Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información
Carlos Jornet, La Voz del Interior, Argentina
77ª Asamblea General de la SIP
Sesiones Lee Hills
Miércoles 20 de octubre de 2021 - 11:30 a.m.
Muchas gracias, señor presidente. Buen día a quienes aún no he saludado.
La persistencia de la crisis sanitaria en muchos de nuestros países nos obligó una vez más a ser prudentes, a volver a reunirnos en modalidad remota, aunque hubiéramos deseado reencontrarnos. Y ojalá que ello pronto ocurra.
Lamentablemente, cuando la pandemia concluya, cuando el Covid-19 sea un recuerdo o al menos una enfermedad más manejable, menos mortal, algunos pesares se habrán instalado con más fuerza en nuestro continente.
Algunas de esas llagas que se habrán expandido, que dolerán con mayor intensidad, serán la censura, las pulsiones autoritarias, la intolerancia.
También habrán crecido los desiertos informativos.
Como bien planteaba el presidente Jorge Canahuati, comunidades sin medios locales que las representen se habrán multiplicado de un extremo al otro de nuestra América. Y habrá más terreno fértil para que crezcan la desinformación y los discursos de odio, para que germinen la corrupción y el crimen organizado.
Este escenario de pérdida de sostenibilidad para centenares de medios se ve acentuado por la creciente competencia que ejercen las plataformas globales, las cuales utilizan los contenidos de los mismos medios para quedarse con más del 80 por ciento de la publicidad digital mundial.
Ya en abril pasado, decíamos que la sombra de un cisne negro, de un impacto de consecuencias quizá irreversible para muchas publicaciones, se cernía sobre la prensa escrita; en alguna medida, sobre el periodismo en su conjunto y, por ende, sobre la libertad de expresión.
Lejos estábamos de imaginar que poco tiempo después, el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, en Nicaragua, desataría una verdadera cacería para silenciar toda voz crítica.
Y que en Cuba habría otra ola represiva como única respuesta para contener las protestas masivas contra el régimen comunista y en reclamo de libertad.
Ambas realidades fueron expuestas con crudeza y contundencia en los informes finales de dos misiones que realizamos a esos dos países de manera virtual, debido a la crisis sanitaria pero básicamente para sortear el cerrojo que ambos gobiernos imponen para que no trasciendan las tropelías que cometen contra las libertades ciudadanas y los derechos humanos.
El escritor y humorista español Jaume Perich decía que "gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco".
Como toda broma, encierra parte de verdad, pero incluye también un giro que parte de tensar la realidad para llevarnos a reflexionar.
Es cierto, la tecnología abre cada día nuevas posibilidades para la expresión libre. Y también para que podamos denunciar la opresión acercándonos a la realidad, aunque sea de manera remota.
Está claro que en muchas regiones de América no es posible decir que un gobernante es un inútil sin pagar duramente las consecuencias. Lo saben muy bien los colegas nicaragüenses y cubanos; los artistas; los defensores de derechos civiles; los sacerdotes comprometidos; los intelectuales.
Dictadores, autócratas y también dirigentes con barniz democrático, encuentran una y otra vez formas de ejercer la censura, de limitar el acceso a esas herramientas que permiten a los ciudadanos elevar su voz contra los abusos de quienes los gobiernan.
Intentemos, pues, reformular aquella frase que, más allá de las intenciones de humor, expone la tragedia que se vive en materia de libertad de expresión y de prensa. Así, podríamos decir: "Gracias a la libertad de expresión, en muchos países de América es posible decir que un gobernante es un inútil, que a él nada le pasará. Pero tarde o temprano no podrá impedir que el reclamo de libertad triunfe, que la verdad se imponga, que los abusos de poder salgan a la luz".
Es más que evidente que el propósito de toda acción autoritaria es acallar a la oposición, prolongar un statu quo que se traduce en una eternización de gobiernos despóticos en el poder.
Pero cuando la llama de la libertad se enciende, cuando el pueblo asume ese reclamo como prioridad, esa ola es indetenible.
Como símbolo de esa lucha, el jueves la SIP entregará el Gran Premio Libertad de Prensa a dos de los vicepresidentes regionales de esta Comisión, Juan Lorenzo Hollmann Chamorro y Henry Constantin Ferreiro.
Ellos representan la tenacidad para enfrentar el poder despótico.
Ellos –y muchos otros colegas perseguidos, entre los cuales crece proporcionalmente el número de mujeres– reflejan la decisión de tantos nicaragüenses y cubanos de no rendirse ante el atropello.
El mismo mensaje dio hace unas semanas el Comité Noruego al otorgar el Nobel de la Paz a los colegas María Ressa y Dimitri Muratov. No son los primeros periodistas premiados con el Nobel de la Paz, pero sí es la primera vez que el galardón es asignado por defender la libertad de expresión, "condición previa para la democracia y la paz duradera", como dice la resolución.
La presidenta del comité dijo que Ressa y Muratov "representan a todos los periodistas que defienden este ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa se enfrentan a condiciones cada vez más adversas".
Ese entorno asfixiante para el ejercicio de la actividad se ve agravado cada vez más por discursos confrontativos, descalificantes, que promueven la violencia contra periodistas.
Otros nueve comunicadores murieron por hechos violentos en los últimos seis meses en las Américas: seis en México y uno, respectivamente, en Brasil, Colombia y Haití.
De tal modo, la cifra de asesinados en ejercicio de su actividad asciende a 17 en los últimos 12 meses.
Uno de los desvelos de la SIP, y tema central de trabajo de nuestra subcomisión de Impunidad, es evitar que la muerte de cada periodista caiga en el olvido, por deficiencias en la investigación o por insuficiente compromiso judicial.
Por ello, en este semestre hemos realizado gestiones con representantes de gobiernos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con los familiares de periodistas asesinados, en demanda de justicia, pero también para que se impulsen políticas públicas efectivas para proteger a los periodistas. Y, sobre todo, para que los estados puedan resarcir moral y económicamente a los familiares de las víctimas.
Un hito en este trabajo en conjunto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la reciente condena al Estado colombiano por los hechos de tortura, secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya, actualmente editora en El Tiempo, ocurridos en el año 2000 cuando ella realizaba un trabajo de investigación en la cárcel Modelo, en Bogotá.
El fallo justamente cuestiona con dureza la violación de los derechos a las garantías judiciales de la víctima, la ausencia de protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre dichos hechos, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable.
Asimismo, advierte sobre "indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los referidos hechos".
Respecto de la escalada represiva contra la prensa que se registra actualmente, un dato en extremo representativo de la acción o complicidad estatal en algunos países es que en estos seis meses pagaron con cárcel el reclamo de libertad 20 periodistas independientes en Cuba y 37 colegas y dirigentes opositores en Nicaragua.
En estos momentos están presos:
En Brasil, el bloguero Paulo Cezar de Andrade Prado.
En Cuba, dos periodistas independientes Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez y el youtuber Yoandi Montiel, mientras que las colegas mujeres Mary Karla Ares y Camila Acosta permanecen en arresto domiciliario.
En Nicaragua, nuestro vicepresidente regional Juan Lorenzo Holmann Chamorro, y también Miguel Mendoza. Y otros dos integrantes del directorio de La Prensa, Cristiana Chamorro y su hermano Joaquín Chamorro, ella en arresto domiciliario por ser precandidata a presidenta, y él porque anticipó que sería precandidato.
Cuando repasamos los informes país por país, que ya pueden ser consultados en nuestro sitio en internet, comprobamos la existencia de pavorosas restricciones de acceso a la información pública prácticamente en todos los países; un aumento de agresiones en el marco de protestas sociales; discriminaciones en la asignación de propaganda oficial incremento de demandas judiciales contra periodistas, y
un creciente condicionamiento a la independencia de los poderes judiciales.
Sólo en Nicaragua registramos 57 citatorios judiciales a periodistas. Pero hubo también casos en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay y Cuba.
Los casos más extremos contra medios, como mencionaba nuestro presidente en su discurso inaugural, fueron la toma y expropiación de las instalaciones de El Nacional, de Venezuela, unos días después de nuestra reunión de medio año, y una acción similar ordenada por el régimen de Daniel Ortega contra La Prensa, en Nicaragua.
En el primer caso, el objetivo fue ejecutar la sentencia expoliatoria que había condenado al medio a pagar el equivalente a 13 millones de dólares a Diosdado Cabello. En lo que hace a La Prensa, ni siquiera se esperó una sentencia judicial firme para arremeter contra el medio e intentar silenciarlo, lo que no sucedió por la tenacidad de sus directivos y personal.
Amenazas, ataques y otros hechos violentos hubo en Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.
Es difícil precisar el número de periodistas que debieron exiliarse en los últimos seis meses, pero los datos que se conocen hablan de al menos 26 en Nicaragua y dos en Cuba, mientras que dos reporteros extranjeros fueron expulsados por el gobierno de El Salvador.
La estigmatización desde el Estado –en general, antesala de ataques más graves contra la prensa– registra casos recurrentes en Argentina, Brasil, El Salvador, México y Perú.
Y sin duda el tema más reiterado en los informes que recibimos para esta asamblea son las restricciones de acceso a la información.
Pese a la gravedad de la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia, las limitaciones para el trabajo periodístico crecieron en prácticamente todo el continente, y con mayor frecuencia e intensidad en Antigua & Barbuda, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Trinidad Tobago.
Como vemos, la falta de transparencia se produce en países con gobiernos de uno y otro signo ideológico; gobiernos autoritarios y también aquellos de naciones con mayor tradición democrática; en algunos casos por la fuerza de los hechos, en otros, por avances legislativos o judiciales. Por ejemplo, en Bolivia, donde un proyecto de ley aboga por la eliminación del secreto periodístico y otro restringiría el acceso a la información.
La tendencia a regular el flujo de información por internet es otra de las amenazas que se ciernen en la región. Ya que con la excusa de evitar la propagación de desinformación, y bajo títulos grandilocuentes, se presentan proyectos que terminan limitando la libertad,
Así ocurre, por ejemplo, en Canadá, con un proyecto de ley contra el odio que crea supervisores de "seguridad digital"; en Chile, con textos que debate la nueva Constituyente; en Colombia, con proyectos para regular las redes sociales y contenidos sobre infancia y adolescencia; en Cuba, con el decreto ley 35; en El Salvador, con iniciativas regulatorias del régimen de Bukele; en Venezuela, donde el gobierno bloquea regularmente los sitios de internet de los medios independientes.
Todas estas duras realidades se verán reflejadas, como ya se anticipó, en la edición 2021 del Índice de Chapultepec, que presentaremos esta tarde. Esa será una foto actualizada del escenario que vivió la prensa en el último año.
Pero desde hace tiempo veníamos procurando contar con herramientas que nos permitieran una mirada en tiempo real sobre lo que ocurre en cada país del continente. Tenemos ya en avanzado estado de desarrollo un monitor que, utilizando tecnología de inteligencia artificial, mostrará en un panel interactivo los ataques a la prensa, las estigmatizaciones gubernamentales, los desvíos autoritarios que van surgiendo.
Este proyecto, al que llamamos SIP Bot, será lanzado formalmente en noviembre próximo, pero hoy les contaremos con más detalle en qué consistirá.
Otra iniciativa que lanzaremos a partir de hoy es una versión en video de la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital. Elaboradas con un lenguaje llano, busca transmitir a las nuevas generaciones los conceptos de ese documento aprobado por la SIP en 2018.
Les propongo que veamos primero la versión íntegra, de poco más de dos minutos y medio de duración y luego dos acortes elaborados para redes sociales, uno con subtítulos en inglés y otro en portugués, para llegar a todo el continente.
Ya para terminar, remarco que pese al contexto preocupante que describí anteriormente, nuestro discurso no es de desánimo. Es un llamado a la acción, a redoblar esfuerzos para cambiar esa realidad. Y a eso apuntan las iniciativas que acabamos de presentar.
Para que cuando la tormenta amaine, cuando la humanidad retome la senda del desarrollo, vuelva a brillar el sol de la libertad de expresión y encontremos los caminos que garanticen la sustentabilidad del periodismo profesional.
Y logremos que en aquellos países donde impera el oscurantismo, pronto pueda desarrollarse una prensa sólida, vigorosa, que ayude a expandir el debate ciudadano.
