La situación se ha complicado por la polarización política y las acciones emprendidas por el presidente Jimmy Morales en contra del sistema y de los miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El Presidente logró expulsar a la CICIG por medio de acciones que causaron la salida de los investigadores, el retiro de su participación en juicios de varios casos de corrupción que se están desarrollando, quitándole la seguridad a los agentes internacionales y los investigadores de la Policía que estaban asignados.
La expulsión se dio pese a una resolución de la Corte de Constitucionalidad que lo prohibía. El presidente, su hermano y uno de sus hijos son investigados por corrupción y financiamiento electoral ilícito. Todos estos casos estaban siendo asesorados por CICIG.
El país está dividido entre los que apoyan o no a la CICIG, entre los que apoyan o no al gobierno central. En ese proceso de "buenos y malos" se ha castigado a todos aquellos medios y periodistas independientes que continúan publicando críticas contra el gobierno.
Los ataques vienen de diversas maneras. En particular la asfixia financiera es la que está afectando a medios y periodistas. Opinar de cualquier manera es la manera de ganarse un calificativo de socialista por un lado o de corrupto por el otro.
El gobierno intenta limitar la libertad de expresión de diversas maneras.
El 14 de enero, el presidente Morales presentó su informe de gobierno al Congreso y para el efecto limitó el acceso al centro histórico de la ciudad al colocar 3,500 policías en 2 turnos para evitar que cualquier tipo de manifestación se hiciera en los alrededores del Congreso.
Para el presente proceso electoral el gobierno ha limitado el acceso a las conferencias de prensa y dejado de informar sobre la agenda del Presidente, con la excusa de que no quiere incumplir la Ley Electoral y de Partidos Políticos de estar promoviendo obras públicas. Este silencio es más evidente en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores donde ni los voceros, ni los altos funcionarios responden a requerimientos que periodistas de medios o periodistas independientes. Solo responden cuando la información está relaciona a acciones que podrían generar una positiva imagen.
En el interior, en los hospitales nacionales de dos departamentos existen "órdenes superiores" de no permitir el acceso a los reporteros a los eventos públicos y a las instalaciones sanitarias.
Los ataques se han intensificado contra los medios que son críticos al gobierno, sobre todo cuando el presidente Morales ha pedido públicamente que se incluya en investigaciones a los medios o sus ejecutivos a quienes acusa de ser corruptos y para quienes pide sanciones. El Presidente aseguró que con la Ley Magnitsky está de acuerdo, "que se le aplique a todos los corruptos, incluyendo aquellos que usan la pluma para hacer corrupción".
Entre el 9 y el 14 de marzo se generó una gran controversia luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) intentó imponer un procedimiento de autorización a los medios de comunicación para la elaboración de entrevistas, foros y debates con los candidatos presidenciales. Esta situación fue considerada como un intento de censurar y acallar las opiniones. Sin embargo, gracias a que la mayoría de medios, asociaciones de periodistas y empresariales y la SIP se pronunciaron en contra, el TSE, en votación dividida, decidió retirar ese reglamento.
Lo más grave es que pesar que diversas organizaciones, tanto de medios de comunicación, como de periodistas y asociaciones de empresarios, presentaron recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en la Corte de Constitucionalidad, la misma no ha respondido a dichas acciones con lo cual existe el riesgo para todos los periodistas y medios de violar la ley al opinar sobre un candidato.
La Corte de Constitucionalidad resolvió. antes que se aprobara la ley, que opinar a favor de un candidato o partido político es de hecho una acción de propaganda y por lo tanto es prohibida para efectos de la LEPP.
Estas contradicciones están provocando que muchos políticos hayan dejado de dar declaraciones, opiniones y de hecho entrevistas a los medios. No saben si pueden hacerlo por miedo a que se crea que están realizando "campaña anticipada".
