CONSIDERANDO que el acoso, persecución y agresión del régimen de Ortega contra los medios independientes ha causado el exilio de más de 60 periodistas y en la mayoría de casos el cierre de sus medios de comunicación en diferentes ciudades del país
CONSIDERANDO que han ocurrido más de 700 casos de violencia contra el ejercicio del periodismo desde abril de 2018, la mayoría cometidos por la Policía Nacional, turbas y civiles armados al servicio del gobierno, todo documentado por organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, y organizaciones de periodistas
CONSIDERANDO que las instituciones del Estado, en especial las encargadas de impartir justicia, han sido utilizadas para criminalizar la labor informativa de los periodistas independientes y atribuirles delitos sin fundamentos o inexistentes en la legislación del país, como fomentar e incitar al odio y la violencia; provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas; o delitos impulsados en el odio
CONSIDERANDO que el gobierno de Ortega se ha empeñado en silenciar, de forma sistemática y violenta, todas las voces críticas o distintas al discurso oficial, violando la Constitución del país que otorga plenos derechos a la libre expresión y la libertad de prensa
CONSIDERANDO que el gobierno ejecuta además una censura indirecta contra los medios independientes, como la retención en aduana de materias primas, equipos y repuestos para periódicos, televisoras y radioemisoras; la discriminación en la asignación de pautas publicitarias del Estado y el acoso por la vía fiscal
CONSIDERANDO que las entidades del gobierno y organizaciones afines se han encargado de crear y difundir falsas noticias, para desinformar y confundir a la población con falsas realidades y crear dudas alrededor de la información veraz de los medios independientes, lo cual constituye una agresión al derecho de los ciudadanos a ser bien informados.
CONSIDERANDO que el gobierno sigue negando el acceso a la información pública, en abierta violación a la Ley y la Constitución
CONSIDERANDO que el Principio 1 de la Declaración de Chapultepec establece: "No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo".
LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE
Exigir al gobierno del presidente Daniel Ortega y a la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, que libere de inmediato a los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora Barberena, y a los más de 600 presos políticos que fueron encarcelados por ejercer su derecho a protestar cívicamente
Solicitar que el gobierno cumpla con la Constitución de Nicaragua, respetando en especial el artículo 30 que reconoce el derecho de los nicaragüenses a expresar libremente su pensamiento, en público o en privado, de forma oral, escrita o por cualquier otro medio; el artículo 66, que otorga a los ciudadanos el derecho a la información veraz, y comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección; y el artículo 54, que reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, como parte de la libre expresión ciudadana. Asimismo, el artículo 67 que precisa el derecho de informar como una responsabilidad social y no puede estar sujeto a censura
Instar a los gobiernos de América y de países de otros continentes representados ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que tomen en cuenta el grave deterioro de la libertad de expresión y de prensa cuando sea analizada la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en mayo de este año, durante el Examen Periódico Universal de este Consejo de la ONU
Solicitar a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que negocia con el gobierno la apertura de un proceso de democratización de Nicaragua, teniendo como testigos a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Vaticano, que el Estado respeto y garantice el derecho pleno a las libertades de expresión y de prensa, como base fundamental del desarrollo de una democracia verdadera.
