Bolivia

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Informe ante la SIP
28 de marzo de 2020

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Después de casi 14 años de una política de asfixia financiera, persecución tributaria y censura al trabajo de periodistas y medios independientes, la recuperación de las libertades constitucionales ha sido el primer signo tras la renuncia y huida de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.

La salida de un gobierno que desconoció la Constitución y se habilitó a un cuarto mandato, usando su influencia sobre un Tribunal Constitucional y apoyado por un Tribunal Supremo Electoral que aceptó la vulneración de la Constitución, ha dejado profundas huellas de fragilidad económica a los medios independientes que quedaron en un estado de precariedad económica preocupante. Dos diarios fueron cerrados, La Prensa y El Norte, la asfixia financiera redujo las salas de Redacción, mientras tanto la exclusión de la publicidad estatal y la obligación de publicar avisos gratuitos entre 2010 y 2019, provocaron una sangría económica en los principales diarios.

Morales alentó que se crearan periódicos de menor circulación privilegiándolos con publicidad oficial, fortaleció a dos cadenas privadas de televisión con contratos millonarios y apoyó con publicidad oficial a radioemisoras para que difundieran propaganda para fortalecer su imagen.

Mientras se excluía de la publicidad estatal y se perseguía con la autoridad tributaria a los medios independientes, se imponían campañas de difusión gratuita en los medios, algo prohibido por la Constitución.

La política de presión tuvo como aliados a algunos sectores sindicales de trabajadores de la prensa que apoyaron el plan de asfixia financiera con la expectativa de convertirse en dueños de los medios quebrados. El gobierno promulgó la Ley de Creación de Empresas Sociales que, en la práctica, alienta al sabotaje en las empresas para su posterior transferencia al sector laboral. La norma continúa vigente.

Otro modo de confiscación de recursos financieros fue la creación de un seguro de vida para trabajadores de la prensa que impone a las empresas un 1% del ingreso real y efectivo a un nuevo fondo privado, duplicando las obligaciones y aportes de los medios a ese tipo de fondos.

Durante el gobierno de Morales las transmisiones de los informes presidenciales a través de cadenas de radio y televisión fueron obligatorias. El gobierno actual propuso su derogatoria.

Existen corrientes de información, incluso extranjeras, que pretenden eliminar la historia de atropellos y ataques contra la libertad de prensa cometidas como parte de la política oficial de asfixia y silenciamiento contra los medios por parte del gobierno de Morales. A esto se suman sectores políticos afines al anterior modelo político, con el interés de desvirtuar el trabajo que cumplen periodistas y medios independientes.

A diferencia de la gestión de Morales, hoy se advierte interés gubernamental de informar y de restituir libertades al trabajo de los periodistas y medios.

Esto no significa el cese de agresiones verbales o físicas a periodistas por su labor informativa durante la cobertura de conflictos. La estigmatización continúa, a los periodistas se los califica con frecuencia de "prensa vendida" en actos y marchas de protesta.

También preocupa que algunos activistas sociales se atribuyen la condición de periodistas sin tener relación de dependencia con los medios de comunicación.




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