Chile

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En este período la prensa pudo desenvolverse sin restricciones y las mayores amenazas se refieren a iniciativas legales que de ser aprobadas por el Congreso Nacional, podrían afectar la libertad de prensa. Dos ejemplos de esto son el proyecto que regula los alimentos poco saludables y la regulación sobre beneficios y publicidad de proyectos en proceso de calificación ambiental. De ser aprobados, estos proyectos pueden involucrar regulaciones excesivas para los medios de comunicación, y afectar la libertad de expresión en el ámbito de la publicidad. En otro aspecto, la prensa ha debido enfrentar dificultades para llevar a cabo su labor en la cobertura de las manifestaciones y protestas que se han llevado a cabo por parte de agrupaciones de estudiantes en los últimos meses, donde se reclaman reformas al sistema educativo de nuestro país, pero que en muchos casos han derivado en actos de violencia. El Tribunal Constitucional desestimó el declarar inconstitucional el Art. 2331 del Código Civil, que regula las indemnizaciones que proceden en caso de verificarse la existencia de injurias y calumnias, y que excluye la indemnización por daño moral. Además, establece la “exceptio veritatis” o excepción de verdad, por la cual en caso de probarse la verdad de lo dicho no procede indemnización alguna. El Tribunal decidió desestimar la acción, al no alcanzarse el quórum de los cuatro quintos de sus miembros en ejercicio exigido por la Constitución para declarar dicha inconstitucionalidad. Así se pudo fin a una acción que constituía una amenaza para la libertad de expresión, ya que la falta de una limitación a las indemnizaciones que pueden ser reclamadas por informaciones contenidas en los medios de comunicación, permitiría que, a través de la multiplicación de demandas judiciales reclamando montos ilimitados, se impidiera o dificultara que los medios investiguen o publiquen información que pueda afectar a una persona. Aún así, el Tribunal Constitucional declaró tres inaplicabilidades, lo que significa que en el caso concreto de tres demandas judiciales específicas de indemnización de perjuicios, se consideraría como inconstitucional la norma citada, pudiendo exigirse millonarias sumas por concepto de daño moral. Una serie de proyectos han sido presentados en el Congreso destinados a modificar las normas que rigen la publicidad, que podría tener efectos negativos para con la libertad de prensa. El primero, propone restricciones a la publicidad, venta y promoción a menores de 18 años en educación básica, media y parvularia de productos rotulados como “altos en grasas, sal, etc.”. Dicho proyecto fue aprobado por el Congreso y fue objeto de un veto por parte del Ejecutivo, que limitó las restricciones a la publicidad, aunque mantuvo la de aquellos productos dirigidos a menores de 18 años. Otro proyecto busca modificar la Ley sobre Producción, Comercialización y Expendio de Bebidas Alcohólicas, prohibiendo la publicidad dirigida a menores y también su existencia en las actividades deportivas, recreativas y culturales. En tanto que un tercero busca modificar la Ley de Bases del Medio Ambiente estableciendo que antes de que la autoridad ambiental emita su resolución, los proponentes del proyecto "deberán abstenerse de realizar ofrecimientos, efectuar promesas, entregar presentes o realizar actividades en beneficio económico de la comunidad donde se desarrollará el impacto ambiental. Tampoco podrán desarrollar ningún tipo de publicidad, a través de medio de comunicación alguno, respecto del proyecto en vías de evaluación". Esto significaría que una empresa que pretende postular para un proyecto energético, no podría publicar insertos que expliquen sus potenciales beneficios y medidas de mitigación ambiental. No obstante, esta limitación no afecta a los opositores de dichos proyectos energéticos a publicitar sus posturas en los medios de comunicación. La misma disposición señala que la sanción a la infracción de la prohibición antedicha, obliga a la autoridad competente al rechazo del proyecto sin otro fundamento. De aprobarse la prohibición de efectuar publicidad en forma previa a la evaluación, se privaría a la ciudadanía del derecho a la información, sin perjuicio, además, que una norma de esta naturaleza afectaría garantías constitucionales tales como la igualdad ante la ley, la libertad de opinión sin censura previa, el derecho de opinión, y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Por otra parte, desde hace varios meses, en Chile se han registrado manifestaciones y protestas lideradas por agrupaciones estudiantiles que buscan introducir reformas al sistema de educación chileno, tanto a nivel escolar como de educación superior. En este contexto, la prensa ha debido sortear algunas dificultades, en donde reporteros han visto limitada su actuación por agresiones de distinto tipo. En algunas oportunidades los periodistas han sido amenazados e incluso atacados por los manifestantes. Es importante continuar monitoreando esta situación, de modo que se pueda asegurar que se mantenga el correcto y libre desempeño de los periodistas en su labor informativa.

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