Caribe

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Barbados La Ley de difamación actual necesita con urgencia una modernización para eliminar gran parte de su conservadurismo, que significa un freno para los periodistas. Además, buena parte del problema radica en el hecho de que el Gobierno, después de más de un cuarto de siglo, se compromete a promulgar una Ley de Libertad de Información, mientras sus funcionarios y agentes siguen aplicando una anticuada ley de secretos oficiales y las normas del servicio civil amordazan las fuentes legítimas de información. A esto se añade la creciente práctica de abogados, que trabajan para políticos y otras personas, de rastrear diariamente publicaciones y sitios web en busca de cualquier indicio que pueda entrar en conflicto con las leyes de difamación. A menudo son seguidas de “cartas legales” que parecen estar diseñadas para intimidar a periodistas y editores. También repercute negativamente en el tono de la libertad de prensa en el país el hábito o preferencia de figuras clave en el partido de Gobierno de emplear las armas de los medios de comunicación estatales (la Corporación de Radiodifusión del Caribe y el Servicio de Información del Gobierno de Barbados) para emitir declaraciones asépticas antes que enfrentar cuestionamientos abiertos de periodistas profesionales. Por otro lado, es difícil señalar ejemplos específicos de intimidación directa del Estado de los medios, las amenazas de daño físico dirigidas específicamente contra los periodistas por entidades estatales, o la presión directa sobre las empresas de medios con el fin de amenazar el sustento de los periodistas. De hecho, en febrero del 2013 el país pasó por la más “enérgica y vibrante” campaña de elecciones generales que se caracterizó, en la superficie, por relaciones saludables entre todos los medios de comunicación, los partidos y candidatos y la ausencia de la violencia contra los ciudadanos y los miembros de prensa, que ha sido una tradición en Barbados. El partido de Gobierno, como partido, aún margina a los medios de comunicación independientes y a los miembros de la prensa críticos que se atreven a cuestionar sus resultados o la toma de decisiones. Después de colocar publicidad significativa en The Nation  durante la campaña de las elecciones generales, entre enero y febrero del 2013, el partido gobernante ha vuelto a ofrecer publicidad únicamente a los medios del Gobierno y a la competencia, el Advocate, visto como un diario “pro Gobierno”. The Nation tiene mucha mayor audiencia. El desafío de la libertad de prensa existe en los medios electrónicos y el régimen de concesión de licencias. Una práctica restrictiva se produce cuando el Gobierno de Barbados concede a regañadientes licencias al sector privado en el área de la radio y esta práctica se mantiene abierta a la discriminación. La televisión comercial terrestre sigue siendo monopolizada por el Gobierno de Barbados y ha sido así durante cerca de 50 años. La televisión llegó al país solo en 1964. El Gobierno de Barbados no ha concedido licencias de televisión adicionales para las emisoras privadas a pesar de recibir numerosas solicitudes. Hace unos 20 años, el Gobierno introdujo un sistema de televisión por suscripción (operador de cable) y ha abierto recientemente esta categoría a otros dos operadores de cable. El contenido proporcionado en la plataforma del operador de cable comprende principalmente materiales extranjeros reservados para el único canal terrestre estatal. Bajo un régimen de solicitud de licencia revisada, los interesados en un canal de cable local deben ahora solicitar al Gobierno de Barbados el permiso para operarlo. El jurado sigue estando fuera de este nuevo proceso, ya que ningún nuevo solicitante ha sido aprobado hasta el momento. Barbados aún no puede ufanarse de contar con una Ley de Libertad de Información, a pesar de que se hablado mucho sobre ella en los últimos años. Otros países del Caribe tampoco han promulgado leyes para apoyar las actividades de una prensa libre y sin restricciones   Jamaica En el período analizado el estado de los medios ha sido bueno en general. El Gobierno ha señalado su intención de realizar modificaciones a la Ley de Libertad de Información para facilitar así el acceso a los documentos del Estado y otra información. Se espera que las modificaciones se presenten para su aprobación ante el Parlamento durante el próximo año fiscal que comienza en abril del 2014. El Senado ha aprobado la modificada Ley de Difamación 2013 que, de ser aprobada por la Cámara de Representantes, sustituirá a las antiguas leyes sobre libelo y calumnia que se remontan a 1851. El proyecto de ley largamente esperado incluye componentes clave, tales como la abolición de la ley sobre el delito de calumnia; la enmienda para reducir el plazo de prescripción de las acciones de difamación de seis a dos años; la supresión de la distinción entre la difamación y la calumnia para establecer una sola causa de acción que se conozca como difamación; y la sustitución de la defensa de la justificación por la defensa de la verdad. Continúan los debates sobre las enmiendas, propuestas por el regulador de las transmisiones, que se consideran perjudiciales para la sostenibilidad financiera de las estaciones en abierto de televisión y radio. La Asociación de Medios de Jamaica se opone firmemente a las propuestas. En el período que se analiza, el único incidente de libertad de prensa se produjo cuando un abogado (también presidente de un canal de televisión representado) pidió la entrega y cancelación de las grabaciones de los periodistas que hicieron preguntas no autorizadas a sus clientes en una conferencia de prensa. La Asociación de Prensa de Jamaica (PAJ) solicitó posteriormente una disculpa, que se produjo después de largas discusiones, y una solicitud de renuncia. El medio de comunicación anunció posteriormente que el abogado había dimitido como presidente de la junta.   San Vicente y las Granadinas El país continúa lidiando con la contracción de la actividad económica. La principal violación de la libertad de prensa sigue siendo el fracaso del Gobierno para convertir en operacional la Ley de Libertad de Información (2003). La Ley de Libertad de Información se convirtió en ley y fue publicada en la gaceta oficial durante el 2003. Sin embargo, una cláusula de la Ley establece que “la Ley entrará en vigor en un día designado por el ministro, mediante una resolución publicada en la Gaceta”. Hasta la fecha, esto no ha ocurrido y la ley aún no ha entrado en vigor, y no se brindado una explicación al respecto. En el lado positivo, los programas de radio siguen floreciendo y numerosas cartas al editor, muy críticas con el Gobierno, se publican por los tres diarios de circulación nacional. Los anuncios del Gobierno y de las corporaciones legales del Gobierno se publican en los tres periódicos.   Trinidad y Tobago El país continúa entregado a una batalla política de altos decibeles, la cual se manifiesta durante gran parte del año por un febril conflicto electoral. Esto brinda a los medios tanto oportunidades para obtener beneficios del mercado como exposición a una gran variedad de peligros. Un marcado interés de los medios en investigar y presentar informes de mala conducta real o aparente de los funcionarios públicos ha provocado respuestas cada vez más contenciosas. Lo anterior se ejemplifica muy bien en la práctica de las cartas de “protocolo de pre actuación”, dirigidas a los medios, que pueden o no preceder a demandas, pero que necesariamente obligan a gastos de asesoría legal.  Tales respuestas de “pre actuación” provienen regularmente de aquellos que se ven como blanco de los reportajes de los medios. Por otra parte, ciertos ataques retóricos, a veces con amenazas codificadas, contra los medios de comunicación en general, y algunos periodistas en particular, han servido a los fines de represalia contra coberturas desfavorables. Las condiciones económicas han permitido a las entidades de medios prosperar y crecer, e incluso ampliar el alcance de la cobertura de los delitos, así como de las expresiones públicas políticamente relevantes relacionadas con la delincuencia. Es evidente que, en casos de protestas callejeras y otros disturbios, la presencia de reporteros y cámaras de los medios es bien recibida como un factor de contención de las fuerzas de seguridad. En general, los periodistas pueden depender de un acceso razonable a los protagonistas de las noticias gubernamentales, algunos de los cuales mantienen una presencia en los medios, con todas las posibilidades que ello conlleva para la divulgación y el intercambio. La legislación sobre libertad de información faculta formalmente a los medios y al público a acceder a la información en posesión de los organismos estatales. Sin embargo, los procedimientos que exige la Ley de Libertad de Información han sido tan problemáticos, que desalientan el uso continuo de este canal para obtener información y datos. Trascendieron debates en el Parlamento sobre correos electrónicos intercambiados entre los más altos funcionarios del Estado, algunos de los cuales contienen mensajes intimidatorios con referencias a una reportera identificable. La autenticidad de los correos sigue bajo investigación policial. Sin embargo, si se publicaran sus contenidos, es probable que ejerzan un efecto atemorizante sobre la reportera y otros periodistas. La periodista preocupada Denyse Renne y sus colegas, Anika Gumbs y la editora de Asuntos Públicos del periódico Trinidad Guardian,  Sheila Rampersad, consideraron renunciar a sus cargos, citando intolerable “injerencia” en su trabajo aunque sin identificarla. El episodio, repleto de mensajes confusos y contradictorios, deja caer una sombra amenazadora sobre el desempeño periodístico y sus perspectivas. El uso de fondos estatales para premiar o castigar a las entidades de medios mediante la colocación o retención de publicidad estatal inquieta inevitablemente a los directores de medios. Con importantes recursos financieros como regalo de personalidades políticas, se reconoce que el reparto de las cuotas no se corresponde objetivamente con el mercado. Pero las enmiendas a los poderes y prerrogativas asignadas a la Autoridad de Telecomunicaciones que se han propuesto han levantado muchas más profundas ansiedades. Este organismo regulador, integrado principalmente por nombramientos de carácter político, ha propuesto que se le dote de mayores poderes, lo cual ha despertado temores de que derogue la libertad de prensa y la libertad de expresión, garantizadas en la Constitución. Las propuestas incluyen: Controles sobre el nombre de esquema para las direcciones de Internet Determinaciones en contra del “dominio” de las entidades de medios Imposición de tasas administrativas Existencia de “normas de calidad” para el contenido Adjudicación de denuncias y recaudación de sanciones Se siguen haciendo declaraciones en contra de tales propuestas, sobre la base de que representan amenazas a la libertad de los medios en general y, específicamente, a la viabilidad de los medios de comunicación como organizaciones empresariales.

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