02 octubre 2015

Panamá

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PANAMÁ
Informe ante la 71ª Asamblea General
Charleston, Carolina del Sur
2 al 6 de octubre de 2015


Cumplido un año de gobierno de la nueva administración se observa menos hostilidad hacia los medios de comunicación en general y continuamos monitoreando los compromisos asumidos públicamente por el gobierno, principalmente en lo relacionado al libre ejercicio del periodismo, el cumplimiento de las disposiciones legales de acceso a la información pública y el respeto irrestricto a la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos, salvaguardados por la Constitución.

Las autoridades electorales aún mantienen un déficit en la investigación y consecuentes sanciones por campañas sucias difundidas durante el proceso electoral del 2014, denunciadas por la Iglesia Católica y la Comisión de Justicia y Paz, así como sobre los resultados de las investigaciones sobre las limitaciones a la publicidad gubernamental en los periodos electorales.

La Comisión de Reformas Electorales, bajo los auspicios del Tribunal Electoral, prevé medidas para asegurar la regulación y verificación sobre la distribución de la pauta publicitaria gubernamental.

Siguen pendientes las denuncias interpuestas por el Fiscal Peñaloza ante la Procuraduría contra los diarios La Prensa y Mi Diario, debido a que denunciaron la ineficiencia de su labor de velar por un proceso electoral legítimo.

En mayo, todos los medios de comunicación panameños, bajo los auspicios del Consejo Nacional de Periodismo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, firmaron la "Declaración de Panamá", por medio de la cual reafirmaron su compromiso de velar por las libertades de prensa, expresión e información. El acto contó con el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Claudio Paolillo.

Continúa el proceso que se sigue al ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Garuz y otros, por agresión e impedir filmar con un teléfono al secretario general del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, un incidente en que se estaba impidiendo la labor de dos periodistas del canal de televisión TVN.

El Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de los trabajadores de la empresa constructora Transcaribe Trading, S.A. (TCT) en un caso que se le siguió por la utilización de equipos de esta empresa para bloquear e impedir la circulación de los diarios que publica Corporación La Prensa en agosto de 2012.

Sigue sin conclusión el proceso de investigación de la Fiscalía Auxiliar de la República sobre escuchas ilegales realizadas por el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Estas violaciones fueron denunciadas por el actual secretario ejecutivo del CNS y revelarían que fueron víctimas más de ciento cincuenta (150) personas, entre ellas periodistas. El 8 de agosto la Corte Suprema de Justicia abrió una causa penal contra el ex presidente Martinelli, quien será investigado por esta misma causa.

El Juzgado Undécimo Penal archivó provisionalmente una querella por delito contra el honor interpuesta por Ignacio Fábrega, ex director de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, contra la periodista Adela Coriat del diario La Estrella de Panamá. El juez Eduardo de la Torre explicó que la acusación no se acreditó debido a que el término "garganta profunda" (que atribuyó Coriat a Fábrega) era el seudónimo utilizado por William Marfelt en la época en que se sacó a la luz pública el caso "Watergate". El señor Fábrega investigado por filtrar información clasificada a la casa de valores Financial Pacific desde su posición de funcionario, finalmente se entregó a la justicia y fue condenado a cinco años de cárcel.

En agosto pasado el Ministerio Público ordenó una medida cautelar contra el periodista Julio Miller por una investigación relacionada por contratos de publicidad recibidos por una empresa investigada por actos de corrupción. A pesar de que las investigaciones no guardan relación con su desempeño como periodista, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Periodistas consideraron esta situación como una amenaza contra los comunicadores que critiquen la gestión del gobierno actual.

El 25 de agosto el periodista Álvaro Alvarado del canal de televisión Telemetro denunció a través de sus redes sociales que había recibido una alerta de fuentes gubernamentales de que existiría un plan de persecución en su contra. El caso es de conocimiento de las autoridades judiciales y está pendiente de investigación.

Sigue sin avances significativos el trámite en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con sede en Panamá, sobre el proyecto presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces, que busca dictar una Ley Marco de Comunicaciones para los países integrantes del Parlatino, "sobre el derecho al libre acceso a la comunicación".

El 29 de julio se presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley "Que reglamenta la carrera profesional del Periodista y del Reportero Gráfico en Panamá". Cuenta con 22 artículos y contiene normas innecesarias y graves restricciones a la libertad de expresión.

El anteproyecto fue presentado por el diputado suplente Juan Bautista Moya, quien pertenece al oficialista Partido Panameñista.

El anteproyecto crea una "Comisión Técnica Académica de Periodismo (CTAP)" para la "acreditación profesional" que permita el ejercicio de la profesión a "los profesionales del periodismo panameños" y para la "acreditación profesional transitoria" de los profesionales extranjeros, válida por un año, con derecho a una sola prórroga por igual tiempo de un año.

Se plantea la constitución de un "Tribunal Disciplinario" que tiene, entre otras funciones, "aplicar sanciones contempladas en el Código de Ética, que incluyen hasta la suspensión de la acreditación profesional". El Código de Ética del Profesional del Periodismo será administrado y actualizado por la Comisión Técnica Académica de Periodismo (CTAP), sin que exista una instancia democrática que dicte este Código o, lo que es peor, se fija una deontología oficial. Establece que las apelaciones de las decisiones del "Tribunal Disciplinario" se resuelven "ante el Ministerio de Gobierno", dejando la decisión final a un funcionario político.

También establece sanciones de "prisión de dos (2) a cinco (5) años" por el supuesto ejercicio ilegal de la profesión.

El anteproyecto establece la denominada colegiatura obligatoria, al fijar como requisito para obtener el "certificado de Acreditación profesional" ser "miembro de dos organizaciones de profesionales de Periodismo", obligatoriedad sobre la que se pronunció claramente en contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1985.

Disposiciones expuestas son un retroceso a las denominadas "leyes mordaza panameñas" (Ley 67 de 1978) aprobadas durante la dictadura militar y derogadas en 2005.

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