Ecuador

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Informe ante la Reunión de Medio Año
Del 29 al 31 de marzo de 2019
Cartagena de Indias, Colombia
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A días de cumplirse un año del secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio conformado por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra; la justicia aún es cuenta pendiente. Los familiares de las víctimas no descansan y exigen información clara sobre las operaciones realizadas en la zona del crimen, la frontera colombo-ecuatoriano. Asimismo, los periodistas desde su trinchera recaban información que aporten al caso. Así lo hicieron Arturo Torres y María Belén Arroyo con su libro "Rehenes ¿Por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio?", un texto que contiene testimonios, documentos oficiales y conversaciones entre las autoridades ecuatorianas y disidentes del Frente Óliver Sinisterra.

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la que por más de cinco años fue considerada como "mordaza", está pasando por cambios halagüeños. Entre las reformas, la Superintendencia de Comunicación (Supercom) fue eliminada, así como la figura de linchamiento mediático, que algunos funcionarios públicos usaron para sancionar a los medios y periodistas. Los códigos y normas deontológicas, también fueron eliminados.

Durante la firma de la Declaración de Chapultepec por parte del presidente Lenín Moreno el 20 de febrero, la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, alabó las reformas a la LOC, aunque advirtió que todavía contiene varios artículos, entre ellos el que establece que la información es un servicio público, que "contravienen valores de las convenciones internacionales".

En este proceso de reformas el gremio audiovisual manifestó su inconformidad al intentar enmendar el artículo 98 de la LOC, el mismo que prohíbe la importación de piezas publicitarias elaboradas en el extranjero. Pero el pleno de la Asamblea Nacional lo ratificó con 108 votos a favor. Otro de los artículos que se sumaron al debate y que se mantiene es el 42, sobre el libre ejercicio de la comunicación y obligación la de la profesionalización.

El artículo 106 hizo cambios sobre la propiedad, redefiniendo que se asigne el 56% del espectro radioeléctrico para el sector privado, el 34% para el comunitario y el 10% para el público. Además, que la concesión de frecuencias tendrá 15 años de duración con la posibilidad de renovación. La ley anterior repartía el 33% de la propiedad para cada sector.

Carlos Ochoa, el exsuperintendente de Comunicación que cometió un delito grave al manipular 300.000 textos de bolsillo de la LOC para sancionar a los medios, está fuera del país, mientras que la orden de prisión y la alerta roja solicitada por la fiscal general fue rechazada por la Interpol.

Entre los casos que atentaron contra la libertad de expresión se dio la suspensión de un conductor de un programa televisivo. El 4 y 5 de octubre, Mauricio Ayora, presentador de DespierTC, denunció el cobro automático que entidades privadas hacen a cuentas bancarias por un servicio, sin la autorización y conocimiento de los cuentahabientes. El periodista fue amonestado por la dirección del programa y suspendido por 15 días. La gerente general de la Empresa Pública de Medios Públicos del Ecuador, Martha Moncayo, denunció un acto de intimidación luego de recibir en las instalaciones de TC Televisión un arreglo funerario que incluía una nota apoyando al periodista sancionado.

El 12 de noviembre el periodista Henry Córdova fue sentenciado a 20 días cárcel y al pago de $5 mil dólares de indemnización. La condena se produjo tras la denuncia impuesta por la asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Roberta Zambrano, quien lo acusó de "violencia política", en julio pasado.

El acceso a la información pública suele ser interrumpido. El 13 de noviembre periodistas de Quito manifestaron vía Twitter la restricción para ingresar a la Fiscalía General del Estado de la capital para obtener información. El 19 de noviembre, el periodista Luis Muñoz denunció por redes sociales el impedimento que tuvo para realizar coberturas en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Latacunga, esto por parte de la Policía Nacional, una práctica constante desde que el ex vicepresidente del país, Jorge Glas, está internado en la institución, según Fundamedios.

En el diario público El Telégrafo donde el 1 de marzo, 61 empleados hicieron un plantón en sus instalaciones reclamando por sus salarios pendientes desde hace dos meses.

El 8 de enero la compañía Televisión Satelital S.A T. V. SAT fue declarada disuelta y en liquidación por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Esto luego que el canal fuera objeto de controles e intervención por parte de la entidad. El superintendente Víctor Anchundia, expresó a los medios de comunicación, que la acción se debe a que el canal no presentó los balances, ni los estados financieros de los últimos años. Podría reactivarse en cuanto la información solicitada sea mostrada.

Los portales web de periodismo una vez más se suman a reclamos o críticas. La Fuente Periodismo de Investigación recibió notificaciones que advertían su deshabilitación y reclamos por supuestamente violar la Ley "por tratamiento de datos personales no autorizados o consentidos", una queja proveniente de Galo Chiriboga, ex fiscal general nacional. Esto a raíz de las notas "El Paraíso fiscal de Galo Chiriboga", "Ecuador financia con gastos reservados el espionaje de Julian Assange" y un reportaje sobre los contratos de las hijas del presidente Lenín Moreno.

Las amenazas hacia los comunicadores continuaron por redes sociales. El 1 de noviembre el periodista Carlos Jijón, director de La República, manifestó haber sido amenazado de muerte vía Twitter. Lo mismo sucedió con Andrés Reliche, cuando el 9 de noviembre anunció que decidía autocensurar y silenciar su cuenta en temas políticos tras amenazas recibidas.

El 3 de diciembre la Policía Nacional reportó a la Fiscalía datos sobre un posible atentado con explosivos contra el periodista Fernando Villavicencio y el político Cléver Jiménez. Posterior a esto recibieron resguardo policial.

Como un intento de control y de romper la propia decisión del gobierno al haberse adherido a la Declaración de Chapultepec, el asambleísta de gobierno Daniel Mendoza presentó el proyecto de Ley Orgánica del Uso Responsable de Redes Sociales, que vulnera la libertad de expresión y las libertades en general.

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