Impunidad Brasil

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Reunión de Medio Año 2018
Medellín Colombia
13 - 15 de abril
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CONSIDERANDO que el abogado defensor del exsargento de la Policía Militar (PM) Djalma Gomes da Silva, uno de los cinco imputados por planear y asesinar a tiros al cronista deportivo Valério Luiz de Oliveira el 5 de julio de 2012, solicitó a la Justicia que Silva sea sometido a exámenes psicológicos por la Junta Médica del Tribunal de Justicia del Estado de Goiás

CONSIDERANDO que, para el hijo del periodista radial asesinado y abogado asistente de la acusación, Valério Luiz Filho, la petición de "incidente de insanidad mental cambia la tesis defensiva, de negativa de autoría a no imputabilidad, o sea, una indirecta confesión del crimen"

CONSIDERANDO que fueron acusados por el crimen Maurício Sampaio, Urbano de Carvalho Malta, Marcus Vinícius Pereira Xavier, Ademá Figueredo e Djalma da Silva; que fueron rechazados todos los recursos de las sentencias y que ellos aguardan la definición de la fecha de juicio en libertad

CONSIDERANDO que Maurício Sampaio fue reelegido presidente del club deportivo Atlético Club Goianense

CONSIDERANDO que en diciembre de 2017 el exalcalde de la ciudad paraguaya de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques, el Neneco, fue condenado a 29 años de prisión, más otros 10 como medida de seguridad tras el cumplimiento de la pena, por el asesinato del periodista Pablo Medina y de Antonia Almada el 16 de octubre de 2014 en Villa Ygatimí, en Paraguay, frontera con el Estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil

CONSIDERANDO que Flavio Acosta Riveros, sobrino de Neneco y uno de los presuntos pistoleros que ejecutaron a Pablo Medina, está preso en Brasil, y que el Supremo Tribunal Federal de Brasil negó su extradición a Paraguay porque su abogado defensor presentó un registro de nacimiento para demostrar que Riveros nació en Mato Grosso do Sul

CONSIDERANDO que, según el diario ABC Color, existe también un registro de nacimiento de Riveros en suelo paraguayo, el 12 de abril de 1993, en la ciudad de Ypejhú

CONSIDERANDO que Wilson Acosta Marques, hermano de Neneco y que habría sido el autor de los tiros, sigue prófugo; y que el crimen habría ocurrido en represalia por los reportajes de Medina que vinculaban al entonces prefecto con el tráfico de drogas

CONSIDERANDO que cuatro años después del asesinato del periodista radial, bloguero, exfiscal y candidato a diputado federal Jeolino Xavier Lopes, conocido como "Jel Lopes", asesinado el 27 de febrero de 2014 en Teixeira de Freitas, Bahia, nadie ha sido castigado por el crimen

CONSIDERANDO que en la misma ciudad el periodista Ivan Rocha, presentador de Rádio Alvorada AM de Teixeira de Freitas, desapareció el 22 de abril de 1991, hecho nunca esclarecido

CONSIDERANDO que permanecen impunes los asesinatos de Reinaldo Coutinho da Silva, ocurrido el 29 de agosto de 1995, en São Gonçalo, Río de Janeiro; de Edgar Lopes de Faria, acaecido el 29 de octubre de 1997 en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, y de José Carlos Mesquita, ocurrido el 10 de marzo de 1998 en Ouro Preto del Oeste, Rondônia; así como el asesinato de Luiz Otávio Monteiro, el 29 de diciembre de 1988 en Manaus, Amazonas

CONSIDERANDO que, según el Consejo Nacional de Derechos Humanos, en los últimos cinco años, más de 20 periodistas fueron asesinados en el país y aumentaron los casos de amenazas, agresiones y procesos judiciales abusivos, entre otras formas de intimidaciones físicas y verbales contra comunicadores, entre ellas intentos de censura y arresto de comunicadores encuadrados en la figura de "desacato policial" cuando se niegan a salir del lugar de la cobertura de un evento o hecho

CONSIDERANDO que existen proyectos de ley en el Senado y en la Cámara de Diputados para federalizar los crímenes contra comunicadores y ampliar las penas para sus asesinos; que entre éstos se encuentran el Proyecto de Ley del Senado (PLS) 329/2016, que transforma en crimen abominable el homicidio de periodistas en razón de su profesión; el Proyecto de Ley nº 7107/2014, que clasifica como abominable el crimen cometido contra la vida, la seguridad y la integridad física del periodista y profesional de prensa en el ejercicio de su actividad; el Proyecto de Ley 191/2015, que modifica la Ley 10.446 de 8 de mayo de 2002 para disponer sobre la participación de la Policía Federal en la investigación de crímenes en que haya omisión o ineficiencia de las esferas competentes y en crímenes contra la actividad periodística; el Proyecto de Ley (PLS) nº 665/2015, que propone la inclusión de un inciso al artículo 1 de la Ley 10.446 / 2002 "para establecer que, cuando haya repercusión interestatal o internacional que exija una represión uniforme, el Departamento de Policía Federal del Ministerio de Justicia podrá proceder a la investigación de las infracciones penales practicadas contra profesionales de comunicación de radio, televisión, medios impresos, internet y nuevos medios, en razón del ejercicio de su profesión, con el fin de atentar contra la libertad de expresión"

CONSIDERANDO que entidades de derechos humanos demandan que el Incidente de Desplazamiento de Competencia previsto por la Enmienda Constitucional 45/2004, que prevé la federalización de delitos, pueda ser solicitado también por representantes de estas entidades, y no sólo por la Procuraduría General de la República

CONSIDERANDO que está programada una audiencia pública del Consejo Nacional de los Derechos Humanos en Brasilia el 8 de mayo de 2018 para discutir estrategias de enfrentamiento a la violencia contra comunicadores en Brasil; que deberán participar representantes de entidades públicas y de la sociedad civil

CONSIDERANDO que desde 2014 existe un proceso de desmantelamiento, con recorte de recursos, que afecta los programas estatales y federales de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, y que en 2015 la sociedad civil fue excluida del consejo del Programa Nacional de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

CONSIDERANDO que los Programas de Protección a Defensores y Defensores de Derechos Humanos deben ser adaptados para atender los casos de periodistas amenazados, a fin de garantizar que ellos puedan continuar su trabajo con seguridad

CONSIDERANDO que se cumplieron 20 años del asesinato del periodista Manoel Leal de Oliveira el 14 de enero de 2018 en Itabuna, Bahia, sin que el crimen haya sido completamente esclarecido, ya que no se identificó la autoría intelectual: que Mozart Brasil fue condenado a 18 años de prisión por la participación en el asesinato, y otro acusado, Marcone Sarmento, fue absuelto; y que el acuerdo amistoso hecho por el gobierno brasileño con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prevé la reapertura de casos para castigar a todos los involucrados

CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que "el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

Solicitar al gobierno de Brasil apoyo para que sean juzgue ados y castigue ados a todos los involucrados en el asesinato del periodista Valério Luiz de Oliveira, y que haya un esfuerzo para esclarecer otros casos más antiguos que hasta hoy permanecen impunes

Solicitar que haya colaboración con el gobierno paraguayo en relación con el acusado por el asesinato del periodista Pablo Medina que se encuentra en Brasil

Solicitar que las investigaciones no se limiten a identificar y castigar sólo a los autores materiales pistoleros e intermediarios en de los crímenes contra comunicadores; y que los investigadores y la justicia tengan medios para identificar y castigar a los autores intelectuales

Solicitar que la ley brasilera permita ambios en la ley o aprobación de nueva ley que garantizar la federalización de los crímenes contra comunicadores asesinados en el ejercicio de la profesión para evitar presión sobre testigos y autoridades locales y en casos de omisión o ineficiencia de las esferas competentes

Demandar que se asegure la autonomía financiera del Consejo Nacional de Derechos Humanos y que la Comisión sobre Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión y la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Seguridad Pública tengan la estructura física y financiera necesaria para realizar sus trabajos

Solicitar la fundación creación urgente del Observatorio de la Violencia contra Comunicadores para monitorear, prevenir y actuar en el sentido de para evitar la impunidad de los agresores

Solicitar que se asegure la participación de la sociedad civil y de entidades de defensa de derechos en la creación del Observatorio de la Violencia contra Comunicadores, en la elaboración de un Plan Operativo Estándar sobre actuación de la policía en casos de violencia contra comunicadores y en el Programa Nacional Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Solicitar apoyo para la realización de la audiencia pública del Consejo Nacional de los Derechos Humanos en Brasilia, el 8 de mayo de 2018, cuando se discutirán las estrategias de enfrentamiento a la violencia contra comunicadores

Solicitar que se destinen recursos financieros y apoyo para la reestructuración de Programas de Protección a Testigos y de Protección a Defensores y Defensores de Derechos Humanos en todos los Estados y a escala federal y que se discutan cambios para incluir a los comunicadores

Demandar el cumplimiento del acuerdo amistoso hecho con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con el asesinato del periodista Manoel Leal de Oliveira, de Itabuna, Bahia, que prevé la reapertura del caso para identificación y castigo de quien ordenó el crimen; así como en el caso del periodista Aristeu Guida da Silva, asesinado en São Fidélis, Río de Janeiro.


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