Caudio Paolillo

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Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información  Claudio Paolillo, Búsqueda, Montevideo, Uruguay  69ª Asamblea General de la SIP Denver, Colorado  Domingo, 20 de octubre de 2013 Sin dudas, estamos ante el peor semestre de los últimos cinco años en materia de libertad de prensa, con un incremento impresionante de agresiones contra periodistas que cobró la vida de 14 de nuestros colegas por el ejercicio de la profesión. Y estamos también ante una impunidad que hace estragos, con 17 casos de asesinatos que están prescribiendo este año hasta diciembre, en Colombia y México, alentando el círculo vicioso de la violencia. También estamos en no pocos países latinoamericanos frente a un plan de demolición de las estructuras democráticas, arropado por un discurso popular que aparenta causas nobles, pero con el único propósito de líderes mesiánicos que quieren perpetuarse en el poder. En ese intento, que podemos observar claramente en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y, con ciertos matices, en Argentina, se utilizan mecanismos de coacción económica para acallar a la prensa, pero manteniendo apariencias democráticas cada vez más débiles. En Argentina, el gobierno incentiva a los supermercados a boicotear publicitariamente a los medios críticos o independientes y en Venezuela, la burocracia imposibilita el acceso a divisas para importar insumos básicos para la circulación de la prensa. Pero una de las formas más soterradas y aviesas que emplean estos y otros gobiernos para controlar desde el Estado el flujo informativo es la compra de medios a través de testaferros, allegados o hasta familiares de presidentes, como ocurre también en Nicaragua y Panamá. Estos medios terminan engrosando enormes aparatos de propaganda. Ya no se trata sólo de los países donde imperan los gobiernos aliados en el Alba, una organización inventada por la dictadura cubana y financiada por los petrodólares de Venezuela. Ahora, gobernantes de cualquier ideología utilizan mecanismos económicos de coacción. Así, el antiguo método de la discriminación mediante la publicidad oficial también se utiliza en Guatemala y en Trinidad y Tobago. En otros países, como Brasil, Colombia, Panamá y Perú, funcionarios que son denunciados por corrupción plantean demandas con altas indemnizaciones contra medios y periodistas con el propósito evidente de extender la autocensura o, como sucede específicamente en Panamá, los presidentes prohíben a sus ministros y demás funcionarios hablar o aportar información a aquéllos medios y periodistas que exponen casos de presunta corrupción gubernamental. En lugar de explicar cómo manejan los recursos del pueblo, se arrogan el derecho de creerse sus dueños y actúan como reyes en vez de hacerlo como presidentes de repúblicas democráticas. En algún momento de los años recientes pudimos pensar que la madurez de las democracias acarrearía una transparencia automática, pero desgraciadamente estábamos equivocados. Estamos cada vez más alejados de ese ideal. La cultura del secreto y de la vigilancia por parte de los organismos del Estado se ha vuelto más intensa. El gobierno de los Estados Unidos es el que más sorpresas nos ha deparado, con un sistema de vigilancia de Internet y de gobiernos amigos bajo la recurrente excusa de que la seguridad nacional está antes que cualquier cosa, incluyendo antes que los principios básicos que los padres fundadores de esa nación marcaron con tinta indeleble hace más de 200 años en el Bill of Rights de la Constitución. Bajo ese argumento de la seguridad nacional, otros gobiernos americanos también obstruyen el acceso a la información, como por ejemplo ocurre en Canadá, donde las autoridades utilizan cada vez más, en forma indiscriminada, el uso de “información clasificada” para legalmente negar información de interés público a sus ciudadanos. En El Salvador y en Paraguay, los congresos niegan información sobre el patrimonio de sus miembros, pese a que existen órdenes legales y judiciales para que la difundan al conocimiento del público. Y en los países donde existen leyes de acceso a la información pública, estas normas han probado ser inoperantes o están neutralizadas por otras leyes, como sucede en Ecuador que desde este año tiene el triste “privilegio” de contar con una “ley de comunicación” que oficializa la censura sin tapujos. La ley ecuatoriana es una de las peores noticias del semestre para la causa de la libertad de expresión, porque el Estado ha tomado el control absoluto del flujo informativo, porque los medios son obligados a regularse de acuerdo con los caprichos del presidente Rafael Correa y porque reinstaló en las Américas la colegiación obligatoria de los periodistas, aquella figura que tantos años nos costó erradicar de nuestro continente. Sin embargo, estimados colegas, no podemos bajar los brazos sino al revés: ante este panorama funesto estamos obligados a redoblar nuestros esfuerzos. Las tres presentaciones especiales que tendremos hoy sobre Estados Unidos, Cuba y Ecuador, sumadas a los informes país por país, serán seguramente una demostración cabal acerca de los enormes desafíos para la libertad de prensa.

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