En este período provocó preocupación un decreto del Poder Ejecutivo del 21 de enero llamando a licitación para contratar los servicios de monitoreo de medios y relacionamiento estratégico con medios de prensa. La iniciativa de la Presidencia de la República establece que la empresa encargada de la tarea "deberá señalar alcance, fecha, temas consultados, voceros, los medios en los que se publicó, valoración en la agenda mediática, y el tono con el que se publicaron dichas noticias". Además, deberá hacer "informes cuantitativos y cualitativos sobre la actividad de los medios de comunicación".
Los medios y algunos legisladores reaccionaron por tratarse de un mecanismo de monitoreo podía significar un mecanismo de control sobre periodistas y medios, lo que afectaría la labor periodística.
La Presidencia aclaró que no realiza "valoración alguna" sobre el trabajo periodístico y sigue adelante con la licitación.
El 22 de febrero el presidente Tabaré Vázquez, en medio de una movilización del sector agropecuario y delante de periodistas, tuvo una fuerte discusión con un colono que lo calificó de "mentiroso". Veinticuatro horas después, la página de Presidencia publicó un perfil del colono, con datos del Instituto Nacional de Colonización, como deudor moroso. Sorprendió la medida en un país donde está prohibido dar el nombre de un delincuente primario, para no estigmatizar a las personas.
El texto de la publicación dice así: "El integrante de la Mesa de Colonos que acusó de mentiroso al presidente Tabaré Vázquez es el señor Gabriel Arrieta, ocupante de tierras de Colonización (INC) en Kiyú, San José. Desde 2008 tiene deudas con el INC, no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado. Fue denunciado por productores. Desde 2013 se inició el proceso de entrega de la tierra, estando ahora en el proceso judicial correspondiente".
El 4 de abril la Presidencia de la República finalmente retiró de su página el perfil del colono.
El 10 de enero, el presidente Vázquez designó como nuevo director de Televisión Nacional de Uruguay (TNU) a Ernesto Kremeirman, pese a que en diciembre la Coalición por una Comunicación Democrática –en donde están nucleadas más de 30 organizaciones civiles– había considerado que el nombramiento era ilegal. El nuevo director es propietario de una radio y de acuerdo a la Ley de Medios los titulares de los servicios públicos de comunicación no pueden tener vínculos con empresas vinculadas a las radios y televisión.
