Panamá

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A seis meses de las próximas elecciones generales se han producido algunos hechos que generan preocupación en el clima de libertad de prensa. Se registró un incremento en la hostilidad por parte de las autoridades hacia el libre ejercicio del periodismo, manifestado en el tratamiento discriminado a los medios de comunicación, en las restricciones al acceso a la información y en las agresiones, en casos específicos, a periodistas. El pasado 9 de octubre el acceso al sitio en internet del diario La Prensa www.prensa.com fue bloqueado durante 8 horas. El bloqueo también imposibilitaba a los periodistas actualizar las noticias. Este bloqueo, se enmarca dentro de las recientes publicaciones que hace el diario relacionadas con la investigación que se adelanta en Italia de supuestos sobornos del italiano Valter Lavitola, presentado en Panamá como persona cercana al ex presidente Silvio Berlusconi, con familiares y funcionarios de la administración del presidente Martinelli. En julio la periodista Castalia Pascual del noticiero matutino de Canal TVN denunció que funcionarios del gobierno se negaron a asistir a su noticiero, al igual que al programa dominical “Radar” que se transmite en el mismo canal televisivo. Bajo la premisa que la estigmatización puede generar un riesgo en el ejercicio del periodismo, el presidente de la República, Martinelli a través de su cuenta de Twitter se refiere al diario La Prensa como “diario de la opo”. La gobernadora de la provincia de Panamá, en su programa radial, cuestionando una publicación que consideró “que son puras conjeturas y que no son hechos reales” se refirió a la periodista del diario La Prensa, Flor Mizrachi Ángel como “judiíta de la Gestapo”. Tanto los representantes religiosos, como de los gremios periodísticos condenaron estos insultos. El vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, increpó al periodista del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) Ricardo Peñalba, señalándole que debido a que era un ‘empleado público’ no podía hacer preguntas relacionadas a las encuestas de intención de voto, lo que fue condenado por los gremios periodísticos. En un tono amenazante, el vicepresidente, señalándolo con el dedo al periodista, le dijo: “No puedes hacerme esa pregunta, entendiste, entendiste, fui claro”.  El periodista del diario El Siglo Rafael Jiménez fue objeto de una detención por espacio de 12 horas por unidades de la Policía Nacional y hasta el momento no se conocen las causas de la detención.   El Pacto Ético Electoral impuso una sanción moral a Panamá América, en un proceso en donde se violaron derechos elementales de todo procesado, como el derecho a la defensa, a ser notificado de las faltas que se le imputan y a gozar de un proceso en el que están las reglas claras y pre-establecidas. La génesis de esta sanción radica en la publicación de notas referentes a un proceso de pensión alimenticia entablado en contra de un diputado de la república y candidato a la alcaldía de Panamá, en el cual el diputado presentó dos declaraciones de ingresos económicos, totalmente diferentes, como argumento para negar y bajar la solicitud de aumento de pensión hecha por la madre de dos de sus hijos. La publicación reviste un interés público porque se trata de un diputado de la república y aspirante a alcalde, lo que lo convierte en un potencial administrador de personal, fondos y recursos públicos en programas que tienen que ver con la familia. El Pacto Ético escondió y negó información a Panamá América durante el proceso y después de culminado el mismo, limitando su legítimo derecho a la defensa.  Posteriormente a este caso, Panamá América ha recibido amenazas y ataques por parte del diputado y de su padre, quien es comentarista de televisión. Panamá América solicitará una revocatoria de esta sanción por los vicios antes mencionados. En junio la periodista de Canal TVN, Elizabeth González, y el camarógrafo, Bolívar Jurado, fueron retenidos por más de dos horas por unidades del Consejo de Seguridad, quienes exigieron la entrega del material, que consistían tan solo en vistas de apoyo del cerro Ancón. Al lugar de los hecho se presentó el presidente del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, y el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad quien agredió a un periodista Medina y luego escoltó hasta el canal de televisión a la periodista González y al camarógrafo Jurado, lugar donde se pudo observar que las grabaciones no contenían material relevante que pusiera en peligro la seguridad nacional. En reiteradas ocasiones los medios de comunicación han señalado que encuentran dificultades para acceder a información de contenido público o para que servidores públicos contesten sus cuestionarios. En reciente entrevista en el noticiero matutino del Canal Telemetro en que se solicitó información sobre sus viajes, el presidente Martinelli contestó, “yo le he dicho a la gente ‘no contesten los cuestionarios’”, aduciendo que los medios tergiversan las respuestas. El cerco informativo por parte del a La Prensa fue confirmado por el presidente, quien en entrevista televisiva afirmó haber instruido a los funcionarios de su administración a no dar declaraciones a sus periodistas ni responder los cuestionarios solicitando información pública que hace este medio. A partir de enero de este año, el diario La Prensa ha interpuesto 19 recursos de Habeas Data ante la Corte Suprema de Justicia, sin obtener hasta ahora ninguna respuesta. También han sido rechazadas 18 solicitudes de información y hay 21 en espera de respuesta. Se observa con preocupación la generalización de acciones en la jurisdicción civil que buscan obtener condenas contra los medios, sin que exista ninguna proporcionalidad entre el supuesto perjuicio y las sumas reclamadas, lo que compromete el ejercicio periodístico. Es un agravante que los demandantes sean personas o corporaciones privadas que ostentan una relación con el gobierno. En la actualidad están en proceso múltiples demandas contra los diarios Panamá-América, La Estrella, El Siglo y La Prensa. Fue archivada la investigación realizada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, contra los diarios La Prensa y La Estrella por supuestas prácticas monopolísticas, después de que aumentaron el precio de sus ejemplares en 15 centavos de dólar. Luego de sostener una posición contraria, el Ministerio Público varió su tesis con la que se proponía realizar inspecciones oculares y tener acceso a los equipos de los periodistas de los diarios La Estrella y El Siglo. El propósito original era conocer la fuente que había servido de referencia para la publicación de una glosa. Aún cuando está pendiente la decisión final, los fiscales revirtieron sus argumentos originales y reconocieron el principio contenido en la Declaración de Chapultepec y en la legislación panameña que no obliga a los periodistas a revelar la identidad de sus fuentes. Cada vez más existe una parcialización inadecuada en la distribución y discrecionalidad de la pauta publicitaria gubernamental. Desde hace más de dos años existe un cerco publicitario por parte del Gobierno al diario La Prensa, en donde no se pauta publicidad oficial. Desde su llegada al poder, el presidente Martinelli se ha adquirido medios de comunicación en contravención a la Ley 24 de 1999 que prohibe que una persona natural o jurídica, relacionadas o afiliadas, controlar directa o indirectamente televisoras o radios y medios impresos en la misma área geográfica de influencia. Algunos de esos medios son utilizados para proferir ataques contra adversarios políticos y contra directivos y/o periodistas de medios independientes.        

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