ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Aa
$.-
CONSIDERANDO que en América Latina y el Caribe existe una tendencia favorable a la aprobación de leyes de acceso a la información pública y transparencia gubernamental, contándose con tales disposiciones en: Antigua y Barbuda, Belice, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, St. Vincent, Trinidad & Tobago y Uruguay CONSIDERANDO que pese a esa tendencia, persiste la resistencia de algunos gobiernos a permitir el flujo de información oficial, a encontrar en las leyes demasiadas excepciones para rechazar solicitudes de información hechas por el público y periodistas CONSIDERANDO que en Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela no se cumple con preceptos constitucionales legales sobre acceso y los mandatarios rechazan la realización de conferencias de prensa y entrevistas, además de utilizar a los medios gubernamentales como instrumento de propaganda CONSIDERANDO que en Ecuador se incumple la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2004 y que en Nicaragua el gobierno no respeta ni cumple los compromisos contemplados en la Ley de Acceso a la Información Pública de 2008 CONSIDERANDO que en Canadá el gobierno nacional como los provinciales siguen utilizando las excepciones legales para restringir el acceso a la información CONSIDERANDO que en Estados Unidos los periodistas siguen enfrentando obstáculos a la obtención de información bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) y que las agencias federales cada año rechazan un número creciente de solicitudes, amparándose en exenciones de seguridad nacional CONSIDERANDO que en Paraguay se promulgó el 18 de septiembre la Ley No. 5.282 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”, que a partir de su entrada en vigencia en 2015, obliga a las instituciones estatales y a los funcionarios a divulgar la información solicitada por los ciudadanos, como salarios, viajes oficiales y contratos, entre otros datos que no estén definidos como secretos CONSIDERANDO que Edison Lanza, quien asumió el 6 de octubre la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó durante una actividad realizada con la SIP que las leyes de acceso son una tarea pendiente y de prioridad en algunos países del hemisferio occidental CONSIDERANDO que el principio 3 de la Declaración de Chapultepec establece que: “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”. LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE Exhortar a los países que cuentan con leyes de acceso a la información pública a garantizar su efectividad mediante la educación del ciudadano para conocer sus derechos y formas de cómo solicitar información; castigos para aquellos funcionarios y entidades públicas que nieguen información; y, en especial, que el gobierno acate normas específicas para que la clasificación de la información sea solamente cuestión excepcional Exigir al gobierno de Ecuador respetar la ley de acceso inhabilitada por la Ley de Comunicación, e instar al gobierno de Nicaragua que cumpla con el derecho del público a conocer sobre la gestión de gobierno, más allá de la información que provee el estatal Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Instar a los países que aún no han aprobado leyes de acceso a la información pública a promover debates legislativos y a emular la tendencia en la región como un derecho fundamental de los ciudadanos que fortalece la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones públicas Solicitar al Congreso de Canadá que avance en la aprobación de las enmiendas a la ley de Acceso a la Información para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales y fomentar mayor transparencia y credibilidad en las operaciones del Estado Pedir al Congreso de Estados Unidos que avance en la discusión del proyecto de Ley de Mejoramiento de la Ley de Acceso a la información 2014, para establecer pautas y limitar en las agencias federales el uso de las exenciones para negar información Reiterar su satisfacción por la sanción de una ley de acceso a la información y transparencia en Paraguay, y solicitar a las autoridades la creación de una extensiva campaña de educación pública para que la ciudadanía conozca cómo utilizar este nuevo mecanismo Solicitar al relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza que continúe divulgando e impulsando en los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y en organizaciones de la sociedad civil, la importancia del derecho del acceso a la información para la protección de otros derechos individuales y colectivos, inherentes a los sistemas democráticos saludables.

Compartí

0