Argentina

Aa
Informe ante la Reunión de Medio Año
Del 29 al 31 de marzo de 2019
Cartagena de Indias, Colombia
$.-
En este periodo resultó preocupante la acumulación de reclamos judiciales dirigidos a los medios de comunicación sobre la eliminación de contenidos de sus ediciones online. No había hasta ahora antecedentes de planteos acogidos por la Justicia. En el último semestre se notificaron dos medidas cautelares contra diarios de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país referidas a demandas que invocan el denominado "derecho al olvido", en las que se ordena la desindexación de contenidos.

Un caso está ligado al pedido de un cirujano plástico denunciado por mala praxis por tres de sus pacientes. El otro, a informaciones sobre el procesamiento de un legislador de la provincia de Tucumán que fue sobreseído en una causa por tenencia de estupefacientes. Las medidas contradicen el punto 9 de la Declaración de Salta de la SIP que apunta que la desindexación de información sobre hechos de interés público atenta contra el derecho a la información.

Hubo otras medidas judiciales que configuraron casos de censura. A fines de octubre, el juez Luis Carzoglio prohibió a medios de prensa la difusión de información e imágenes de un imputado de hechos de corrupción, atentando contra preceptos constitucionales básicos y una extensa jurisprudencia. En la misma línea, una sentencia dictada en enero pasado por la jueza María Edith Rodríguez en la provincia de Salta impuso la censura a los diarios digitales Ver Noticias y Aerom, al prohibirles toda publicación y difusión que se considere agraviante respecto del intendente de la capital de esa provincia. Ordenó, además, la eliminación de la información presente en esos sitios que, a criterio de la jueza, excediera la finalidad de criticar la gestión pública.

Se han reiterado fallos de primera instancia en el fuero civil que desconocen la jurisprudencia de la Corte Suprema y doctrinas consagradas como la de la "real malicia", al responsabilizar a periodistas y medios. Un caso representativo ocurrió en febrero, el juez Fernando Christello impuso un resarcimiento económico a favor de un ex ministro nacional. La decisión judicial recayó contra los periodistas Jorge Lanata, Nicolás Wiñazki y los medios en los que trabajan, a raíz de un informe periodístico emitido durante la gestión del funcionario. El fallo ordenó, además, la publicación de un texto de retractación, en los medios en que había aparecido el informe, por haber diseminado lo que a juicio del juez configura una "noticia falsa". El fallo resultó preocupante en cuanto confunde información inexacta con la diseminación deliberada de información falsa o campañas de desinformación habituales en el terreno digital.

Impreba, la editora del matutino Diario Popular, denunció que a raíz del reclamo judicial de un particular por honorarios jurídicos, y a partir del intento de aplicar fórmulas de determinación de deuda alejadas de la realidad económica, existe el riesgo de que se termine consagrando un virtual abuso confiscatorio sobre el patrimonio de la empresa. La situación preocupa en tanto pueda amenazar la continuidad de un medio periodístico, la subsistencia de una voz informativa y el mantenimiento de numerosas fuentes de trabajo.

En el plano legislativo, perdió estado parlamentario el proyecto de ley de "responsabilidad de los intermediarios", que chocaba con la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina y las tendencias mundiales en la materia, al responsabilizar por los contenidos a las plataformas digitales.

En el marco del debate legislativo del régimen de financiamiento político, distintos bloques políticos del Congreso presentaron iniciativas que buscan equilibrar el espacio de los medios periodísticos digitales con el de las plataformas y redes sociales en las campañas electorales.

Sobre ataques a medios y periodistas, el Foro de Periodismo Argentino en su informe anual registró 51 agresiones durante el 2018. Casi la mitad de ellas tuvieron como víctimas a periodistas que hacían coberturas en la calle. Y un porcentaje similar corresponde a ataques de origen político, teniendo como agresores a funcionarios o activistas. En el período se registró también el primer caso en el que se denuncia una agresión con violencia de género. Se configuró a través de un audio distribuido entre sus partidarios por el intendente de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, en el que pedía que abusen sexualmente de la periodista Norma Devecchi, del diario local El Territorio.

En el seguimiento que hace la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sobresalen, en estos seis meses, los ataques físicos sufridos por los periodistas Jorge Mielnizuk de Canal 12 de Misiones; Gonzalo Medina, de Diario Huarpe de San Juan; Cristian Balbo de América TV; Hernán Lancelotte y Jorge Welbers de Canal 26, Franco Fatsuli de Infobae; Bernardino Avila de Página 12, Lucas Martínez de El Destape. Sufrieron intimidaciones o agresiones verbales Enrique Nicolini de FM Chamical de La Rioja; Luis Majul de La Cornisa; Camila Barral y Martín Resano de Crónica; Paula Bernini y Marcos Barroca de TN. Natalia Fernández, fue detenida arbitrariamente por la policía salteña.

Las denuncias de ataques en el terreno digital contra periodistas y medios se multiplicaron en los últimos meses y muestran una tendencia en alza mientras se acercan las elecciones presidenciales. Estas agresiones provienen de distintos sectores políticos y resultan preocupantes las adjudicadas al aparato propagandístico estatal.

Para muchos, 2018 fue -a raíz de su impacto en el campo periodístico, político y judicial- "el año de los cuadernos". La denominación refiere a la causa judicial originada en la investigación periodística que sacó a la luz, con un nivel inédito de precisiones, la mayor trama de corrupción que se haya registrado en el país. Nunca antes una causa generó un nivel tan alto, en número y jerarquía, de funcionarios y empresarios presos. Por sus implicancias políticas y económicas, la causa sufrió intentos de obstrucción, desvíos y deslegitimación a través de múltiples operaciones. El periodista Daniel Santoro fue involucrado en una maniobra que pretende descalificar su trabajo. Un presunto operador lo ligó en un intento de extorsión junto al fiscal de la "causa de los cuadernos". Santoro, junto a periodistas de otros medios como Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Eduardo Feinmann, fueron objeto de una intensa campaña de desprestigio en la que se desconoce la relación con las fuentes. La SIP y otras organizaciones criticaron el intento de criminalizar las entrevistas y el secreto profesional.
En diciembre, el Congreso modificó la ley del Impuesto al Valor Agregado, introduciendo exenciones y cambios en las alícuotas referidas al precio de tapa de medios gráficos y a la publicidad de los medios en general, lo que generó alivio en las empresas periodísticas. Este alivio, no obstante, no logra amortiguar la mayor crisis que sufre la industria desde la debacle político-económica del 2001. La publicidad privada se desmoronó con la crisis cambiaria de abril de 2018 y continúa en niveles históricamente bajísimos de la mano de una recesión que está por cumplir doce meses. La pauta estatal representa, en términos reales, la cuarta parte del monto adjudicado en 2017. El papel prensa ha subido en dólares a nivel global, potenciando la incidencia de que la moneda se devaluó un 50% en el último año.

Compartí

0