Impunidad México

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Resolución ante la 77ª Asamblea General Virtual
19 - 22 de octubre de 2021
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CONSIDERANDO que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, no sólo por la cantidad de ataques cometidos en la últimas dos décadas, sino porque prevalece un alto índice de impunidad

CONSIDERANDO que por la falta de justicia la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los casos de Alfredo Jiménez Mota, Francisco Ortiz Franco, Víctor Manuel Oropeza, Héctor Félix Miranda y Benjamín Flores González, los cuales se hallan en diferentes etapas procesales

CONSIDERANDO que Alfredo Jiménez Mota está desaparecido desde el 2 de abril de 2005, y el presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, se comprometió públicamente en abril a impulsar las investigaciones; que, pese a algunas gestiones de las autoridades, siguen sin avanzar las conversaciones dirigidas a alcanzar un acuerdo de solución amistosa con el Estado con la intermediación de la CIDH, retrasando aún más el acceso de la familia a la justicia; que la organización Robert F. Kennedy Human Rights, es co peticionaria del caso desde 2018

CONSIDERANDO que el caso de Francisco Ortiz Franco, asesinado el 22 de junio de 2004, en Tijuana, fue admitido en la CIDH a finales de 2020, y en representación de la familia se aceptó dar inicio a un diálogo con delegados del Estado, para evaluar un potencial acuerdo de solución amistosa, sin embargo, una reciente investigación de la organización Alianza de Medios Mx (agregada como co peticionaria del caso) documentó que la Fiscalía General de la República dejó de investigar el asesinato, y sin notificar de manera oficial a las víctimas, trasladó la responsabilidad a la Fiscalía del Estado de Baja California, denunciada en reportajes del periodista, y tras 17 años del crimen tampoco ha informado de avances e impide la transparencia del expediente bajo el argumento de que siguen investigando

CONSIDERANDO que, a 30 años del asesinato de Víctor Manuel Oropeza Contreras, el crimen ocurrido el 3 de julio de 1991, en Ciudad Juárez, sigue en la impunidad, y las conversaciones con delegados del Estado de cara a alzar un acuerdo de solución amistosa, avanzan a paso lento

CONSIDERANDO que el caso de Héctor Félix Miranda, asesinado el 20 de abril de 1988, en Tijuana, aun no goza de justicia plena, y siguen sin ser atendidas las recomendaciones de la CIDH dirigidas a realizar una investigación seria, completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad penal de todos los asesinos, y reparar e indemnizar adecuadamente a los familiares por las violaciones a sus derechos humanos

CONSIDERANDO que, a 24 años, del asesinato de Benjamín Flores González, el 15 de julio de 1997, en San Luis Río Colorado, se mantienen las violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la libertad de pensamiento y de expresión, y el derecho a la protección judicial, preceptos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos

CONSIDERANDO que las instituciones del Estado responsables a nivel federal de velar por la defensa y protección del ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, están siendo omisas en sus responsabilidades legales, tal es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, organismos que se han burocratizado y limitados los recursos de atención, y que no verifican el cumplimiento en los estados de las pocas medidas cautelares que emiten

CONSIDERANDO que, tal como advertimos el año pasado, con la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se consumó el achicamiento legal de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la que la SIP fue impulsora; que la legislación establece que la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (artículo 13, fracción VI) cuenta con una Unidad encargada de estos delitos, al igual que los de tortura, desaparición forzada, búsqueda de personas, violaciones graves de derechos humanos, delitos contra migrantes y contra comunidades indígenas, dejando a esa Unidad con menos personal, menos autonomía y más delitos que atender, y que los casos por delitos contra la libertad de expresión que ocurran en los estados, sólo serán atraídos cuando se catalogue como una violación grave a los derechos humanos, o provenga de la CNDH, entre otros criterios, limitando las investigaciones sobre ataques a periodistas y medios de comunicación

CONSIDERANDO que a pesar del compromiso adquirido por funcionarios de la Secretaría de Gobernación desde 2019 en una reunión formal sostenida con representantes de la SIP, de atender los casos de la organización presentados ante la CIDH, durante una nueva reunión en 2021 los representantes del gobierno argumentaron desconocimiento de los casos y volvieron a comprometerse a atenderlos

CONSIDERANDO que la impunidad y la violación de las garantías de los periodistas asesinados se extiende al derecho de los familiares a conocer la verdad y alcanzar justicia; y de los periodistas a gozar de garantías para ejercer un periodismo libre y seguro

CONSIDERANDO que las autoridades tienen la responsabilidad de esclarecer más de 136 crímenes contra periodistas ocurridos en las últimas dos décadas

COSIDERADO que la falta de resolución de los casos de asesinatos contra periodistas, la violencia y la impunidad, restringen la libertad de expresión y de prensa, tal como lo expresa nuestra Declaración de Chapultepec, en su cuarto principio.

LA 77ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Reiterar al gobierno su deber de poner fin a la ausencia de justicia que rodea a numerosos otros casos de asesinatos contra periodistas en ese país

Instar a la Fiscalía General de la República a que otorgue recursos suficientes a la Unidad que investiga los casos de libertad de expresión, y no coloque obstáculos a la atracción de los ataques contra los periodistas y medios de comunicación

Emplazar a la Fiscalía General de la República que retome las indagatorias en el caso de Francisco Ortiz Franco y abra el expediente de Alfredo Jiménez Mota

Reclamar a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a que no continúen retrasando el cumplimiento de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Ratificar el compromiso de la SIP de seguir exigiendo ante la CIDH que los asesinatos contra periodistas no queden impunes, no caigan en el olvido y a buscar que el Estado repare de forma digna a las familias de las víctimas

Trabajar con la Alianza de Medios Mx, tal como lo viene haciendo la SIP con la Robert F. Kennedy Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa, para representar de manera conjunta casos ante la CIDH y procurar que los casos impunes sean resueltos, se administre justicia, y se indemnice moral y económicamente a los familiares de las víctimas

Resaltar nuestra esperanza de que se esclarezcan los casos de Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Benjamín Flores González, Francisco Ortiz Franco y Alfredo Jiménez Mota, así como de cientos de periodistas mexicanos, cuyos asesinatos impunes siguen enlutando a la comunidad periodística.

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