Colombia

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Informe ante la SIP
28 de marzo de 2020
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En este período la actividad periodística estuvo afectada por decisiones judiciales y por ataques contra periodistas por parte de grupos armados.

La revista Semana reveló el 11 de enero que distintas unidades del Ejército Nacional a través de la plataforma "Hombre invisible", ejecutaron un plan para amenazar y realizar interceptaciones ilegales contra periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados, políticos y otros funcionarios públicos. Estos seguimientos irregulares se habrían adelantado desde unidades militares y tendrían como blanco a varios periodistas de la publicación. En el artículo también se denuncian amenazas y asedio a través del envío de sufragios y lápidas, amenazas y de vigilancia ilegal a medios físicos y digitales.

Causó preocupación la revelación el 10 de marzo de la existencia en el perfil oficial del Ejército Nacional de una lista denominada "Opositores", en la que aparecen perfiles de medios de comunicación que han adelantado investigaciones sobre irregularidades en entidades estatales y las cuentas personales de varios periodistas, así como de integrantes de la antigua guerrilla de las Farc, hoy partido político Farc.

Durante las movilizaciones sociales entre noviembre y enero se registró un aumento de las denuncias por uso desmedido de fuerza (agresiones y detenciones arbitrarias) por parte de la Fuerza Pública contra periodistas. La Fundación para la Libertad de prensa (FLIP) documentó 54 violaciones a la labor periodística, de los 184 ataques en general durante este período.

La Asociación de Medios de Información (AMI) presentó un recurso de revocatoria directa en conjunto con la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (ASOMEDIOS) ante la Superintendencia de Industria y Comercio por la Resolución número 92696 de 2018, mediante la cual se exhorta a los medios de comunicación por medio de organizaciones gremiales, a que "se abstengan de emitir y divulgar campañas publicitarias que vulneren derechos fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación en contra de la mujer", esto con motivo de una publicidad de la compañía de celulares Virgin Mobile publicada en el periódico Q'hubo de Medellín.

El recurso no prosperó debido a que ni AMI ni ASOMEDIOS son parte del proceso. Aun así, quedó la constancia de que ambos gremios no reconocen que se les comprometa con la revisión o censura de la pauta publicitaria salvo en los casos de publicidad engañosa previstos por la ley.

En su sentencia de 2018, tras una demanda de inconstitucionalidad de la AMI, que reglamentó el Plebiscito para la Paz, la Corte Constitucional admitió de manera expresa que la Constitución no le otorga competencia y dictaminó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no puede inspeccionar ni el contenido de la información ni las opiniones divulgadas para constatar si los medios le han dedicado la misma cantidad de tiempo a los diferentes contendores. La Corte no admitió la posibilidad de hacer extensiva la responsabilidad a los medios por inconsistencias en las encuestas.

Otros hechos sobresalientes:

El 18 de octubre fue asesinado Javier Córdoba Chaguendo, periodista y locutor que dirigía un programa musical en la emisora Planeta Stereo en Tumaco en el departamento Nariño. Un hombre armado entró en la cabina de la radio y le disparó. El atacante huyó junto a otro sujeto en una motocicleta. Córdoba Chaguendo tenía 38 años.

El 28 de octubre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la pena impuesta a Jesús Emiro Pereira Rivera, alias "Huevoepizca", a 40 años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento, y a Alejandro Cárdenas Orozco, alias "J.J", a 30 años por el delito de acceso carnal violento, contra la periodista Jineth Bedoya cuando cubría hechos en la cárcel La Modelo de Bogotá el 25 de mayo de 2000.

Tras la publicación del libro "Dejad que los niños vengan a mí" sobre pederastia en la iglesia católica colombiana, el periodista Juan Pablo Barrientos ha sido objeto de varias acciones de tutelas, por las que trataron de prohibir la circulación y venta del libro. En otra acción del mismo tipo un juez le dio un plazo de cuatro horas para que revelara los datos de una de sus fuentes so pena de iniciar acciones penales y/o disciplinarias.

El 6 de diciembre, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar condenó a John René Gélvez Gélvez, alias "Orbitel", a 80 meses de prisión por el delito de amenazas contra los periodistas Juan Pablo Latorre y Katherine Leal.

Los periodistas de Caracol Televisión en Cali, Eduardo Manzano y Alexander Cárdenas salieron al exilio tras recibir amenazas. Otro reportero de ese medio, Arlex Piedrahita, fue amedrantado. Las intimidaciones están relacionadas a su cobertura sobre cultivos ilícitos en el Cauca y las denuncias que han hecho sobre la presencia de los carteles mexicanos, aliados con las disidencias de las Farc en ese departamento.

El portal La Silla Vacía ha venido recibiendo intimidaciones por parte de Eliminalia, empresa que presta el servicio de borrar información cierta de portales periodísticos. Este medio publicó un artículo en el que demuestra como Eliminalia abusa de una ley estadounidense de derechos de autor para censurar medios de comunicación. Después de esto La Silla Vacía recibió un correo de Eliminalia en el que le pedía que se eliminara el artículo.

Cada vez son más las empresas y abogados que ofrecen servicios para eliminar información publicada por medios de comunicación, afectando los derechos de los medios y sus audiencias. Ante la perspectiva del desgaste económico y emocional de esta clase de procesos, los periodistas frecuentemente optan por suprimir la información.

El Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena ordenó tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos contra el periodista Edison Lucio Torres, por negarse a retirar las publicaciones en las que se refiere a Miguel Arrázola, líder de la iglesia Ríos de Vida, y a su esposa María Paula García Silva.

En su decisión, el juez ordenó la eliminación de toda la información publicada en los portales para los que trabaja el periodista y en donde tenga alguna influencia. Además, lo previno para que se abstuviera de "incurrir en hechos violatorios de los derechos fundamentales de las personas".

La decisión judicial desconoce la regulación de la acción de tutela y la jurisprudencia constitucional las cuales exigen la presentación de una solicitud de rectificación antes de dar trámite a una acción de tutela. Así mismo, cuando exista información desactualizada es posible solicitar la actualización.

El 13 de febrero, el reportero Wilfer Moreno de CNC noticias fue víctima de una amenaza por parte de un hombre que se identificó como comandante del ELN, por lo que se vio obligado a dejar el departamento.

A cinco periodistas del diario La Patria y dos de RCN radio les fue cancelada la acreditación por parte del equipo de fútbol Once Caldas de Manizales. Habían expresado críticas sobre el rendimiento del equipo.

El 4 de febrero la periodista Julieth Cano, corresponsal de Noticias Caracol en Cúcuta, recibió una amenaza a través de un mensaje de texto proveniente de un número desconocido. La reportera ha estado haciendo un amplio cubrimiento sobre la situación de la frontera colombo-venezolana en la capital de Norte de Santander y manifiesta que desde hace varios meses hombres desconocidos la han intimidado a ella y a su equipo periodístico para que no continúen ejerciendo su labor en la frontera.

El periodista de RCN Radio Jairo Tarazona recibió un paquete que contenía un panfleto firmado por las Águilas Negras. A este caso se suma la intimidación que recibieron el 5 de febrero Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno; Jairo Tarazona, periodista de RCN Radio y José Luis Mayorga, del medio Agencia Reporteros Sin Fronteras. Tarazona recibió en su lugar de trabajo una correspondencia de una empresa de mensajería que opera a nivel nacional. El paquete que tenía como destinatario al reportero contenía un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que aparecía su nombre junto al de Gómez y Mayorga.

El 24 de enero María Eugenia Durango, periodista de estación radial de Ituango, la segunda emisora de pedagogía para la paz en el país, que es operada por la Radio Nacional, recibió una amenaza a través de un mensaje de WhatsApp en el que le advertían que tenía 24 horas para abandonar el municipio.

Por segunda vez en el último año la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió reducir el esquema de seguridad de Ricardo Ruidíaz. Desde agosto la FLIP ha registrado siete acciones violentas contra este comunicador. El periodista interpuso una tutela y un juez ordenó a la UNP que reestableciera el esquema de protección.

El caso de la periodista Silvia Duzán, asesinada el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra, Santander, junto a tres integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, fue declarado de lesa humanidad. Duzán se encontraba en dicho municipio realizando un documental para el Canal 4 de Londres. La Fiscalía reconoció que este crimen hizo parte de un ataque sistemático de grupos paramilitares razón por la que optó por esta declaratoria la cual deberá estar acompañada de esfuerzos para aclarar el crimen.

Lamentablemente en este período prescribieron los casos de Rodolfo Julio Torres, asesinado el 21 de octubre de 1999; Alberto Sánchez Tovar, asesinado el 28 de noviembre de 1999; Luis Alberto Rincón, asesinado el 28 de noviembre de 1999; y de Pablo Emilio Medina Larrota, asesinado el 3 de diciembre de 1999.

También prescribieron los casos de Fabio Leonardo Restrepo, asesinado el 6 de febrero de 2000 en el Girón, Santander; Jhon Jairo Restrepo, asesinado el 6 de febrero de 2000 en Girón, Santander; y de María Helena Salinas Gallego, asesinada el 5 de marzo de 2000 en San Carlos, Antioquia.

Este año podrán prescribir los siguientes casos: Carlos José Restrepo Rocha, asesinado el 7 de septiembre de 2000 en San Luis, Tolima; Juan Camilo Restrepo Guerra, asesinado el 31 de octubre de 2000 en Ebéjico, Antioquia; Gustavo Ruiz Cantillo, asesinado el 15 de noviembre de 2000 en Pivijay, Magdalena; Guillermo León Agudelo, asesinado el 30 de noviembre en Florencia, Caquetá; y de Alfredo Abad López, asesinado el 13 de diciembre de 2000 en Florencia, Caquetá.

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