Costa Rica

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Informe ante la Reunión de Medio Año
Del 29 al 31 de marzo de 2019
Cartagena de Indias, Colombia
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La libertad de prensa y expresión sigue siendo objeto de afrentas por parte del poder político y económico. La mayoría de los medios de comunicación se han visto afectados en los últimos seis meses con resoluciones y sentencias que violentan el ejercicio profesional y el Estado de derecho.

El primero de los casos ocurrió el 22 de diciembre cuando la Oficina de Control de Propaganda, adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía, notificó a Diario Extra sobre una resolución administrativa que censuraba el contenido de una portada que contenía la imagen en vestido de baño de una mujer, tomada de su red social Instagram, a modo de ilustrar a quien había sido víctima de un femicidio.

Esa oficina señaló que Diario Extra se debía abstener de publicar ese tipo de imágenes, especialmente de cuerpos de mujeres ensangrentadas. Advirtió que el medio no debía haber usado fotos u otras imágenes provenientes de las redes sociales, pese a su carácter público.

La resolución advirtió que la portada tenía un fin publicitario y sugería que podría ser objeto de revisión previa para evitar contenidos que no eran de su agrado.

La Sociedad Interamericana de Prensa envió una carta a la Oficina de Control de Propaganda criticando la intromisión del Estado en los criterios y contenidos de los medios, pidiendo a dicho organismo retirar la notificación de censura.

El Colegio de Periodistas indicó que era peligroso que cualquier entidad pretenda censurar en forma previa las portadas o publicaciones noticiosas.

En diciembre Canal 7, televisora de Costa Rica, despidió a un comediante que participaba en un programa, luego de que este contara un chiste catalogado como machista.

La medida se tomó luego de que la ministra de Justicia, Marcia González, usara las redes sociales para manifestar que investigarían lo sucedido y que el programa no cumplía con la agenda de valores que promovía su cartera y el gobierno.

En enero la Oficina de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) del Ministerio de Justicia notificó a Diario Extra que elimine de sus archivos una noticia difundida el 13 de julio de 2018. La información era sobre la detención arbitraria de un costarricense por parte de las autoridades nicaragüenses en territorio de Costa Rica. La noticia fue confirmada en su momento por la propia Cancillería. Prodhab resolvió que el diario debía eliminar la fotografía del afectado, pese a que la imagen usada corresponde a un pasaporte. Adujo que la Ley de Protección de Datos da la potestad a los ciudadanos de pedir a los medios que eliminen de sus archivos imágenes y otros detalles que los identifican en noticias. Señaló que el medio no puede publicar imágenes no consentidas por personas; incluso que el medio tiene el deber de eliminar las imágenes consentidas previamente con la simple petición del interesado.
Esa dependencia está haciendo uso de la Ley 8968 de datos sensibles como mecanismo de sanción, pese a que no fue diseñada para regular la actividad de prensa. Diario Extra presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.

Otra grave afrenta tuvo lugar en febrero cuando la Sala Constitucional falló en contra del Grupo Nación, editor de los diarios La Teja y La Nación, obligándolo a eliminar un video que estaba en su página de internet. La sentencia constitucional integral está aún en redacción. La información difundida estaba relacionada con una figura pública expuesta vastamente en medios de comunicación, pues ella misma postea en sus redes sociales detalles como fotos y mensajes que son de acceso al público, pero luego adujo ante el tribunal que eso lesiona su intimidad.

Varios magistrados resolvieron que efectivamente el medio incurrió en una acción ilegítima al publicar el video de la modelo y obviaron el interés público que generan los temas de la farándula, el deporte y el entretenimiento.

Los jueces aplicaron en este caso la norma de derecho al olvido que lesiona el derecho a la información.
El 19 de marzo el canal 6 de Costa Rica, Repetel, fue sancionado por unos programas que difundió en diciembre sobre situaciones jocosas del acontecer del país, con un monto de 70 millones de colones unos $115.702 dólares, por imitar a una señora que tuvo problemas con la compañía TIGO, aduciendo que la imitaron con su voz y con su forma de ser y que ella no era mujer con imagen pública.

El diputado Erwin Masis, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó un proyecto de ley que pretende combatir la ciberdelincuencia y se enfoca en sancionar penalmente la publicación de fake news o noticias falsas. La ley contemplaría una pena de cárcel de hasta cuatro años a quien difunda noticias catalogadas como falsas. La iniciativa generó preocupación porque podría prestarse para perseguir a periodistas por parte de grupos políticos y económicos disconformes con denuncias y críticas.

El proyecto también busca sancionar a quienes difundan, publiquen o recopilen información catalogada como privada sin autorización del titular, aunque esta sea difundida en las redes sociales. Propone también castigo de prisión de seis meses a un año a quien capte imágenes y difunda datos de ubicaciones en tiempo real de una persona. También sanciona con cárcel a quienes difundan comunicaciones orales, graben manifestaciones verbales o mediante procedimientos o escuchen manifestaciones privadas que no le estén dirigidas.

Ya existen normas jurídicas aprobadas desde 2012 que sancionan delitos informáticos, por lo que este proyecto es reiterativo y puede limitas el ejercicio periodístico.

También preocupa a las empresas de medios de comunicación el proyecto Ley de Extinción de Dominio, registrado en el expediente 20868 que busca el decomiso de bienes sin condena penal.

El proyecto no define con claridad a cuáles delitos se les aplica la extinción de dominio y existe un peligro latente de que esta ley se convierta en un instrumento para que el Estado persiga a medios de comunicación que difunden noticias que no son de su agrado.

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