Impunidad / México

Aa
$.-

CONSIDERANDO que el presidente Felipe Calderón se comprometió en septiembre de 2010 con la Sociedad Interamericana de Prensa a crear un mecanismo de protección para periodistas y que, pasado un año, todavía éste no opera completamente, apenas han atendido ocho casos y ni siquiera fueron solicitados recursos presupuestales para ejercerlos en 2012 CONSIDERANDO que el presidente Felipe Calderón se comprometió a impulsar la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión, sin embargo ese organismo sólo tiene 11 personas y no ha ejercido presupuesto propio desde 2010 y no se incluyó para el ejercicio fiscal de 2012 CONSIDERANDO que el presidente Felipe Calderón se comprometió a insistir ante el Congreso para lograr la aprobación de las normas que permitan la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y hasta la fecha esto no ha ocurrido, que igual compromiso adquirieron coordinadores de los partidos políticos representados en la Cámara CONSIDERANDO que el presidente Felipe Calderón se comprometió también a atender, personalmente, las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los dos casos de periodistas asesinados, Víctor Manuel Oropeza y Héctor Félix Miranda, y que obligan a México a continuar con las investigaciones y detener a todos los responsables, sin que hasta la fecha haya ocurrido CONSIDERANDO que en distintas ciudades de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Coahuila, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas el periodismo se ejerce, comúnmente, bajo amenaza de muerte y las autoridades locales y federales no toman medidas al respecto CONSIDERANDO que las autoridades de Veracruz han mostrado falta de interés y parcialidad en los crímenes de los periodistas Yolanda Ordaz y Miguel Ángel López Velasco junto con su familia, al hacer declaraciones públicas descalificando a los informadores, sin mostrar el respaldo de una investigación seria y contundente, por lo que parece que no existen condiciones para que esos crímenes sean resueltos por dichas autoridades CONSIDERANDO que existe una situación de emergencia en el estado de Veracruz, ya que grupos de la mafia han amenazado a reporteros y medios de comunicación para impedir que publiquen cualquier tipo de información que les sea inconveniente CONSIDERANDO que los grupos ilegales siguen utilizando en diferentes estados del país mantas, cuerpos y la detonación de artefactos explosivos en las inmediaciones de las instalaciones de medios de comunicación, como ha ocurrido en los últimos meses en Coahuila, Sinaloa, Guerrero y Veracruz, para después emitir amenazas de muerte hacia los periodistas y pretender obligarlos a difundir la información que les interesa, sin que hasta la fecha haya sido detenida una sola persona por estas acciones que impactan directamente en un periodismo libre CONSIDERANDO que existen testimonios y pruebas de balística que vinculan a dos presuntos integrantes del grupo denominado los zetas en el crimen de Valentín Valdés Espinosa, reportero del periódico Zócalo de Saltillo, asesinado en esa ciudad, quienes fueron detenidos y sometidos a juicio por otros casos, hasta ahora las autoridades locales no han dictado la orden de aprehensión contra esas personas ni hay datos que muestren que ha avanzado en el proceso CONSIDERANDO que se ha confirmado que las autoridades de Tamaulipas no continúan investigando los casos de periodistas asesinados o desparecidos en su estado, bajo el argumento de que no es posible obtener más información CONSIDERANDO que se han incrementado los casos en los cuales algunos periodistas han sido retenidos por varias horas por cuerpos policiacos o las Fuerzas Armadas en los estados de Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa y Durango, con la intención de intimidarlos e impedir que desarrollen su trabajo, incluso han desaparecido material fotográfico, grabadoras y celulares CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”. LA 67 ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE Exigir al presidente Felipe Calderón que consolide e impulse de forma seria y contundente el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, dotándolo de presupuesto suficiente así como de una estructura que tenga la capacidad de cumplir con su responsabilidad: prevenir ataques graves contra informadores y defensores de derechos humanos Reclamar al presidente Felipe Calderón que otorgue verdadera capacidad operativa a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, dotándola de autoridad legal suficiente para que cumpla verdaderamente con su trabajo y no continúe siendo una simulación Exhortar al presidente Felipe Calderón y a los integrantes del Congreso de la Unión para que, de forma urgente, en el próximo periodo ordinario de sesiones aprueben las reformas necesarias para que los delitos cometidos contra la libertad de expresión no queden en la impunidad, y así cumplan con la palabra empeñada a la SIP Exigir al presidente Felipe Calderón que cumpla el compromiso establecido de atender y dar cauce a las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que el Estado mexicano no continúe siendo omiso y cómplice de la impunidad que rodea los crímenes de Víctor Manuel Oropeza y Héctor Félix Miranda Reclamar al gobierno federal y a los gobiernos de cada uno de los estados para que con voluntad genuina, de forma urgente y contundente, resuelvan los casos de periodistas asesinados o desparecidos, para que su omisión no continúe siendo una forma cómplice de atentar contra la libertad de expresión Exhortar de forma urgente a los gobiernos de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Coahuila, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas, para que garanticen el ejercicio libre del periodismo y la libertad de expresión Exigir al Gobierno federal que una de sus prioridades en los operativos que lleva a cabo en Veracruz sea la protección de periodistas y la eliminación del riesgo de muerte que pesa sobre varios de ellos Instar al gobierno federal y a la Procuraduría General de la República a que los ataques directos a las instalaciones de los medios de comunicación sean tratados como un asunto prioritario para detener a los responsables, porque será la única forma de impedir que se repitan Solicitar al gobierno del estado de Tamaulipas y a la Procuraduría General de Justicia del mismo estado, que retomen las investigaciones sobre asesinatos y desaparición de periodistas ocurridos en esa localidad, para impedir que la impunidad fomente más ataques y su omisión sea cómplice de quienes atentan contra la libertad de expresión Solicitar a las Fuerzas Armadas, las policías Federal y estatales que entrenen a sus elementos en la forma en que deben comportarse con los informadores cuando éstos realizan una cobertura, y elaboren protocolos de cobertura en situaciones de violencia, para que sean conocidos por los agentes y los comunicadores, para que ambas partes puedan trabajar respetando las normas.

Compartí

0