Honduras

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Informe ante la Reunión de Medio Año
Del 29 al 31 de marzo de 2019
Cartagena de Indias, Colombia
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La libertad de prensa y el ejercicio del periodismo siguen siendo amenazados por la inseguridad jurídica y material que prevalece en el país, así como un marco legal que contiene normas que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos. En este periodo fue asesinado un periodista.

El 17 de marzo fue asesinado Gabriel Hernández en la ciudad de Nacaóme, departamento de Valle. Hernández, de 54 años, conducía el programa de opinión "El pueblo habla" en el Canal Valle TV en el que solía denunciar las irregularidades en la Alcaldía y criticaba a políticos locales. Era además corresponsal de la Radio Globo de Tegucigalpa. El periodista se dirigía a su casa cerca del mediodía cuando fue interceptado por desconocidos que le propinaron unos siete disparos. De acuerdo a medios y organizaciones periodísticas, había solicitado protección debido a amenazas en su contra, pero le fue negada.

El 28 de marzo, fue arrestado el periodista y director de la emisora Radio Globo, David Romero, condenado en 2016 a 10 años de prisión por delitos de difamación y calumnias. Fuerzas de la policía irrumpieron de manera violentamente en la sede de la radio, en la que se había refugiado Romero desde el 25 de marzo cuando se hizo pública la decisión de su captura. La Corte Suprema de Justicia rechazó en enero la petición para realizar un nuevo juicio y ratificó la pena de 10 años de prisión. Romero es un fuerte crítico del presidente Juan Orlando Hernández.

Es grave el deterioro en el acceso a la información pública, limitada por leyes que violentan los principios internacionales. Se mantiene un marcado interés de parte del Estado por favorecer la opacidad en los asuntos públicos, debilitándose los principios de transparencia y máxima divulgación. El Estado sigue ignorando los reiterados llamados de la comunidad internacional para que ajuste su legislación en esta materia.

En el marco de la lucha contra la corrupción han surgido manifestaciones del sector público y privado que pretenden restringir el acceso a informaciones sobre procesos judiciales penales que involucran asuntos de interés público amparándose en la idea de que la "presunción de inocencia" es un valor superior al de libertad de expresión.

Durante este periodo se incrementó el manejo discrecional de la publicidad oficial lo que ha sido denunciado por periodistas que consideran que su labor es limitada por la dependencia de algunos medios a la pauta oficial.


Se han reportado más eventos de uso excesivo de la fuerza de parte de las autoridades policiales, particularmente durante manifestaciones públicas. Resalta el caso del periodista Geovanny Sierra de UneTV, quien fue herido de bala mientras cubría una protesta el 27 de noviembre de 2018 en la ciudad de Tegucigalpa.

El sistema estatal de protección para periodistas sigue siendo ineficaz. Aunque durante este periodo se han registrado varios casos de periodistas que prefieren emigrar con sus familias para proteger su integridad personal.

Se mantienen en impunidad casi todos los casos que han implicado la muerte de periodistas o agresiones a personas vinculadas a medios de comunicación.

Continúan vigentes figuras penales que criminalizan y castigan las expresiones críticas referidas a funcionarios públicos y sobre asuntos de interés público, con un incremento en las acciones judiciales contra periodistas mediante querellas por el delito de difamación.

Se han incrementado las campañas de odio contra medios de comunicación y periodistas difundidas a través de redes sociales y portales de Internet. Las denuncias ante las autoridades no obtienen respuesta.

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