Chile

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Informe ante la Reunión de Medio Año
Abril 20-23, 2021
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El 25 de octubre se realizó el plebiscito que aprobó por una amplia mayoría (78,27%) la redacción de una nueva Constitución. La elección del órgano constituyente se realizará el 15 y 16 de mayo.

Todavía no comenzó la discusión sobre el contenido de la Constitución, pero ya se han planteado ideas sobre la posible regulación de medios, como el reconocimiento del derecho de protección de datos personales y el derecho a la propia imagen. Un grupo de académicos y asociaciones han propuesto el "derecho a la comunicación" como un derecho más amplio que los ya reconocidos por la Carta vigente, con características muy similares al concepto en la Constitución de Ecuador de 2008.

Cuando el Congreso Nacional postergó las elecciones para el 15 y 16 de mayo, debido a la pandemia, suspendió la franja de propaganda televisiva. Ello causó preocupación en los medios porque la comisión de Constitución del Senado impidió a las radio y televisoras dar cualquier tipo de exposición (participación en debates y entrevistas) a candidatos a la Convención Constitucional.

En la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, se propuso eliminar publicaciones que se efectúan en los diarios nacionales y locales, tales como la nómina de candidatos, y se establecía que dichas publicaciones se harían en el sitio web del Servicio Electoral. Los reclamos de las asociaciones de prensa, radio y televisión fueron acogidos, y por estrecho margen se desechó lo que habría sido una grave restricción a la libertad de prensa.

El Gobierno dispuso que los medios de comunicación están incluidos dentro de la categoría de servicios esenciales, ante las restricciones que se impuso por la pandemia. A solicitud de la ANP, el gobierno incluyó a los suplementeros como personas que realizan funciones esenciales, y ahora pueden transitar sin mayores limitaciones.

Debido a la contracción de la economía, desde marzo de 2020 a la fecha se ha generado una realidad muy crítica para los medios de comunicación. Varias empresas periodísticas se han visto obligadas a realizar despidos masivos, mientras que algunos diarios debieron suspender su impresión y concentrarse en la distribución digital. Otros tuvieron que cerrar definitivamente.

Desde antes del estallido social de octubre de 2019, la seguridad de los equipos periodísticos ya venía disminuyendo. Desde entonces, pese a que las manifestaciones públicas se han reducido mucho por la emergencia sanitaria, la violencia contra la cobertura periodística no ha disminuido. Los representantes de medios se han visto expuestos a acciones violentas de parte de manifestantes, lo que ha llevado a que en su mayoría no porten distintivos del medio al que pertenecen, capturen imágenes en lugares distantes o con cámaras públicas (CCTV), o simplemente opten por usar teléfonos inteligentes.

La exposición a la violencia además se vincula al conflicto que se produce en algunas zonas ubicadas en el centro-sur de Chile, donde se ha agravado la agresión de grupos radicalizados del pueblo originario mapuche contra los agricultores, las empresas forestales y en general toda señal de presencia del Estado. El 27 de marzo un equipo de Televisión Nacional de Chile formado por un periodista y un camarógrafo, fue primero interceptado por un grupo de esa etnia que los cuestionó por haber entrevistado a un líder mapuche de cuyas posiciones diferían; cinco minutos después fueron atacados con armas. El equipo recibió múltiples impactos de bala en la camioneta en que viajaban. Tres disparos alcanzaron a un camarógrafo del canal estatal, quien como consecuencia quedó en estado grave y perdió la visión en un ojo.

La fiscalía investiga un presunto espionaje de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) que se habría iniciado el año 2017 y afectó a un grupo de periodistas que en los últimos años investigaron casos de corrupción al interior de la institución castrense, especialmente al periodista Mauricio Weibel. Según lo que se conoce de la denuncia, funcionarios de inteligencia habrían interceptado —con autorización judicial—, los teléfonos de periodistas, y solicitado los registros públicos de Weibel y sus familiares.

La institución señala que las labores de inteligencia que realiza se ajustan al marco legal y están sometidas al control de las autoridades civiles, de todo lo cual entrega cuenta a la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia de la Cámara de Diputados, y que no puede legalmente referirse a estas actividades de forma pública. Fuentes cercanas al Ejército agregan que el foco de la intervención no habría sido el periodista, sino la fuente, que era un oficial en servicio activo. Si bien se trata de hechos que todavía deben dilucidar los tribunales y que en general tienen carácter reservado, llama la atención el silencio de las autoridades políticas pese a la gravedad de las denuncias

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