En este período se han incrementado las agresiones contra los periodistas, habiéndose registrado un asesinato, el de Luis Cervantes, en aparente represalia por la labor profesional. Más de 80 periodistas tienen medidas de seguridad otorgadas por el Estado.
Cervantes, locutor de la radio comunitaria “Morena FM”, fue asesinado a tiros por sicarios el 12 de agosto en Tarazá, Antioquia. Días antes el Estado le había retirado el esquema de seguridad. Esta decisión ha causado gran polémica y está siendo investigada por los Organismos de Control. La Unidad de Protección Nacional (UNP), entidad encargada de otorgar medidas de seguridad, tomó la decisión con base en el estudio de riesgo que se hizo al periodista. No obstante, el periodista que había regresado a su región advirtió a las autoridades quince días antes de su asesinato, que había sido amenazado, esta vez por una persona que se identificó como alias "Morroco", quien lo conminó a abandonar Tarazá antes “de 2 horas”. Fue asesinado 20 días después de levantada la protección.
Según la Defensoría del Pueblo, más de 90 periodistas han sido víctimas de amenazas este año, más del doble que el año anterior. A fines de septiembre fueron amenazados ocho reporteros de Cali y Buenaventura por el grupo criminal “Los Urabeños”. Los amenazados, de los cuales la mayoría cubre hechos judiciales, están vinculados con El País, Q'hubo, Caracol Radio, El Tiempo, Más Pacífico y una emisora comunitaria de Buenaventura. La amenaza fue recibida a través de un panfleto: “… a partir de la emisión de este comunicado, el que incumpla la orden de callar que está impartiendo 'Los Urabeños' se le dará de baja y van a ser acribillados (sic)". A todos se les indicaba que conocían su ubicación y que tenían 24 horas para salir de Cali y Buenaventura.
También en septiembre, en el Bajo Cauca y Montería, varios periodistas recibieron amenazas. La “lista negra” fue difundida en un panfleto atribuido a “Los Rastrojos”. Entre los amenazados se encuentran los periodistas Leiderman Ortiz Berrio, quien trabaja en el municipio de Caucasia, departamento de Antioquia, y Edgar Astudillo, periodista de la ciudad de Montería, Córdoba. Ambos realizan trabajo investigativo y de denuncia, y tienen antecedentes de ataques en su contra. Actualmente cuentan con protección.
El 1 de abril, la periodista Diana Giraldo, subdirectora de Redacción del diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga, en el departamento de Santander, reportó amenazas de muerte por vía telefónica. Estas intimidaciones se producen en un contexto de continuo desprestigio de las notas que se publicaban y que eran críticas a la gestión del actual alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez.
En Norte de Santander, el periodista Cristian Herrera del diario Q’hubo de Cúcuta, también informó haber recibido en julio, un panfleto de la banda “Los Rastrojos”, donde lo acusan de tener vínculos con la organización subversiva ELN y lo declaran objetivo militar. El periodista cubre la sección judicial de ese diario.
El 2 de septiembre desconocidos dispararon contra la casa de Amalfi Rosales corresponsal del noticiero Noticias Uno, del diario Al Día y de El Heraldo, en Barrancas, departamento de La Guajira, rompiendo cristales de la habitación. Desde hace un año ha recibido amenazas que estarían relacionadas con denuncias sobre el exgobernador Kiko Gómez, preso por nexos con los paramilitares.
El 22 de agosto, fueron quemadas dos computadores de un periodista en su residencia en Bogotá. Contenían información sobre una investigación de conflicto armado y desaparición forzada.
Tres periodistas de El Tiempo de diversas regiones del país han recibido mensajes amenazantes.
El diario El País de Cali, informó que el 27 de septiembre un grupo de periodistas del periódico sufrió intimidación y hurto de material periodístico en Palmira, Valle del Cauca. Los periodistas indagaban en un local de comercio acerca del tráfico de fauna silvestre cuando les fue arrebatada la cámara de video, al mismo tiempo que fueron atemorizados por distintas personas. Aunque la situación fue controlada por las autoridades locales el material no pudo ser recuperado.
Sobre el emblemático caso del asesinato del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra, ocurrido en enero de 2002, sorprendió el relevo del fiscal Luis Alberto Reyes, aunque en declaraciones a ese diario el vice fiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, negó algún cambio. Posteriormente, en respuesta a un derecho de petición del diario, se supo sobre la resolución de relevo del fiscal Reyes. Se espera la decisión del Tribunal Superior de Manizales frente a la apelación que hizo la Fiscalía por la absolución en primera instancia de Ferney Tapasco como autor intelectual del crimen, y la sentencia contra los hermanos Hernando y Fabio López Escobar, ex lugartenientes políticos de Tapasco, también vinculados con el asesinato de Sierra.
En materia legal se han presentado proyectos que inciden en la actividad periodística.
El Proyecto de ley No. 034 de 2014 del Senado “por el cual se establecen disposiciones para la participación en remates judiciales”, sustituye los avisos en los periódicos (para divulgar la realización de remates en procesos judiciales) obligando su publicación en un portal web de remates judiciales. Esta norma conlleva a que quienes no tengan acceso a internet desconocerían sobre remates, generándose consecuencias económicas en los periódicos.
El Proyecto de Ley No. 124 de 2014 que tiene por objeto “prohibir en los motores de búsqueda que la función de autocompletar se active cuando se haga referencia de cualquier índole que atente contra la honra, intimidad, dignidad humana y buen nombre de los usuarios y no usuarios de internet”, podría generar fuertes restricciones a la libertad de información.
Se adelanta trámite en la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 065 de 2012 Senado – 227 de 2012 Cámara, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. El Procurador General de la Nación solicita que se declare contraria a la Constitución la norma que permite el derecho de petición presentado por periodistas. Argumenta que otorgar prioridad a las peticiones de los periodistas vulnera el principio de igualdad y que “no resulta razonable que el legislador establezca condiciones más favorables para ciertos sujetos en razón de su oficio”.
Un proyecto de ley en el Senado que busca la regulación de la publicidad estatal, propone en su artículo 4 restringir la publicidad oficial durante los seis meses previos a cada elección. Esto podría ser una importante restricción considerándose que se celebran elecciones al menos cada dos años y que existen procesos electorales o consultas previas de los partidos para escoger a sus candidatos.
En el Proyecto de Ley No. 096 de 2014 en la Cámara “por medio del cual se regula la comercialización, distribución, publicidad y promoción de sistemas electrónicos de administración de nicotina y cigarrillos electrónicos”, en su artículo 4 se propone prohibir su promoción publicitaria, aun cuando no se ha determinado que sean nocivos, especialmente los dispositivos electrónicos de vapor libres de nicotina.
En materia judicial se destaca la sentencia del 25 de junio de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena del Tribunal Superior de Cali contra Gonzalo Hernán López por el delito de injuria. En el espacio dedicado a los comentarios de los lectores en la plataforma Web del periódico El País, el periodista hizo aseveraciones y criticó a una ex funcionaria de la empresa Emcali. El periódico no fue vinculado al proceso.
Se encuentra en revisión en la Corte Constitucional una acción de tutela contra el periódico El Tiempo, por la publicación en su portal de una noticia sobre un proceso judicial relacionado con trata de blancas en el que estaba involucrada Claudia Leidy Hernández Caballero. Al prescribir a su favor el proceso penal, Hernández solicitó al periódico el retiro de todos los contenidos que informaban sobre su vinculación al proceso e instauró Acción de Tutela contra el periódico. El Tribunal de Cali falló en su favor ordenando el retiro de contenidos. Hace meses, la Corte Constitucional, en una tutela similar, indicó que no había lugar a la eliminación de contenidos por cuanto implicaba una restricción a la libertad de prensa, y que lo procedente era la rectificación o actualización de la información.
El 1 de mayo, el reportero gráfico Esteban Vanegas y otros periodistas de El Colombiano y Q´hubo de Medellín, fueron agredidos por policías durante una marcha que terminó en disturbios en la que participaban trabajadores, estudiantes y algunos encapuchados. Los agentes de la policía esposaron y justificaron la detención de Vanegas porque agredió a la autoridad, lo que él y otros testigos negaron. Vanegas fue liberado 12 horas más tardes y el jefe de la Policía pidió disculpas.
