Colombia

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Informe ante la Reunión de Medio Año
20-23 de abril
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Este período registró severas restricciones al trabajo periodístico, especialmente en la frontera colombo-venezolana, la muerte de un periodista, la prescripción de varios asesinatos ocurridos en el 2000, y amenazas legales respecto a la imposición del derecho a la honra por sobre la libertad de expresión.

Por otra parte, el gobierno inició la reglamentación para que el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones financie proyectos de transformación digital de los medios de comunicación. Esta iniciativa fue aprobada por el Congreso a finales del 2020 y surgió como una manera de apoyar la recuperación económica de las empresas periodísticas afectadas por la pandemia, razón por la cual la SIP envió el año pasado una carta al presidente Iván Duque, reconociendo la importancia de este tipo de esfuerzos en un contexto de crisis de sostenibilidad para la prensa.

Igualmente, en diciembre se presentó un proyecto en el Congreso para estimular la recuperación de los medios generando estímulos de industria y asignación de recursos oficiales y de pauta oficial, todo bajo principios de transparencia e independencia editorial. La iniciativa fue inscrita por el partido Cambio Radical y contó con el apoyo de otras colectividades políticas.

Estos son otros hechos de importancia registrados en este período:

El periodista del diario Q'hubo Cali, Andrés Felipe Guevara falleció el 23 de diciembre tras recibir cuatro impactos de bala dos días antes. Guevara, de 27 años, era reportero judicial desde el 2017. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali afirmó que no había indicios de que el crimen tuviera relación con la profesión, pero inquieta una denuncia del periodista ante la fiscalía que generó dudas respecto al móvil. Un menor de edad fue capturado y presentado como presunto responsable. Todavía no se realizó una investigación exhaustiva sobre el homicidio.

El Estado adujo falta de garantías procesales y recusó a cinco de los seis jueces que conforman la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y se retiró de la audiencia en la que se juzgaba su responsabilidad por las amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya, en el 2000. La postura del Estado en cabeza del director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Camilo Gómez, generó rechazo unánime.

En su intervención, Bedoya respondió sobre su labor periodística y las investigaciones que hacía en la época de los hechos, el riesgo al que se encontraba expuesta, sus solicitudes de protección y la respuesta estatal. Narró los hechos del 25 de mayo del 2000 y el impacto en su vida.

En un fallo del 24 de marzo, la Corte IDH acogió su reclamo y resolvió: requerir al Estado que adopte medidas para proteger efectivamente los derechos a la vida e integridad personal de Jineth Bedoya Lima y Luz Nelly Lima; que informe a las beneficiarias sobre el avance de su ejecución; que informe a la Corte IDH sobre las medidas de protección adoptadas al 9 de abril de 2021; y que las representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presenten sus observaciones sobre el informe del Estado.

Las periodistas Vicky Dávila y Claudia Gurisatti recibieron amenazas por parte de Jesús Santrich, integrante de las disidencias de las Farc, a través de grupos de difusión en Telegram. El 9 de marzo, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, confirmó, las amenazas a las periodistas a través de mensajes y videos.

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Tumaco condenó a Jesús Vargas Cuajiboy, a 28 años y 8 meses de prisión, por el asesinato en marzo de 2018 de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, del diario El Comercio, de Ecuador, en la frontera colombo-ecuatoriana.

La sentencia fue consecuencia del preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Jesús Vargas Cuajiboy. Se realizó un acto de perdón y reconocimiento de responsabilidad, como medida de reparación a las víctimas, pero la Fiscalía todavía no ha logrado esclarecer en su totalidad los móviles del delito, ni identificar a todos los autores materiales e intelectuales.

En decisión de segunda instancia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo de tutela solicitado por la periodista Vicky Dávila y a Radio Cadena Nacional SAS (La FM), dejando en firme la condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá en octubre de 2020. Se trata de una demanda civil interpuesta por el excomandante de la Policía Jorge Hilario Estupiñán y su familia, por la que se ordenó pagar una cuantiosa indemnización económica.

El Tribunal consideró que la periodista le causó un daño a Estupiñán en 2014, por denuncias de corrupción cuando este era comandante en Casanare, por la compra irregular para varios destacamentos policiales.

Preocupó a organizaciones que se utilicen estos fallos como método de presión que inhiben la labor periodística.

El 20 de noviembre, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó al canal Las Igualadas, a Fidel Cano y a El Espectador, la rectificación de una opinión emitida en el canal, tras denuncias de mujeres por violencia de género en contra de José Francisco Jacomo Ángel, pastor principal de la congregación religiosa El Shaddai.

El 6 de octubre Gustavo Rugeles, director de El Expediente, fue notificado de una orden de arresto y a pagar multa de dos salarios mínimos, por el incumplimiento de una tutela que le exigía eliminar y rectificar una publicación difundida en redes sociales y en su portal.

El Juzgado 16 civil del circuito de Barranquilla desestimó el proceso de acoso judicial iniciado por Abelardo De La Espriella, con el que pretendía silenciar a la opinión de la periodista Cecilia Orozco. El juez no encontró probado el daño alegado por De La Espriella a su honra y buen nombre, presuntamente ocasionado por publicaciones sobre sus prácticas como abogado de un ex-magistrado de la Corte Constitucional, acusado por posible concusión.

Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, periodistas venezolanos y corresponsales del medio NTN24, fueron detenidos ilegalmente junto a dos miembros de la ONG FundaREDES, durante casi veinte horas por la Guardia Nacional Bolivariana en marzo. Fueron amenazados y les robaron sus equipos de trabajo y documentos de identidad. Los periodistas de NTN24 habían sido designados el día anterior como enviados especiales para cubrir la escalada de violencia en la frontera colombo-venezolana, producto de enfrentamientos entre el Ejército venezolano y un grupo disidente de la guerrilla colombiana. Se habían acercado a un comando de la Guardia Nacional Bolivariana para pedir autorización y protección.

El 16 de marzo del 2021 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, revocó la condena histórica contra el sicario que asesinó al periodista Luis Antonio Peralta y a su esposa Sofía Quintero. El Tribunal redujo 13 años de la condena, como resultado del desconocimiento injustificado de la relación del oficio periodístico de Peralta con su asesinato.

Peralta era un periodista crítico de la gestión pública en la región, en donde ejerció el oficio por más de treinta años. Su trabajo estaba relacionado con las denuncias sobre irregularidades en la contratación estatal, extracción de petróleo y corrupción. Su emisora, Linda Stereo, de la cual fue fundador y director, fue la plataforma a través de la cual hizo públicas sus denuncias y entregó a la ciudadanía información valiosa sobre las autoridades y los funcionarios.

Durante varios meses el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, mantuvo injerencia sobre la línea editorial del canal de televisión público Telecafé. Realizó llamados de atención a los periodistas sobre la forma en la que se estaba dando la información en la franja Telecafé Noticias.

Nubia Martínez, directora nacional del partido político Centro Democrático, se refirió a los periodistas de Noticias Caracol como "militantes" y aseguró que este noticiero divulga "falsas noticias en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez".

Un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón, el Estado colombiano no ha implementado acciones que garanticen su vida e integridad ni tomó medidas contra el Ejército Nacional.

El 19 de agosto del 2020 los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, manifestaron al Gobierno colombiano su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo de su trabajo.

El periodista de Noticias Caracol Arlex Piedrahita tuvo que exiliarse tras recibir nuevas amenazas. El 16 de octubre Piedrahita recibió un mensaje de texto a su celular en el que lo declaraban objetivo militar y lo amenazaban de muerte a él y a su familia. Estarían relacionadas a su trabajo sobre temas judiciales y narcotráfico, en los departamentos de Valle del Cauca y el norte del Cauca.

El 27 de octubre el periodista Mario Manuel Ubarnes fue amenazado. Dejaron en la puerta de su casa en San Antonio de Palmito, Sucre, una bolsa negra que contenía una corona fúnebre. Ubarnes dirige un programa radial en la emisora comunitaria Palmitos Estéreo en el que recientemente ha hecho denuncias sobre el robo de ganado en esa región y sobre irregularidades relacionadas con la contratación en la administración municipal.

El 15 de octubre el periodista Omar Martínez recibió una amenaza. Según Martínez, un conocido suyo le manifestó que lo habían llamado para que le dijera al periodista que "se quedara quieto y dejara los ataques a la alcaldía", y que había un plan para atentar contra su vida. Martínez publica semanalmente en su perfil de Facebook un video columna sobre las gestiones de la administración municipal y las actuaciones de los funcionarios públicos de Caucasia.

Preocupante resulta un proyecto de ley que establece "medidas de protección al derecho fundamental a la honra, honor, buen nombre, intimidad personal, familiar e imagen", y que en la exposición de motivos explica que pretende "resolver la colisión de derechos fundamentales consistente entre la protección del derecho a la honra y buen nombre, y la aplicación de los derechos a la libertad de expresión y de prensa".

El proyecto pretende crear reglas para definir cuándo predomina un derecho sobre otro y crear un juicio a priori, que sustituiría la ponderación de un juez constitucional, en materia de proporcionalidad entre principios constitucionales, lo que resulta determinante al momento de defender el derecho a la libertad de prensa y de expresión.

Otro proyecto que "reglamenta la publicidad en redes sociales y se dictan otras disposiciones", establece que quedan proscritas algunas formas de mensaje comercial en las redes sociales. Preocupa que este modifique las reglas comunitarias de las redes sociales para establecer causales más amplias de prohibición. El proyecto faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para sancionar a las personas por incurrir en cualquiera de estas conductas, generando una nueva vía para limitar la libertad de expresión, bajo un discurso de derechos del consumidor.

Prescribieron en este período los siguientes asesinatos contra periodistas, ocurridos en el 2000: Juan Camilo Restrepo Guerra, asesinado el 31 de octubre; Gustavo Ruiz Cantillo, el 15 de noviembre; Guillermo León Agudelo, el 30 de noviembre y Alfredo Abad López, el 13 de diciembre de aquel año.

Están próximos a prescribir los crímenes contra los periodistas Flavio Iván Bedoya, Yesid Marulanda Romero, Edgar Tavera Gaona, Pablo Emilio Parra Castañeda, Arquímides Arias Henao, Jorge ("Jose") Enrique Urbano Sánchez, José Duviel Vásquez, Eduardo Estrada Gutiérrez y Álvaro Alonso Escobar.

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