La libertad de prensa se ha visto opacada por varias actitudes y acciones de autoridades del país en contra de reporteros de medios de comunicación.
El 8 de marzo fue asesinado el periodista Orlando Villanueva que ya había presentado denuncias ante el Ministerio Público en Puerto Barrios, departamento de Izabal en contra de oficiales y empresarios de la región. Villanueva publicaba en el sitio Noticias del Puerto y Facebook los actos de corrupción de la municipalidad local. El asesinato de Villanueva es una de las consecuencias de la animadversión en contra de periodistas y medios críticos del gobierno central y del interior.
La Asociación de Periodistas de Guatemala ha reportado 19 agresiones en marzo, entre amenazas, obstrucciones, intimidaciones por medio de redes sociales y difamaciones.
El presidente Alejandro Giammattei suele estigmatizar a la prensa. "¿Sabe qué? Vayan a los Tribunales. ¡Dejen de mentir!", le dijo a un reportero de Guatevisión cuando le pedía información sobre una investigación de corrupción en la que se le acusaba.
Existe una instrucción no escrita dirigida a Ministerios, Unidades descentralizadas y demás organizaciones del Estado para que no contraten pauta publicitaria en ningún medio que critique al gobierno o al presidente Giammattei.
También los poderes Judicial y Legislativo atacan a la prensa.
El juez Edgar Aníbal Arteaga López, de Puerto Barrios, Izabal, ordenó la captura del periodista Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, acusándolo de haber participado en ataques contra policías en una manifestación contra una mina ubicada en esa zona del país.
El juez de Mayor Riesgo "D" (suplente), Edwin Ramírez, prohibió la entrada a tres periodistas a una audiencia de primera declaración en el caso "Rancho Bejuco" por una masacre de la que se responsabilizó a expatrulleros civiles. El juez adujo regulaciones por pandemia y advirtió con iniciar acciones legales si "percibía" que las publicaciones sobre la audiencia "no están acorde a lo que resuelva" o lo que él creyera que había sucedido en el proceso del juicio.
En el departamento de Quetzaltenango se registraron agresiones contra periodistas de parte de empleados municipales. Intentando evitar "noticias negativas" mientras cubrían un problema relacionado con el basurero municipal, exigiéndoles que "cubran noticias positivas".
El 8 de marzo el Congreso aprobó la "Ley Para la Protección de la Vida y la Familia", iniciativa 5272. La ley criminaliza la educación sexual si ésta "no coincide o es incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano".
Aunque la ley luego archivada por solicitud del presidente Giammattei, los esfuerzos para acallar a la prensa continúan con otros decretos que esperan ser aprobados. Por ejemplo, el proyecto 5940 "Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia contra los transtornos de la Identidad de Género". Prohíbe a los medios de comunicación transmitir cualquier información o contenido relacionado con la identidad de género, en franca violación a lo que establece la Constitución sobre libertad de expresión.
Recientemente, el periodista Juan Luis Font, informó en su cuenta de Twitter que se iba del país debido a "denuncias espurias" en su contra, aclarando que no pesa sobre él ningún proceso judicial que se lo impida. Font ha sido incluido en declaraciones de acusados en los casos de corrupción que involucra a los exministros Sinibaldi y Archila. Si bien fue llamado a declarar a finales de 2021, no se le han presentado cargos. Sin embargo, el temor radica en que el Ministerio Público tiene "bajo reserva" dichos casos, por lo que no se pueden conocer avances o la posibilidad de que se emita una orden de captura en su contra.
Por otro lado, el Ministerio Público inició una investigación sobre un artículo publicado por el diario Prensa Libre el 4 de abril en el que denunciaba el temor de muchos jueces independientes de realizar su trabajo porque no tienen apoyo ni seguridad. Lo sorprendente es que la fiscal auxiliar pidió a la periodista autora de la nota que revelar sus fuentes de información, infringiendo principios de protección de fuentes confidenciales.
