IMPUNIDAD/MÉXICO

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CONSIDERANDO que el 11 de agosto fue asesinado, frente a su familia, el periodista Octavio Rojas Hernández, corresponsal en Cosalapa del diario El Buen Tono de Córdoba, Veracruz, por sus publicaciones sobre crimen organizado y corrupción CONSIDERANDO que el 5 de febrero fue secuestrado y asesinado el reportero de Coatzacoalcos, Veracruz, Gregorio Jiménez de la Cruz, y que desde un principio la SIP denunció que su expediente contiene carencias graves que podrían permitir la liberación de los detenidos, quienes ganaron un amparo que podría permitirles obtener su libertad en unos meses; además de que las autoridades han abandonado las pesquisas que permitan detener a todos los responsables y la PGR no avanza tampoco en el caso CONSIDERANDO que funcionarios municipales y estatales han cometido ataques graves contra periodistas críticos y ninguno ha sido acusado o sometido a juicio, tal es el caso de los golpes que recibió, por parte de tres hombres dentro del mismo medio de comunicación, la reportera Karla Janeth Silva y la secretaria de la redacción Adriana Elizabeth Palacios, del periódico El Heraldo de Silao, de Guanajuato CONSIDERANDO que las agresiones cometidas por policías municipales, estatales y federales, así como de parte del Ejército y Marina contra periodistas continúan en Sinaloa, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Sonora, Ciudad de México y Baja California, y se están extendiendo en todo el territorio y agravando, sin que las autoridades las investiguen y castiguen, manteniéndolas en total impunidad CONSIDERANDO que a pesar de que desde mayo de 2013 las autoridades federales tomaron el control de la seguridad en Michoacán ante la grave situación que existía, hasta la fecha no han profundizado en las investigaciones de periodistas asesinados o desaparecidos por causas de su profesión, tales son los casos de Lázaro Cárdenas (1991), Ramiro Ramírez Duarte (1999), Jaime Arturo Olvera Bravo (2006), José Antonio García Apac (2006), Juan Pablo Solías (2007), Gerardo Israel García Pimentel (2007), Mauricio Estrada Zamora (2008), Miguel Ángel Villagómez Valle (2008), Martín Javier Miranda Avilés (2009), María Esther Casimbe (2009), Ramón Ángeles Zalapa (2010) y Hugo Alfredo Olvera Cartas (2010). CONSIDERANDO que desde 2012, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación se constituyó como un órgano del gobierno para ofrecer atención expedita a los casos de amenazas graves a la libertad de expresión; sin embargo, su actuación ha sido limitada y sin un verdadero impacto efectivo CONSIDERANDO que el gobierno mexicano ha creado organismos para investigar y proteger la libertad de expresión en el Poder Legislativo, en las procuradurías, comisiones de derechos humanos y áreas políticas, que no muestran resultados efectivos sobre los casos que tienen bajo su investigación, porque en la mayoría de ellos los responsables materiales e intelectuales no han sido detenidos CONSIDERANDO que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) informó a la SIP que ya fue archivado el expediente por la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota del diario El Imparcial de Sonora de quien hasta la fecha se desconoce su paradero, y a pesar de haber solicitado el acceso al mismo a través de las pasadas resoluciones emitidas por la SIP y por la Ley de Transparencia, que en el primer caso no ha habido respuesta y que en el segundo  la PGR negó el acceso a una versión pública del expediente CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”. LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE Exigir a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca que investigue a fondo el crimen de Octavio Rojas Hernández y el resto de los casos de forma urgente como los de Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez, Agustín López, Flor Vásquez López, Mateo Cortés Martínez, Felícitas Martínez, Teresa Bautista Flores y Alberto López Bello Demandar de forma urgente que las procuradurías General de la República y la de Justicia del estado de Veracruz fortalezcan las acusaciones contra los detenidos por el secuestro y homicidio de Gregorio Jiménez de la Cruz, y que avancen en las pesquisas para detener a los cómplices y autores intelectuales de este crimen, además de que informen públicamente del caso Reclamar a la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) que atraiga las investigaciones sobre las agresiones a periodistas en las que se sospecha la autoría de funcionarios municipales, estatales o federales, revisándose los casos ocurridos en Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Sonora, Ciudad de México y Baja California Pedir al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal que fortalezcan las instituciones que han creado para prevenir, vigilar e investigar los delitos cometidos contra la libertad de expresión, otorgándole recursos económicos y personal suficientes para que su trabajo sea efectivo y frene la impunidad de los casos Exigir a la Procuraduría General de la República que permita a la SIP el acceso a una versión pública del expediente por la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, para conocer las actuaciones del Ministerio Público, considerando que la suprema Corte de Justicia ha determinado que en casos de violaciones graves a los derechos humanos se puede acceder a los expedientes Demandar al presidente Enrique Peña Nieto que haga efectivo su compromiso de respeto a la libertad de expresión atendiendo las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los casos de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, casos que se ha negado a cumplir el Estado mexicano.  

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