Impunidad México

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CONSIDERANDO que a pesar de que hace cinco meses entraron en vigor las reformas legales que permiten a la Procuraduría General de la República atraer los casos de ataques a la libertad de expresión, hasta la fecha la institución no ha atraído ninguno de los casos para investigarlo y resolverlo bajo su jurisdicción CONSIDERANDO que hasta ahora la Procuraduría General de la República ha sido ineficaz en la investigación y sometimiento a juicio de todos los responsables por los ataques contra periodistas y medios de comunicación ocurridos en el país, sin que haya resuelto casos que tiene a su cargo, porque en su reciente informe de labores se muestra que en los primeros seis meses de gobierno se tramitaron 159 averiguaciones previas, de las cuales se archivaron el 25% (41) y sólo se consignó a un juez el 6.9% (11) sin alguno de los responsables detenido, y el resto, 107, aún sigue en trámite CONSIDERANDO que la Procuraduría General de la República, en donde se encuentra la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), mantiene bajo su jurisdicción por lo menos 18 expedientes de casos relevantes, entre averiguaciones previas y actas circunstanciadas, por atentados, desaparición y asesinato de periodistas desde 1997 a la fecha y de ninguna de esas investigaciones se conocen los resultados y mucho menos han sido sometidos a juicio, hasta obtener sentencias definitivas, contra todas los involucrados por su autoría material e intelectual en esos casos: Jesús Blancornelas, José Ramírez Puente, Francisco Ortiz Franco, Francisco Arratia Saldierna, Alfredo Jiménez Mota, Raúl Gibb Guerrero, Guadalupe García Escamilla, Enrique Perea Quintanilla, Bradley Ronald Will, Rodolfo Rincón Taracena, Armando Ramírez Dillanes, Felícitas Martínez, Teresa Bautista Flores, Armando Rodríguez Carreón, Carlos Ortega Samper, Eliseo Barrón Hernández, María Esther Aguilar Casimbe y Valentín Valdés Espinosa CONSIDERANDO que la Procuraduría General de la República anunció en diciembre pasado una reestructuración interna y hasta la fecha ésta no se ha concretado, lo cual provoca que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) carezca de recursos económicos y de personal suficientes que faciliten su trabajo y así constituirse como una verdadera área de investigación eficiente y eficaz CONSIDERANDO que a principios de septiembre fue exonerado Marco Antonio Quiñones, uno de los autores materiales del atentado contra Jesús Blancornelas, director del Semanario Zeta, y el homicidio de su chofer Luis Valero, porque la Procuraduría General de la República no demostró plenamente su participación, dejando en total impunidad este caso, porque sólo una persona está siendo procesada y ninguna más ha sido condenada; aunado a que nunca han sido sometidos a juicio siete narcotraficantes identificados por la propia autoridad, a pesar de haber sido detenidos por otros ilícitos CONSIDERANDO que la Sociedad Interamericana de Prensa sostiene que el compromiso expresado por el presidente Enrique Peña Nieto de garantizar plenamente la libertad de expresión en México debe traducirse en la atención plena de las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los asesinatos de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza; así como garantizar la seguridad de los comunicadores en todo el país, aunque con mayor énfasis en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Tabasco y Chihuahua, en donde los informadores y sus medios enfrentan graves amenazas; lo mismo que los usuarios de redes sociales que hacen denuncias sobre la inseguridad o corrupción, pero no se atreven a formalizarlos por miedo CONSIDERANDO que desde febrero pasado se instaló en el Senado de la República la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, sin que hasta el momento haya citado a comparecer al procurador General de la República, la fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión para conocer la eficacia de sus investigaciones; así como tampoco se han reunido con los encargados del mecanismo de protección para periodistas creado en la Secretaría de Gobernación y que continúa sin ser efectivo CONSIDERANDO que hace dos años se creó el mecanismo de protección para los periodistas en la Secretaría de Gobernación para atender amenazas graves, con base en la Ley para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y los Periodistas, e impedir que se materialicen los ataques a comunicadores, pero su actuación ha sido deficiente de cara al desplazamiento de periodistas de sus lugares de origen debido a las amenazas CONSIDERANDO que desde diciembre pasado las manifestaciones que se registran en diferentes ciudades del país se han tornado más violentas contra los informadores; así como la actuación de los cuerpos policiacos, al momento de contener y disuadir a los manifestantes, ha presentado casos de abuso policial contra los comunicadores CONSIDERANDO que la SIP mantiene un seguimiento sobre cada uno de los asesinatos o desapariciones de periodistas cometidos por motivos de su trabajo, por lo que puede afirmar que en el 40% de los estados del país no han investigado a fondo, detenido y sometido a juicio a todos los responsables de estos casos, por lo que las procuradurías de Justicia de los estados de Coahuila, Guerrero, Sonora, Jalisco, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Nuevo León y Durango  han alentado, con su falta de acción, la impunidad que alienta y agrava la inseguridad para los comunicadores en México CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: "El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad". LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE Exigir al titular de la Procuraduría General de la República que rinda un informe detallado sobre aquellos casos de ataques a la libertad de expresión que fueron archivados, los que ya se consideran resueltos y los que aún están en trámite pero que datan de hace más de 10 años, para impedir que la falta de transparencia en estas investigaciones continúe siendo un factor que incentive la impunidad Urgir al procurador General de la República para que atienda y resuelva, sometiendo a juicio a todos los responsables de los 18 casos de ataques, asesinatos o desaparición de periodistas, que tiene bajo su jurisdicción desde 1997 y no todos los responsables están presos compurgando una sentencia definitiva Demandar al titular de la Procuraduría General de la República que, dada la grave situación de inseguridad que viven los periodistas y medios de comunicación, al momento de implementar la reestructuración de la institución, dote a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de capacidad legal suficiente, así como de los recursos humanos y materiales necesarios para que atienda de forma seria, oportuna y expedita los casos de ataques a la libertad de expresión y deje de ser, después de siete años un área ineficaz Exigir al Procurador General de la República que impida que continúe la impunidad en el caso del atentado contra Jesús Blancornelas y el homicidio de Luis Valero, e imposibilite con pruebas la liberación de Marco Antonio Quiñones, identificado por la propia institución como uno de los autores materiales del ataque, y que sea contundente en el juicio por este caso que se sigue contra Alfredo Araujo Ávila; además de que someta a proceso penal al resto de los responsables: Benjamín Arellano Félix, Alberto González Ortega, Saúl Montes de Oca Morlet, Jorge Alberto Márquez, Isaac Guevara Hernández, Fabián Martínez y David Corona Barrón Exhortar al presidente Enrique Peña Nieto y al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong que atiendan de forma urgente las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a los homicidios de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, para que no continúen en una situación de impunidad Exhortar al presidente Enrique Peña Nieto y al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, implementen, junto con las autoridades estatales, las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio informativo en los estados de  Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Tabasco y Chihuahua, para impedir que sean asesinados o secuestrados más comunicadores o los medios informativos sufran más ataques, y en todo el territorio mexicano pueda ejercerse la libertad de expresión con total seguridad Instar nuevamente al presidente Enrique Peña Nieto para que, en el marco del Pacto por México, y dentro de los programas que se están diseñando e implementando para prevenir la violencia y combatir la inseguridad en el país, se incluya en un apartado específico para la protección de la libertad de expresión, como un derecho esencial que garantiza la democracia, implementando las políticas públicas necesarias  de forma contundente y mediante un trabajo conjunto con los estados se resuelvan los casos de crímenes y desaparición de periodistas, para impedir con ello que prevalezca esta grave situación de impunidad Exhortar a la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado, a que cite a comparecer al  Procurador General de la República, a la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y al titular del órgano de protección para periodistas de la Secretaría de Gobernación, a fin de que rindan un informe detallado de cada uno de los casos que siguen y cuestionen los resultados obtenidos Exigir al titular del mecanismo de protección para los periodistas de la Secretaría de Gobernación que asuma su responsabilidad preventiva de cara a las amenazas a la libertad de expresión, actuando de forma pronta, efectiva y transparente Demandar a los gobiernos federal y de Veracruz y de la Ciudad de México que capaciten a sus cuerpos policiacos para que conozcan y apliquen correctamente los protocolos de uso de la fuerza para la atención y desarrollo de manifestaciones; lo mismo que a sus ministerios públicos en la aplicación de las reformas en materia de derechos humanos; así como la promoción de talleres de entrenamiento para periodistas en este tipo de coberturas, para disminuir los riesgos que enfrentan estos últimos en la cobertura informativa Exhortar a los poderes judiciales de la Federación y de los estados que sensibilicen a sus jueces y magistrados en la aplicación de las reformas constitucionales y tratados internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos, para que sean implacables en su aplicación contra los responsables de su violación, particularmente a quien atente contra la libertad de expresión y el derecho social a la información Urgir a las procuradurías de justicia de los estados de Coahuila, Guerrero, Sonora, Jalisco, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Nuevo León y Durango, para que cumplan con la ley y resuelvan los casos de periodistas asesinados o desaparecidos, a fin de frenar y revertir la situación de impunidad que prevalece en México.  

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