ARGENTINA I

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CONSIDERANDO que el Gobierno Argentino sigue agravando su modelo de distribución arbitraria de la publicidad oficial, desconociendo fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la nación que lo obligan a hacerlo respetando pautas objetivas y razonables para no afectar la libertad de expresión. CONSIDERANDO que se sigue multiplicando el dinero público asignado a este fin, que este año llegó a mostrar incrementos del 63% respecto del año anterior, alcanzando una incidencia nunca antes vista en el mercado CONSIDERANDO que estos fondos se siguen utilizando sin criterios técnicos ni pautas objetivas, y por el contrario, como sistema de premios y castigos a los medios según su línea editorial, lo cual los convierte en un herramienta de censura indirecta CONSIDERANDO que estas arbitrariedades han llevado a resultados escandalosos, como que por ejemplo, un estilista sin antecedentes en medios de comunicación llegara a recibir a título personal 20,7 millones de pesos en los primeros 5 meses de este año CONSIDERANDO que estas actitudes vulneran de forma abierta y directa el Pacto de San José de Costa Rica y el Artículo 7 de la Declaración de Chapultepec, que dice: Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas. LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE Instar al Gobierno argentino a que cese en sus prácticas discriminatorias en materia de asignación de publicidad oficial, respetando criterios objetivos y equitativos, y no utilizando los recursos públicos como sistema de premios y castigos Exhortar a las autoridades a que cumplan los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales inferiores que las obligan a una distribución de la pauta oficial no arbitraria ni reñida con los principios de libertad de expresión Reiterar al Congreso argentino la necesidad de la sanción de una ley que, de acuerdo a estándares internacionales, regule la asignación de publicidad oficial.  

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