Paraguay

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Informe de la Reunión de Medio Año 2018
Medellín, Colombia
13-15 de abril
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A lo largo de la gestión del actual Gobierno, y en particular en los últimos meses tras el intento de reelección del presidente Horacio Cartes que rechazó el Congreso, se han producido hechos peligrosos para la libertad de prensa.

Entre los hechos principales se destaca un proyecto de ley que regulaba los contenidos de internet, la intimidación contra una periodista por no revelar sus fuentes sobre una de sus denuncias sobre irregularidades en la administración pública; y la amenaza de muerte contra un corresponsal en la zona de frontera por parte de carteles del narcotráfico.

En diciembre fue rechazado por la Cámara de Diputados un proyecto de ley presentado por el diputado Édgar Ortiz (PLRA) para obligar a proveedores de internet a retirar publicaciones con carácter ofensivo o difamatorio. Más de veinte organizaciones de la sociedad civil solicitaron por carta al Congreso el rechazo del proyecto que regularía las publicaciones sobre partidos políticos y parlamentarios en las redes sociales por considerarlo contrario al derecho ciudadano a la libre expresión, a los periodistas y sus fuentes. La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja rechazó el proyecto fundamentando que iba en contra de la Constitución y de la libertad de prensa.

En marzo, la periodista de ABC Color, Mabel Rehnfeldt, que divulgó en diciembre en su programa de radio ABC Cardinal grabaciones de diálogos telefónicos que revelaban prácticas extorsivas y tráfico de influencias del exsenador y extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher, fue llamada a prestar declaración para que revelase sus fuentes. La periodista se negó amparándose en el art. 29 de la Constitución, que prohíbe que los periodistas sean obligados a revelar sus fuentes. A fines de marzo, la nueva fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, afirmó que se garantiza la libertad de prensa y anunció que las dos fiscalas intervinientes en el caso de los audios, Claudia Morys y Josefina Aghemo, eran objeto de una auditoría, aunque ambas se apartaron del caso antes de la medida.

En noviembre, uno de los distribuidores de una red de microtráfico que opera en Caacupé, puso precio a la vida de la corresponsal de ABC Color Desiré Cabrera, al ofrecer 25 millones de guaraníes a quien la "hiciera viajar", debido a publicaciones sobre zonas liberadas en Caacupé donde operan narcotraficantes y otros delincuentes. El traficante sería Blas Alfonso Brítez López, alias "Beibi'i", condenado en agosto de 2017 a tres años y seis meses de cárcel y beneficiado con medidas alternativas luego de que un Tribunal de Sentencia diera la pena por purgada sin que el procesado haya siquiera pisado la cárcel.

Otros hechos sobresalientes:

En octubre, la prensa protestó ante la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en repudio de las amenazas de su titular, Justo Pastor Cárdenas, contra una periodista del diario ABC Color. Las amenazas se debieron a una investigación periodística sobre el presunto aumento de su patrimonio, evidenciado por millonarias compras de inmuebles, delito por el que está siendo investigado.

En noviembre, Manuel Gómez, periodista de radio Génesis de la ciudad de Alberdi recibió amenazas, tras haber denunciado hechos de corrupción en la administración de la comuna que involucrarían al intendente de la ciudad Federico Ramón Centurión Acosta, fue amenazado y agredido por un grupo de personas encabezadas por la concejal municipal Dionisia Amarilla, el precandidato a concejal Jorge Ríos y Faustino Amílcar Centurión, hermano del intendente, quienes le advirtieron que su vida corría peligro si no dejaba de hacer pública información sobre el alcalde.

En diciembre, la juez Nilda Giménez estudió el pedido de desaforar al senador Víctor Bogado (ANR), realizado por la defensa del director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, a fin de poder litigar con el parlamentario en igualdad de condiciones. La magistrada admitió una querella de Bogado contra el director de ABC por supuesta difamación, calumnia e injuria y convocó a las partes a una audiencia de conciliación en octubre. La defensa solicitó entonces litigar en igualdad de condiciones ante los fueros del legislador. La querella tiene relación con una publicación de setiembre sobre una persona que trabajaba para Bogado y cobraba doble salario, como funcionaria de la entidad binacional Itaipú y de Diputados.

En noviembre, prosiguiendo el juicio oral y público por el doble homicidio de Pablo Medina y Antonia Almada, el Ministerio Público sindicó como autores materiales a Wilson Acosta Marques, actualmente prófugo, y Flavio Acosta Riveros, preso en Brasil, hermano y sobrino respectivamente del ex intendente de la localidad de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques. En diciembre, un Tribunal de Sentencia declaró a Vilmar «Neneco» Acosta Marques culpable de haber ordenado el asesinato del reportero de ABC Color Pablo Medina y de la joven Antonia Almada, su asistente, baleados en un camino rural de Villa Ygatimí en la tarde del 16 de octubre del 2014 en represalia por denuncias de Medina sobre el nexo del clan Acosta con el narcotráfico y otros crímenes cometidos en la zona. Acosta fue condenado a 29 años de privación de libertad, más diez años de reclusión como medida de seguridad. La sentencia fue apelada ante la Cámara de Apelaciones, la que todavía no se ha expedido sobre el tema.

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