Paraguay

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Informe ante la Reunión de Medio Año
Del 29 al 31 de marzo de 2019
Cartagena de Indias, Colombia
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En octubre pasado el nuevo Gobierno que ha cumplido seis meses, fusionó en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación la Secretaría de Información y Comunicación (Sicom), la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics), así como la Copaco que regula el acceso a internet, y a la Conatel, a cargo de los permisos para frecuencias radiales y televisivas. Existe la preocupación de que esta aglomeración de varias carteras del Estado beneficie a un solo sector de los medios de comunicación y se constituya en un organismo de control por parte del Poder Ejecutivo sobre las actividades de la prensa, la radiodifusión, la teledifusión e internet.

Esta preocupación se suma a la suscitada en los últimos meses por el cierre de medios de comunicación por cuestiones aparentemente políticas. La creación del nuevo Ministerio fue precedida por el cierre, en setiembre, de la radioemisora Crisol FM de María Auxiliadora, Itapúa, que dejó de operar por disposición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en respuesta a la demanda de un político dueño de otra emisora.

En un caso positivo, en diciembre el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó un proyecto de ley de regulación sobre encuestas electorales, alegando que viola la libertad de expresión. El proyecto de ley 6219/2018, que «regula la realización y divulgación de encuestas electorales, para cargos de elección popular y referéndum», fue objetado en noviembre por el Poder Ejecutivo por violar las libertades de expresión y de prensa consagradas en el artículo 26 de la Constitución Nacional. La Cámara de Senadores había dado en junio media sanción a dicho proyecto de ley ratificado por Diputados en octubre.

En octubre, ocho periodistas que cubrían a diario movilizaciones ciudadanas en la ciudad de Concepción fueron incluidos en la lista de manifestantes denunciados por tres concejales municipales cuyas viviendas fueron escrachadas por los manifestantes. Los ediles, Enrique Paniagua, Javier Vergara (ANR) y Gustavo Bonzi (PLRA) presentaron en la comisaría del barrio San Antonio una denuncia por "perturbación a la paz pública, coacción grave y daños" contra 33 personas, entre ellas ocho periodistas, incluyendo dos corresponsales de medios capitalinos.

En octubre, el senador Dionisio Amarilla, investigado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, reaccionó a unas preguntas acusando al periodista de ABC Cardinal 730 AM, Edgardo Romero, de recibir vales de combustible del diputado Édgar Acosta. El legislador se negó a repetir o sostener su denuncia y horas después se desdijo en las redes sociales ante el repudio de los internautas.

En diciembre, la Justicia brasileña resolvió que Flavio Acosta Riveros fuera juzgado por un Tribunal popular (Tribunal do Juri) por la autoría material del homicidio del periodista del diario ABC Color Pablo Medina, de cuyo asesinato se cumplieron cuatro años en octubre. En esa ocasión, la investigación fiscal reveló que el autor moral fue el entonces intendente de Ypejhú, Vilmar Acosta, que había amenazado reiteradamente al trabajador de la prensa por publicaciones que lo relacionaban con el narcotráfico, y que los autores materiales fueron su hermano, Wilson Acosta Marques, y su sobrino, Flavio Acosta Riveros.

En diciembre, la Cámara de Apelaciones de Canindeyú ratificó el fallo de 29 años de prisión y 10 años como medida de seguridad para el exintendente de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques, hallado culpable de instigar el homicidio del periodista de ABC Color Pablo Medina. Por Acuerdo y Sentencia Nº 86 del 19 de diciembre de 2018, los camaristas de Salto del Guairá Gustavo Brítez y Marta Romero se adhirieron al primer opinante Carlos Domínguez, quien votó por ratificar la Sentencia Definitiva Nº 113 del 19 de diciembre de 2017. El Tribunal de Sentencia presidido por Ramón Trinidad Zelaya concluyó por entonces, que el móvil del crimen fueron las publicaciones de Medina sobre el nexo entre el clan Acosta y el narcotráfico y distintos crímenes registrados en la zona.

En noviembre, el imputado por tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, presentó un recurso de amparo constitucional para solicitar la prohibición de la publicación en la prensa de los audios de sus conversaciones, realizados por el diario ABC Color. El juez Gustavo Amarilla rechazó el amparo contra el diario ABC Color y todas sus plataformas promovido por el abogado defensor de Cabaña, Filemón Meza.

En diciembre, concejales de la Junta Municipal de San Ignacio, a través de su presidente, Gerardo Delvalle (ANR cartista), prohibieron que periodistas de esa comunidad ingresaran a una sesión ordinaria. Se les pidió que se dirigieran a una sala preparada para la prensa, sin sistema de audio para escuchar los temas debatidos en la plenaria. Se les informó que tampoco podrían participar de la sesión de la siguiente semana, donde se tenía previsto renovar las autoridades de la Junta Municipal.

En febrero, la ministra Karina Gómez, titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), organismo que se encarga de resguardar y administrar bienes decomisados por ley, se negó a proveer a la prensa los datos solicitados sobre el alquiler de la mansión del procesado por narcotráfico Javier Cabaña, alias Cucho, violando la Ley 5282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Tras la publicación del caso en el diario ABC Color, la Secretaría Nacional Anticorrupción recomendó la publicación de los datos, incluyendo el contrato de alquiler. Gómez renunció este mismo mes al cargo. Carolina Llanes, exinterventora de la Municipalidad de Ciudad del Este, aceptó asumir como nueva titular de la Senabico.

Un caso de corrupción que involucra al senador Javier Zacarías Irún, exintendente en Ciudad del Este (zona triple frontera) sacude al país por sus vinculaciones con el mundo periodístico. El funcionario público ya estaba siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero cuando el Ministerio Público lo acusó de instigación en lesión de confianza. En la denuncia de la Fiscalía se señala que Zacarías Irún usó empresas de papel para pagar por publicidad encubierta, dirigida a difundir imágenes positivas.

Según la misma denuncia, se pagó sumas millonarias a periodistas, agencias publicitarias, empresas de cartelería y medios de prensa (orales, radiales e impresos) para publicitar imágenes positivas de la familia Zacarías Irún (Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod y su hermano Justo Zacarías Irún). La Fiscalía asegura que inclusive se pagó propaganda electoral en medio de campañas electorales, hasta de uno de los excandidatos a presidente de la República. La lista de pagos fue incluida en la denuncia fiscal.

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