Conclusiones

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Asamblea General
Madrid, España
28 de septiembre - 1 de octubre de 1992
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CONCLUSIONES Las Americas fueron escenario de un sorprendente grado de violencia y acciones legales contra la prensa en los últimos doce meses, a pesar de la presencia de regímenes democráticos en la mayoría de los países del Hemisferio. Está claro que la democracia por sí sola no garantiza la libre expresión, ni a la prensa ni a los individuos. Hubo por lo menos 24 asesinatos de periodistas: 11 en Colombia, cinco en México, cuatro en Venezuela y uno en Estados Unidos, Guatemala, Haítí y Ecuador. En muchos de estos casos los asesinatos fueron cometidos por hombres pertrechados con armas militares. Las investigaciones policiales y judiciales sobre estos asesinatos han sido con frecuencia indiferentes y, en muchos de los casos, no ha habido acusación alguna. La falta de seguridad de los periodistas, también sujetos a amenazas e intimidación de manera regular en muchos países, sigue siendo un obstáculo serio al ejercicio de una prensa libre en el continente. El período inmediatamente anterior a las elecciones es particularmente peligroso para los periodistas en algunos países, donde la violencia partidaria llega a afectar a columnistas y reporteros. Esta situación ha sido especialmente preocupante en la Argentina. En algunas naciones, las instalaciones de periódicos y los mismos periodistas han sido objeto de ataques guerrilleros, narcotraficantes y de otros grupos no identificados. Se recurrió a atentados dinamiteros, incendios intencionaíes e interrupción de la producción de publicaciones. Estos ataques fueron más frecuentes en Colombia, Perú, El Saívador, Nicaragua y Guatemala. Es imperativo que las autoridades públicas aseguren las condiciones de trabajo para los periodistas haciendo cumplir efectivamente las leyes penales. La libertad de expresión y la libertad de prensa se ven substancialmente socavadas en países donde la violencia física sigue siendo una fuerza poderosa de represión. A pesar de los compromisos para con la libertad de expresión y una prensa libre, algunos países continúan proponiendo leyes agresivas para limitar estas libertades en la práctica. Estas leyes, por ejemplo, van desde los esfuerzos en Chile para otorgar la exclusividad del ejercicio del periodismo a quienes tengan título universitario en esa materia hasta la nueva legislación canadiense que prohíbe la publicación de ciertas formas de noticias durante campañas electorales. Mediante códigos electoraíes, otros países limitan irrazonablemente los anuncios políticos en períodos inmediatamente anteriores al día de votación (entre ellos Canadá, Costa Rica, El Salvador, Bolivia y potencialmente la República Dominicana). También en Chile se está considerando una ley de prensa que crearía un "derecho de conciencia" para periodistas que efectivamente negaría a los directores el control y responsabilidad de publicar. En Canadá ha habido una considerable cantidad de fallos de tribunales inferiores que han prohibido a la prensa informar sobre casos judiciales importantes, incluidos los que se concentran en la propia libertad de expresión. Peor aún, tribunales canadienses incluso han ordenado no informar sobre la existencia de estas prohibiciones. Esta práctica se destaca como una de las mayores restricciones a la libertad de la prensa durante los últimos meses. En comparación, la Corte Suprema de Estados Unidos derogó una resolución judicial en Puerto Rico que prohibía a los periodistas informar sobre las actividades de ciertos tribunales. El infructuoso "autogolpe" en Guatemala condujo a un breve período de estricta censura a la prensa del país. A pesar de un desenlace afortunado, fue un recordatorio de la fragilidad del sistema democrático en muchos países. No obstante, en el mapa de la libertad de expresión en el Hemisferio Occidental hay dos manchas: Cuba y Haití. No puede decirse que en estos dos países los ciudadanos y la prensa tengan libertad de expresión. Los ciudadanos no tienen derecho a leer informaciones sin censura de sus propios periodistas y son obligados a depender de transmisiones extranjeras para conocer noticias de sus propias sociedades. Los periodistas son regularmente arrestados, VÍctimas de abuso e incluso expulsados de estos países si se atreven a informar sobre hechos y opiniones contrarios a los de los regímenes en cuestión. Más aún, Cuba generalmente no permite a periodistas extranjeros visitar y cubrir sucesos en el país, aunque algunos han logrado en la práctica evadir estas restricciones. Haití y Cuba se destacan como excepciones intolerables a la norma general de gobiernos democráticos en el Hemisferio. La mejor ley de prensa es aquella que no existe. Esto no significa que la prensa esté por encima del derecho en general, sino que no deben redactarse leyes especiales para ella. La prensa, como los ciudadanos, tiene derechos inherentes e inalienables de libertad de pensamiento y expresión. Muchos países, incluidos Perú, Argentina, Paraguay, Brasil y Canadá, han estado realizando o considerando cambios a sus constituciones. Esto abre la posibilidad de avances fundamentales en el reconocimiento de la libertad de expresión. En la redacción de enmiendas constitucionales sólo hay una exigencia en lo referente a la prensa: que la constitución reconozca oficialmente el derecho inherente de los ciudadanos y de la prensa a la libre expresión y exprese que no debe existir ninguna ley que ofenda tales derechos. Es importante enfatizar que los derechos de libre pensamiento y expresión no son creados por ley, sino que existen a priori. Las constituciones de países democráticos deben reconocer explícitamente este hecho prohibiendo ataques legales contra la libre expresión. La prensa debe formular normas y procedimientos propios para asegurar la exactitud de su contenido. Ningún tribunal gubernamental ni órganos apoyados por el gobierno deben supervisar las actividades de la prensa, ya que ésta tiene el mismo grado de independencia de pensamiento y expresión que los ciudadanos.

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