de octubre de 2025; y Yorbin García, detenido el 18 de octubre de 2025.
El 24 de enero, la Corte de Apelaciones del estado Cojedes anuló la condena de 15 años de prisión contra el estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, acusado por incitación al odio. Fue excarcelado el 25 de enero tras más de 10 meses detenido.
El 30 de enero, Venevisión denunció que su señal fue sacada de la parrilla de canales nacionales que se ofrecen de forma gratuita en el sistema de televisión digital abierta (TDA) y satelital (FTA).
El 31 de enero, después de 19 años al aire, la emisora Unika 92.1 FM, en la parroquia Coche, en Caracas, fue cerrada por CONATEL.
El 3 de febrero, la RELE manifestó su preocupación por las medidas restrictivas aplicadas contra periodistas y trabajadores de la prensa recientemente excarcelados.
El 4 de febrero, funcionarios policiales detuvieron al periodista Álvaro Algarra, corresponsal de DW Español.
El 4 de febrero, Rory Branker, editor de La Patilla, fue excarcelado luego de estar preso desde el 20 de febrero de 2025.
El 9 de febrero, el SNTP presentó una propuesta integral de Ley de Amnistía que incluyó a periodistas víctimas de persecución.
El 20 de febrero, funcionarios de CONATEL, en compañía de efectivos de la Guardia Nacional, cerraron la emisora Urbana 94.3 FM, en Guatire, estado Miranda.
El 22 de febrero, el periodista y humorista Deivis Correa, quien estuvo preso desde el 31 de julio de 2024, recibió libertad plena.
El 23 de febrero, los tribunales con competencia en terrorismo se negaron a recibir las solicitudes de sobreseimiento que, conforme a la Ley de Amnistía, pueden presentar las propias víctimas. El SNTP acompañó a un grupo de periodistas en el Palacio de Justicia, quienes sometieron sus peticiones de suspensión de sus procesos judiciales. Ningún tribunal recibió los escritos, aunque se trata de un trámite administrativo.
El 24 de febrero, fue liberada la periodista Marifel Guzmán, privada de libertad desde el 7 de febrero de 2025.
El 24 de febrero, el SNTP presentó ante la comisión encargada del seguimiento a la Ley de Amnistía una comunicación solicitando la revisión de los casos de 40 periodistas y trabajadores de la prensa.
El 25 de febrero, la Alianza por la Libertad de Expresión exigió "ejecutar el desbloqueo de las páginas web, portales de medio y redes sociales".
El 26 de febrero, fueron liberados los periodistas Pedro Urribarri, preso desde el 21 de mayo de 2025; y Jonathan Carrillo, preso desde el 20 de julio de 2022.
El 27 de febrero, CONATEL sacó del aire la emisora Rítmica 104.1 FM en Puerto Cabello, estado Carabobo. Incautaron equipos y bienes de la estación, que tenía 26 años al aire de manera ininterrumpida.
El 2 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que en Venezuela se puede hacer periodismo sin temor a represalias, en referencia a la "nueva etapa" que inició luego del 3 de enero.
El 3 de marzo, fue asesinado el periodista Walter Jaimes, reconocido periodista del municipio Tovar, estado Mérida. El 10 de marzo fue detenido el presunto asesino, según informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien indicó que Jaimes fue asesinado por “un tema personal”.
El 4 de marzo, el periodista Carlos Marcano, excarcelado el 14 de enero, recibió su libertad plena. El Tribunal resolvió el sobreseimiento del caso.
El 4 de marzo, por primera vez en más de una década, medios independientes y no solo del gobierno pudieron acceder a la sala de prensa del Palacio de Miraflores para cubrir la visita del secretario Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.
El 5 de marzo, el periodista Julio Balza, quien fue excarcelado el 14 de enero, denunció haber sido objeto de vigilancia constante durante dos días en las inmediaciones de su hogar. Según su testimonio, una patrulla policial, una motocicleta y dos vehículos sin placa permanecieron estacionados cerca de su residencia.
El 14 de marzo, le niegan la amnistía a la periodista Nakary Mena Ramos, y el 16 de marzo también a Gianni González, productor audiovisual, asistente de cámara y esposo de Mena Ramos. Ambos fueron excarcelados el 14 de enero tras permanecer detenidos desde el 8 de abril de 2025.
El 16 de marzo, el periodista Carlos Julio Rojas denunció que, tras vencerse los plazos legales, al menos 15 comunicadores y cientos de presos políticos siguen sin respuesta o con solicitudes de amnistía negadas debido a la "discrecionalidad injusta" de las autoridades.
El 18 de marzo, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció un plan del gobierno para graduar a “falsos periodistas” a través del Programa Nacional de Formación. El CNP Caracas rechazó la emisión de títulos exprés y advirtió que estas prácticas pueden afectar la formación profesional y el ejercicio del periodismo. El gremio también alertó sobre un posible avance hacia control comunicacional en el país.
Ese mismo día, el director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, denunció que personas no identificadas ingresaron a la vivienda de su esposa Antonieta Jurado de Otero, en la urbanización Los Chorros, en Caracas, para retirar mobiliario y vehículos del lugar. La casa fue embargada irregularmente en enero de 2025 por orden de Diosdado Cabello.
