Impunidad Brasil

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Resolución ante la SIP
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CONSIDERANDO que el periodista brasileño Lourenço Veras, conocido como Léo Veras, fue asesinado a tiros el 12 de febrero en la ciudad de Pedro Juan Caballero, ubicada en la frontera de Paraguay y Brasil; que este había denunciado en el sitio web Porã News acciones del narcotráfico en la frontera; que 10 personas fueron arrestadas por el crimen

CONSIDERANDO que los jueces del 1er Panel de la Primera Sala Penal del Tribunal de Justicia de Bahía aceptaron el 11 de febrero el recurso de Apelación del Ministerio Público, determinando la extensión a 13 años de prisión, bajo régimen inicial cerrado, de la sentencia de Marcone Sarmento, condenado por el asesinato del periodista Manoel Leal de Oliveira, el 14 de enero de 1998, en Itabuna, Bahía; que corresponde al Ministerio Público exigir el arresto de Sarmento para llevar a cabo la sentencia, dado que respondió al proceso estando en libertad

CONSIDERANDO que fueron identificados los autores intelectuales de los asesinatos de Aristeu Guida da Silva, que tuvo lugar en el municipio de São Fidélis, en el estado de Río de Janeiro, en mayo de 1995, y de Manoel Leal de Oliveira, ocurrido el 14 de enero de 1998, en Itabuna, en el Estado de Bahía; que ambos casos fueron referidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exigió la reapertura de los procesos para castigar a todos los involucrados en el crimen

CONSIDERANDO que permanecen impunes los asesinatos de locutores de radio, blogueros, comunicadores y periodistas investigados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dentro del Proyecto Impunidad, entre ellos los de Ivan Rocha, presentador de Rádio Alvorada AM de Teixeira de Freitas, Reinaldo Coutinho da Silva, ocurrido el 29 de agosto de 1995, en São Gonçalo, Río de Janeiro; Edgar Lopes de Faria, el 29 de octubre de 1997 en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, y de José Carlos Mesquita, el 10 de marzo de 1998 en Ouro Preto do Oeste, Rondônia;

CONSIDERANDO que el juez Lourival Machado da Costa programó para el 23 de junio el juicio de los cinco acusados en la muerte del locutor Valério Luiz, asesinado en 2012 cuando salía de la estación donde trabajaba en Goiânia, en el estado de Goiás; quienes fueron denunciados: Urbano de Carvalho Malta, Marcus Vinícius Pereira Xavier, Ademá Figueredo Aguiar Filho, Djalma Gomes da Silva y el ex presidente del Atlético Goianiense, Maurício Borges Carvalho, este último designado como autor intelectual del crimen

POR CUANTO la abogada Alexandra Oliveira Menezes, junto con la oficina del criminalista Eduardo Mayr, reveló a la prensa el 22 de enero que solicitaría un reexamen del hueso encontrado en un cementerio subterráneo e identificado como perteneciente al periodista Tim Lopes, de TV Globo, asesinado en junio de 2002 en Río de Janeiro; que el abogado argumentó que Elias Maluco, condenado por ordenar el asesinato, sería inocente y que el proceso podría ser revocado; que en octubre de 2019, el STF (Tribunal Federal Supremo) revocó una orden judicial que lo liberaría

CONSIDERANDO que existen casos de agresión y asesinato de comunicadores, algunos de los cuales corren el riesgo de quedar impunes debido al tiempo transcurrido y las medidas que facilitan la anulación de pruebas o el aplazamiento de la justicia

CONSIDERANDO que la "Cartilha Aristeu Guida da Silva - Normas internacionales para la protección de los derechos humanos de los periodistas y otros comunicadores" fue relanzada por el Gobierno Federal en medio de agresiones e intimidaciones promovidas por el presidente de la República y otros miembros del Gobierno contra profesionales de la comunicación, lo cual refuerza la necesidad de reiterar el cumplimiento de los acuerdos y tratados firmados por Brasil previstos en este documento

CONSIDERANDO aún no ha sido ejecutada la Recomendación No. 07, de 13 de junio de 2019, de la Comisión Permanente sobre el Derecho a la Comunicación y la Libertad de Expresión, vinculada al Consejo Nacional de Derechos Humanos, que establece que el tratamiento de los comunicadores por parte de agentes públicos debe seguir "pautas establecidas en estándares internacionales y nacionales que tienen como objetivo garantizar el respeto por la práctica profesional, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información"

CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: "El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

Solicitar la identificación y el castigo ejemplar de los responsables de agresiones y amenazas a los comunicadores en el ejercicio de su profesión, no solo de los intermediarios, sino también de los autores intelectuales

Solicitar a las autoridades responsables que reabran los casos de Manoel Leal de Oliveira y Aristeu Guida da Silva a fin de castigar a los autores intelectuales de los crímenes

Exigir apoyo para la constitución del jurado que juzgará a los acusados por el asesinato del periodista Valério Luiz, a fin de que el juicio no se posponga más

Presentar a la sociedad la "Cartilha Aristeu Guida da Silva - Normas internacionales para la protección de los derechos humanos de los periodistas y otros comunicadores", no solo difundiéndola en las universidades, sino también a través de medidas prácticas para prevenir la agresión y castigar a los agresores de libertad de expresión y comunicación

Adaptar el Programa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas a las necesidades de los comunicadores, asignando un presupuesto suficiente para su ejecución

Solicitar el refuerzo de los Programas de Protección de Testigos, con la asignación de fondos para su mantenimiento y expansión, si es necesario, alentando así la resolución de casos antiguos e impunes

Solicitar el cumplimiento de la Recomendación No. 07, del 13 de junio de 2019, del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que prevé la adopción de un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra los comunicadores y a crear un entorno favorable para el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión y, entre otros asuntos, condenar, de manera pública, inequívoca y sistemática, cualquier forma de violencia y ataque contra los comunicadores, así como alentar a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y rapidez en la investigación de los hechos y sancionar a los responsables de estos.

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