El Salvador

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En este semestre fue instalado el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), una entidad creada por la Ley de Acceso a la Información vigente desde mayo de 2012. El instituto ya registra sus primeros casos, uno de los más recientes involucró al Congreso, convirtiéndose en un caso emblemático sobre acceso a la información. El periodista Fernando Romero, de La Prensa Gráfica, solicitó al Congreso la lista de 769 asesores. El Congreso tiene un total de 1.500 empleados y más de la mitad figuran como asesores. Sin embargo, el presidente del Congreso, Sigfrido Reyes, se ha negado a entregar el listado. El caso se dirimió en el Instituto de Acceso a la información y este ordenó al Congreso entregarlo, aunque el Congreso se negó. El Instituto de Acceso impuso una multa de $9 mil dólares a la Junta Directiva del Congreso conformada por 14 diputados, pero no la han pagado. El Congreso ha decidido llevar el caso a la instancia máxima que estipula la Ley de Acceso a la Información en estos conflictos, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. El Instituto de Acceso tiene unos 55 casos más en estudio contra instituciones del Estado. Uno de los ellos, es una multa de $5.605,25 impuesta a Eliezer Martínez Cortez, alcalde de un pequeño poblado, San Francisco Chinameca, del departamento La Paz, por negarse a brindar información pública. Otro es contra el rector de la Universidad de El Salvador (la única universidad pública del país), Mario Roberto Lovo, quien fue sancionado con $8.964 de multa por haber cometido dos faltas graves según la ley: No brindar información solicitada por un ciudadano y la falta de nombramiento del Oficial de Información de ese centro de estudios. El Congreso aprobó un decreto para "blindar" a los candidatos a la Presidencia a las elecciones del 2 de febrero de 2014, contra críticas que les hicieran, imponiendo multas y hasta cárcel. Finalmente el Decreto 412 fue vetado por el presidente Mauricio Funes por considerarlo atentatorio contra la libertad de expresión y por regular conductas ya reguladas en el Código Electoral. En agosto se registró la condena de pandilleros por el asesinato del fotoperiodista franco-español Christian Poveda, ocurrido el 2 de septiembre de 2010. Un juez impuso 10 años de cárcel a tres pandilleros de la denominada Pandilla 18 por el crimen, sumando cinco los condenados por esta muerte. Las investigaciones continúan, ya que las autoridades sospechan de más involucrados. En agosto, un juez reactivó el caso de agresión y amenazas contra la periodista Jessica Ávalos por parte de dos sindicalistas de la Corte de Cuentas. El hecho sucedió en diciembre de 2011 cuando la periodista descubrió que los empleados de esa institución pública realizaban una fiesta en horas laborales. Dos de esos empleados la amenazaron, empujaron y arrebataron su equipo de trabajo. La denuncia fue impuesta en la Fiscalía en diciembre de 2011, y hace dos meses fue revisada por un juez que determinó que hay indicios para seguir la causa penal contra esos dos empleados por los delitos de coacción y amenazas. Los dos acusados están siendo procesados sin cárcel mientras se realizan todas las etapas del caso hasta el juicio. La Corte de Cuentas ha suspendido a estos dos empleados. Desde septiembre está vigente la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta. Esta ley contempla procesos formales en los tribunales de justicia en casos de que un medio considere pertinente que una petición de derecho de respuesta no se puede conceder o ya ha sido concedida; o en los casos en que cualquier persona considere que un medio de comunicación no le ha otorgado de manera satisfactoria un derecho de respuesta. Esta legislación obliga a los medios de comunicación a mantener nuevas estructuras legales ante posibles conflictos y procesos judiciales. Una diferencia por un derecho de respuesta puede llevar un caso hasta la Corte Suprema de Justicia según la ley.  

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