Panamá

Aa
Reunión de Medio Año 2018
Medellín, Colombia
13-15 de abril
$.-

En este período el gobierno nacional mantuvo fuertes críticas contra los medios basados en que no se reflejan los aspectos positivos de la gestión pública.

El 2 de enero el presidente Juan Carlos Varela en su mensaje a la Asamblea Nacional exhortó a los medios de comunicación "a que sean vitrina de los resultados positivos de su gestión" asegurando que aunque las pantallas deben reflejar los problemas que enfrenta el país, es necesario mostrar la otra realidad.

Los medios criticaron que el Presidente buscara entrometerse y enfatizar su misión de fiscalización y rendición de cuentas de la gestión pública.

El 10 de enero, después de una manifestación convocada para denunciar la corrupción, el Consejo de Ministros emitió una declaración lamentando "que las consignas irrespetuosas promovidas por estos grupos políticos que han sido claramente identificados hayan sido tomadas por medios de comunicación para generar titulares de noticias, ignorando que quienes agitaban a las personas son dirigentes que intentan proteger a los corruptos de sus partidos".

El 8 de febrero el comentarista Juan Carlos Tapia denunció en su programa de televisión que el Gobierno ejecuta un plan de campañas sucias contra periodistas y afirmó que recibe ataques lanzados por "personal de un call center pagado con recursos del Estado".

La periodista Mary Triny Zea del diario La Prensa presentó una Acción de Habeas Data ante la Corte Suprema de Justicia, ante la negación de la Asamblea Nacional de Diputados de entregar información de dominio público. La Acción de Habeas Data fue concedida y ante la renuencia de la Asamblea Nacional, la Corte admitió dos incidentes de desacato. La investigación logra demostrar que la Asamblea destinó más de 80 millones de dólares en subsidios y donaciones para beneficiarios en su mayoría, falsos.

El Tribunal Electoral, ante las próximas elecciones generales de mayo de 2019 y debido a la nueva legislación sobre tiempos y límites de campañas electorales, promueve la firma de un Pacto Ético Digital el que ha sometido a los medios. Busca que se respete la veda electoral; procura evitar en redes sociales campañas sucias y que se promueva la violencia y falta de tolerancia; e impedir el uso de cuentas falsas y "bots" para desinformar o guiar maliciosamente al electorado.

El Proyecto de Ley sobre Cibercrimen está pendiente de alcanzar un acuerdo con la sociedad civil y los defensores de la libertad de expresión. Se detectaron varias normas que podrían afectar el ejercicio del periodismo y a la libre utilización de fuentes.

El Ministerio Público continúa realizando investigaciones denominadas "New Business", basada en información remitida por la Asamblea de Diputados sobre el caso de Editora Panamá-América (EPASA), que en reiteradas ocasiones ha denunciado una campaña intimidante del Gobierno en su contra. EPASA considera que estas investigaciones son represalias contra Panamá-América y Crítica, debido a los casos de corrupción que han publicado.

Ricardo Chanis en la actualidad Presidente del Grupo Epasa no ha regresado a Panamá desde su participación en la Asamblea de la SIP en México 2016, por acciones que considera violatorias a sus derechos. En varias ocasiones e incluso durante una misión de la SIP a Panamá se solicitó al Ministerio Público una resolución sobre el conflicto para no perjudicar el normal funcionamiento de los periódicos.

Sigue pendiente la preocupación sobre el contenido del artículo 195 del Código Penal, que tipifica la Injuria y Calumnia, cuando esta se cometa a través de medios de comunicación. Aunque ha quedado despenalizada cuando se trata de que la "supuesta víctima" sea un funcionario con mando y jurisdicción nacional, se mantiene vigente para particulares. Se han dado casos en que exfuncionarios han utilizado dicha norma contra periodistas y directivos de medios, a quienes le han sido interpuestas denuncias penales basadas en ese artículo.

Existe preocupación que las demandas civiles por injuria y calumnia, al no tener limitación en la cuantía, puedan terminar convirtiéndose en herramientas para el cierre de los medios.

En el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con sede en Panamá, sigue pendiente un proyecto presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces, que busca dictar una Ley Marco de Comunicaciones para los países integrantes del Parlatino, "sobre el derecho al libre acceso a la comunicación" y establecer mecanismos de control por parte del Estado para "monitorear y advertir" los contenidos de los medios.

Compartí

0