Colombia

Aa
Informe ante la Reunión de Medio Año
Del 29 al 31 de marzo de 2019
Cartagena de Indias, Colombia
$.-
En este período persistió la tendencia al alza en agresiones contra periodistas, al tiempo que asomaron iniciativas legales y acciones administrativas que pretenden limitar la libertad de prensa, así como medidas judiciales, amenazas y obstrucciones de funcionarios públicos.

Avanza en el Congreso un proyecto de ley -ya pasó el primer debate en su tránsito legislativo- que pretende revivir la tarjeta de periodista. La ponencia para el segundo debate abre mayor margen para la confusión pues plantea que no será obligatoria en caso de que se implemente. Frente a esta iniciativa la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) dijo que se trata de una iniciativa inconveniente, sobre todo por confusa en sus propósitos y en su forma, por lo que ha recomendado archivarla. El texto del proyecto habla de una instancia, un Consejo, que tendría la potestad de emitir y retirar dicha tarjeta, el cual estaría integrado por el gobierno, por agremiaciones de periodistas y alguna facultad de periodismo. Se teme por los criterios que utilicen y quiénes serían los encargados de esas funciones.

Un senador, del partido de la U, radicó un proyecto de ley que crea una herramienta para que los usuarios de las redes puedan "contrarrestar informaciones falsas o injuriosas". La misma involucraría a los prestadores del servicio comprometiéndolos a tomar correctivos en un lapso de 72 horas, so pena de "ser involucrados en los procesos judiciales que se desarrollen como consecuencia de la publicación". Se abriría así una ventana para la censura y se asignaría a los prestadores de internet la responsabilidad para aplicar parámetros arbitrarios y no transparentes para filtrar contenidos que se transmiten por la red.

En febrero, la SIP envió a la Corte Constitucional el texto de la Declaración de Salta ante una consulta pública el 28 de febrero de este tribunal sobre libertad de expresión en las redes sociales.

La organización destacó la relevancia de la consulta e instó a la Corte Constitucional a considerar lo establecido en la Declaración de Salta en cuanto a los derechos y las responsabilidades que deben asumir medios y periodistas; intermediarios tecnológicos y ciudadanos, así como las garantías que deben proteger los gobiernos.

En una demanda de una ciudadana por una publicación en Facebook, la Corte Constitucional determinó a mediados de marzo que para que un juez ordene retirar un mensaje de una red social los señalamientos que se hagan en esos espacios contra terceros deben mostrar de manera clara y contundente que violan el derecho al buen nombre y la honra; es decir, deben "generar un daño al patrimonio moral del sujeto".

Con motivo del plebiscito que tuvo lugar en septiembre de 2016, el Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió una resolución en la que le pide a los concesionarios, así como a los no usuarios del espectro electromagnético, informes para constatar igualdad y pluralidad en el tiempo para promotores y opositores.

En su momento Andiarios había logrado que se modificara una resolución semejante dejando la obligación solo para medios que utilicen el espectro. La norma volvió a aparecer en la reglamentación de la consulta anticorrupción de agosto de 2018, ante lo cual la AMI radicó ante el CNE un recurso de reposición que todavía no ha sido resuelto. Más recientemente, fue incluida también en una resolución que reglamenta el Estatuto de la Oposición, aprobado por el congreso en 2018 como parte de las leyes que concretan los acuerdos de paz con las Farc. Al respecto, la Corte Constitucional, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la misma agremiación, aclaró que tal obligación solo concierte a los concesionarios del espectro, por lo que sigue siendo inquietante que el CNE no revoque las normas inconstitucionales.

Una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, a propósito de una publicidad de una compañía de telefonía móvil publicada en el periódico Q'hubo de Medellín, exhortó a los medios para que actúen como veedores y revisores de sus contenidos publicitarios. Ante esta disposición, la AMI y Asomedios presentaron conjuntamente un recurso de revocatoria directa.

Otros hechos sobresalientes:

El 7 de diciembre el presentador del programa "Los puros criollos", Santiago Rivas, denunció que un capítulo de esa serie programado en el canal Señal Colombia del sistema de medios públicos RTVC (Radio Televisión de Colombia) no iba a emitirse. Rivas sugirió que el cambio de programación tenía motivaciones políticas debido a su posición crítica por un proyecto de ley para modernizar el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El gerente de RTVC negó que esta fuera la causa. Semanas después una grabación de la reunión en la que se tomó la decisión, dejó en evidencia el vínculo entre la postura pública de Rivas y la resolución del gerente de no emitir el programa, incluso para la temporada posterior. El caso derivó en la renuncia del gerente en enero.

El 1 de noviembre la Fiscal 53 especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos decidió la apertura de instrucción y la vinculación de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias "Popeye" y de Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias "Maxwell", al caso que se sigue por el asesinato hace 32 años en Bogotá del entonces director de El Espectador, Guillermo Cano. Tanto Velásquez como Gutiérrez fueron sicarios del Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Varios testimonios, incluido uno del propio 'Popeye' sugieren que tuvieron relación con la planeación del crimen que hasta la fecha permanece en la impunidad.

El 3 de diciembre el fiscal 66 especializado contra violaciones a los Derechos Humanos declaró como crimen de guerra el homicidio de los periodistas de El Espectador, Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, ocurrido el 24 de julio de 1991 en Segovia, Antioquia, por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Para el Fiscal, según la fecha, se puede determinar que el crimen ocurrió en el contexto del conflicto armado y contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. La importancia de esta decisión radica en que el caso pasa a ser imprescriptible y el Estado continúa con la obligación de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

El 1 de febrero, el Fiscal 6 Especializado contra Violaciones a los Derechos Humanos decidió hacer apertura de instrucción y llamado a indagatoria a Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino"; Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán" y Eliécer Herlinto Chamorro, alias "Antonio García", miembros del Comando Central del ELN. Se emitió orden de captura en su contra, con el fin de que comparezcan al proceso.

El pronunciamiento del fiscal señala que la muerte de Chaparro y Torres "partió de la orden de Julio Lezcano alias Zarco quien comandaba las milicias de Segovia, orden que se infiere necesariamente desciende del Comando Central como una política nacida de la condición del enemigo". A 27 años después de ocurrido, el caso ha sufrido varios reveses, aunque siempre se sostuvo la autoría del ELN.

El 11 de diciembre la Corte Suprema confirmó la condena al político liberal Ferney Tapasco como autor intelectual del homicidio del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra, ocurrido el 30 de enero de 2002 en Manizales.

En su providencia, la Corte Suprema afirmó que "las amenazas que soportaba Orlando Sierra por razón de su actividad periodística son una realidad demostrada en el proceso, de las cuales, además, sabían las personas que lo acompañaban y compartían su trabajo, su vida familiar". Tapasco había sido condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Caldas el 24 de junio de 2015. Desde su columna en La Patria, planteaba críticas a los líderes políticos de su región, entre ellos Tapasco. El autor material del crimen, Luis Fernando Soto Zapata, fue condenado a 19 años de prisión en 2002, en 2007 salió de prisión y fue asesinado en 2008.

El 16 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó sobre la aprobación de su informe de fondo por el secuestro, tortura y violencia sexual de la que fue víctima la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo de 2000, delitos que hasta la fecha permanecen en la impunidad. El informe y su aprobación posibilita que el Estado colombiano pueda ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 22 de marzo el juez 20 civil del circuito de Bogotá, al resolver una tutela, le ordenó al canal RCN abstenerse de emitir una entrevista que iba a ser parte de la emisión del 24 de marzo del programa periodístico "4 Caminos". Una persona objeto de varias denuncias por presuntos engaños en su actividad profesional, radicó la acción judicial. La decisión del tribunal constituye censura vía acoso judicial y puede sentar un precedente gravísimo y se enmarca en un contexto en el que recurrir a la tutela para silenciar la prensa resulta cada vez más común.

Del 1 de septiembre de 2018 al 26 de febrero de 2019 la Fundación para la Libertad de Prensa registró 195 ataques contra la prensa, que afectaron a 247 periodistas. De este total, 44 casos provenían de funcionarios públicos y afectaron a 59 periodistas.

La agresión más frecuente fue violencia por amenaza con 63 casos que afectaron a 87 periodistas, seguida por 28 casos de hostigamiento.

Compartí

0