Las agresiones y amenazas contra periodistas y medios durante las jornadas de protesta social y vandalismo entre abril y junio, así como el asesinato de un reportero e intimidaciones fueron los hechos más preocupantes en este período.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones terminó de forma anticipada y sin beneficiarios la convocatoria pública para los medios que aspiraban a acceder a recursos destinados para su transformación digital. La iniciativa fue aprobada por el Congreso el año pasado y tenía el propósito de incentivar la recuperación de los medios ante el impacto de la pandemia.
La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) lamentó la decisión, pero manifestó su confianza en que el Gobierno y el Congreso trabajen en políticas públicas para fomentar el fortalecimiento de los medios.
El hecho más grave se produjo el 19 de septiembre. Fue asesinado el periodista Marcos Efraín Montalvo, en Tuluá, Valle del Cauca. Montalvo trabajó para el diario El País, de Cali, las emisoras Radio Reloj y La Cariñosa, en el semanario El Tabloide y el periódico La Variante. Según las autoridades, su asesinato tendría relación directa con su labor periodística. El periodista venía haciendo denuncias sobre hechos de corrupción. La Fiscalía General priorizó su caso y los entes regionales ofrecieron recompensas por pistas sobre los criminales.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró más de 300 agresiones contra la prensa durante el estallido social. A veces los reporteros se vieron en medio del fuego cruzado entre los manifestantes y los agendes de la fuerza pública. Sin embargo, la mayoría de las agresiones provino del lado estatal.
La FLIP documentó 181 incidentes contra la prensa entre agresión física, hostigamiento, detención ilegal, obstrucción al trabajo periodístico y amenazas. También registró 79 actos de daños a la infraestructura de medios, medios de transporte, amenazas a periodistas, hostigamientos, estigmatización, agresiones en redes sociales y obstrucción al trabajo periodístico.
Otros hechos de relevancia:
El 8 de junio, el periodista Pincen Mora, de la radio Extrema Noticias, fue objeto de un atentado en Medellín, Antioquia. Ocho hombres armados dispararon contra su vivienda y sede de la radio, e intentaron ingresar a la misma. Mora ha denunciado irregularidades en la venta de lotes en su barrio.
Entre el 13 y el 22 de junio, los periodistas Rafael Gómez, Édgar Astudillo, Organis Cuadrado y Rafael Moreno, del departamento de Córdoba, recibieron amenazas de muerte.
El periodista Andrés Benavides, director de la emisora comunitaria Paraíso Stereo, de Puerres, en Nariño, ha venido recibiendo intimidaciones. El 1 de septiembre fue interceptado en una carretera por tres hombres que lo abordaron y lo amenazaron por ser el director del medio.
El 24 de septiembre el periodista Juan Pablo Barrientos fue notificado de siete acciones de tutela promovidas por distintos sacerdotes en el departamento del Meta, quienes pretenden censurar su libro "Este es el cordero de Dios". Las tutelas piden que se suspenda la reproducción, comercialización y venta del libro y que Barrientos revele las fuentes que usó para escribirlo. El libro relata la historia de un sobreviviente de abusos sexuales cometidos por 38 sacerdotes de la Arquidiócesis de Villavicencio.
El 31 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los periodistas José Alberto Tejada y Jhonatan Buitrago, de Canal 2 en Cali, al considerar que están en situación de riesgo.
Se encuentra en revisión de la Corte Constitucional un proyecto de reforma al Código Electoral, sobre el que varias organizaciones mostraron preocupación porque podría afectar la libertad de expresión en las redes sociales.
También preocupa el Proyecto de ley 600 de 2021, que exige responsabilidad a los medios y proveedores de servicio de internet sobre protección a los derechos de la infancia y la adolescencia por contenidos considerados nocivos.
En lo positivo, el proyecto de ley 090 de 2021 limita el uso del sistema judicial como mecanismo de intimidación de la prensa libre mediante procesos que carecen de fundamento probatorio y no buscan resarcir un daño.
En diciembre prescribirá el crimen del periodista Álvaro Alonso, asesinado el 23 de diciembre de 2001, quien realizaba denuncias de corrupción en el departamento de Magdalena. Escobar reemplazó como director del periódico Región al también asesinado Hernando Rangel Moreno, a quien habían matado el 11 de abril de 1999. Como autor material de su asesinato se vinculó al exintegrante de autodefensas Édgar Ariel Córdoba Trujillo, pero aún la Justicia no logró establecer quiénes fueron los autores intelectuales.
El fallo cuestionó severamente la violación de los derechos a las garantías judiciales de la víctima, la ausencia de protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre dichos hechos, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable.
Así mismo, advirtió sobre "indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los referidos hechos".
La Corte también aceptó la alternativa del Estado para la creación del Centro de Memoria Histórica No es Hora de Callar, que será un lugar de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo, con un reconocimiento específico a la labor de las mujeres periodistas. No Es Hora de Callar es el nombre de la campaña emprendida por Bedoya, quien actualmente se desempeña como editora del diario El Tiempo, para luchar contra toda forma de abuso que afecta a las mujeres.
