IMPUNIDAD/PERÚ

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CONSIDERANDO que desde 1982 se han registrado más de 50 asesinatos de periodistas en el país y que la mayoría sigue impune, pese a la ampliación en 2010 de la competencia de los Juzgados Penales Supraprovinciales de Lima y Fiscalías Penales Supraprovinciales de Lima para atender delitos cometidos contra periodistas CONSIDERANDO que la Sala Penal Suprema de Justicia confirmó en julio la absolución de Luis Valdez Villacorta, ex alcalde de Coronel Portillo y de Solio Ramírez Garay, ex magistrado de la región Ucayali, acusados de la autoría intelectual del asesinato del periodista radial Alberto Rivera Fernández, en la ciudad de Pucallpa en 2004, pese a las nuevas pruebas y testimonios presentados por la defensa que indicaban que el ex alcalde habría tenido motivos para ordenar el crimen, en represalia por las denuncias periodísticas de Rivera vinculándolo con el narcotráfico CONSIDERANDO que el Instituto de Defensa Legal (IDL) reveló que la Fiscalía de Ayacucho había reabierto en junio de 2013 la investigación y abrió un proceso contra el ministro de Interior, general retirado Daniel Urresti Elera, como presunto responsable por el asesinato del corresponsal de la revista Caretas en Ayacucho, Hugo Bustíos Saavedra, el 24 de noviembre de 1988. El periodista fue emboscado y asesinado por oficiales del Ejército destacados en la Base Militar de Castropampa, en Huanta, Ayacucho; y el expediente del caso se encuentra en la Tercera Fiscalía Superior Nacional donde se decidirá si hay mérito para juicio, continúan las investigaciones o se archiva el proceso CONSIDERANDO que existen nuevos elementos que podrían contribuir a esclarecer el crimen en 2011 de Pedro Flores Silva, periodista de Canal 6 de Televisión, de Casma, Región Ancash, a partir de cientos de testimonios recogidos por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el fiscal de la Nación el (Contralor de la República); el director general de la Policía Nacional, el procurador general Anticorrupción sobre actos de corrupción, extorsión, sicariato, en asesinatos que involucran a César Álvarez, presidente del gobierno regional de Ancash desde 2006; altos funcionarios de diversas municipalidades, del Gobierno Regional, de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial en esa zona del país CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”. LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE Instar al gobierno del Perú a asumir el cumplimiento de una serie de obligaciones para combatir la impunidad adoptadas por el Estado peruano, como la de investigar y sancionar estos hechos; Solicitar a la Tercera Fiscalía Superior Nacional y posteriormente a la Sala Penal Nacional, en Lima, que investigue el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra y se actúe con la celeridad y debida diligencia para esclarecer el caso; Solicitar a Enrique Mendoza Ramírez, Presidente del Poder Judicial, información respecto a por qué los oficiales del Ejército que mataron al reportero ayacuchano Hugo Bustíos Saavedra el 24 de noviembre de 1988, Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbento, recibieron una condena de 17 y 15 años de cárcel, respectivamente, el dos de octubre del 2007, fueron liberados en el 2011 sin siquiera cumplieron la cuarta pena de la sanción.  

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