Impunidad / Perú

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CONSIDERANDO que el 21 de abril del 2004, Alberto Rivera Fernández, conductor del programa Transparencia de radio Frecuencia Oriental de Pucallpa, fue asesinado.

CONSIDERANDO que los autores materiales fueron condenados, no así los presuntos autores intelectuales y que en el juicio oral contra estos últimos fueron denunciadas numerosas irregularidades.

CONSIDERANDO que el 27 de enero, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró nula la sentencia de la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Lima, que absolvió a los supuestos autores intelectuales del crimen de Rivera, el ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta y el Gerente Municipal, Solio Ramírez, y ordenó que se realice un nuevo juicio oral.

que sin embargo, la Corte Suprema no se pronunció sobre la solicitud de los abogados de la familia del periodista Rivera Fernández para que el caso sea visto por la Sala Penal Nacional. Vigente desde octubre del 2010, amplió la competencia de la Sala Penal Nacional y de los Juzgados Penales Supraprovinciales de Lima para conocer además los delitos siguientes delitos contra periodistas en el e de sus funciones: homicidio; asesinato; lesiones graves; secuestro y extorsión.

CONSIDERANDO que el 16 de mayo se reinició el juicio en la Segunda Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima presidida por el vocal Jorge Egoavil Abad y conformada por Jorge Barreto Herrera y la Dra. María Rosario Hernández Espinoza, que hasta la fecha la Sala ha escuchada a varios testigos y visualizado audios y pruebas dispuestas por la Corte Suprema.

CONSIDERANDO que la impunidad en crímenes contra periodistas permanece incólume en el Perú, como lo evidencian los casos del periodista Pedro Yauri, de Radio Huanta 2000, Jaime Ayala corresponsal del diario La República, en Ayacucho, quien fue visto por última vez en 1984 ingresando a la base militar Los Cabitos y el 20 aniversario del asesinato de Melissa Alfaro, Jefa de Informaciones semanario Cambio, como consecuencia de la explosión de un sobre-bomba enviado a la redacción.

CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medidle 26 de mayo 2010 os de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.

LA 67 ASAMBLEA AGENERAL DE LA SIP RESUELVE

Expresar a las autoridades judiciales del Perú la profunda preocupación por la impunidad en el asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, que sentaría un nefasto precedente para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión en el país.

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