Argentina

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Informe ante la Reunión de Medio Año
19-22 de abril de 2022
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El clima general para el ejercicio del oficio periodístico se vio perturbado por un discurso arraigado en sectores del oficialismo que insiste con la idea del lawfare, teoría que postula una connivencia entre medios y jueces. En ese contexto, recrudecieron los embates contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los periodistas también fueron afectados por varios casos de acoso judicial, así como por un alto nivel de estigmatización de parte de funcionarios jerárquicos del gobierno nacional y del de la provincia de Buenos Aires.

En este período se registraron dos graves ataques incendiarios contra sedes de medios. En noviembre, un grupo de encapuchados atacó las instalaciones del diario Clarín, de Buenos Aires, con bombas molotov. En las semanas posteriores, se logró identificar y detener a cuatro de los atacantes, todos miembros de un grupo anarquista. En diciembre, un grupo de manifestantes contrarios al desarrollo de la minería vandalizaron e incendiaron partes de las instalaciones del diario El Chubut, de la ciudad patagónica de Trelew. Tres manifestantes fueron detenidos.

En el terreno judicial, motivó preocupación la solicitud de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de Acusación de la provincia de Santa Fe al medio Aire de Santa Fe para que entregara contenidos de una conversación entre uno de sus periodistas y un fiscal, en el marco de una denuncia presentada por el presidente de la Corte Suprema local. En cambio, es valorable la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender la ejecución del fallo incluido en el informe anterior de octubre, que obligaba al periodista Santiago O'Donnell a entregar los originales de las grabaciones que obtuvo de entrevistas realizadas para la elaboración de un libro de investigación. Entidades de prensa, como Adepa, manifestaron que no debe vulnerarse el secreto de las fuentes periodísticas, consagrado en la Constitución nacional.

Otro pronunciamiento positivo para la libertad de prensa fue la revocatoria de la Cámara Federal de Mar del Plata al procesamiento del periodista Daniel Santoro, de Clarín.

Hubo fallos judiciales reñidos con la libertad de expresión, entre ellos, el del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis contra el periodista Diego Masci, director del portal Zbol. Masci fue considerado, en instancias previas, autor material y penalmente responsable del delito de violación de la intimidad por la publicación de un video de la actual ministra de Medio Ambiente provincial y, al momento de la filmación, ministra de Educación de la provincia de San Luis. La Corte confirmó el fallo de primera instancia, ratificado en segunda instancia, que ordenó al condenado el pago de una multa y dispuso, además, que Google removiera de la plataforma de Youtube el video que motivó la demanda, lo que configuró un antecedente a nivel provincial del llamado "derecho al olvido".

En otra decisión judicial, la justicia paraguaya ordenó la captura internacional del periodista argentino Julio Chiapetta, decisión contraria a los estándares interamericanos respecto de la persecución penal a periodistas por sus expresiones.

En las últimas semanas, la Corte Suprema analizó la validez del "derecho al olvido", a partir de la causa "Denegri, Natalia contra Google". Adepa planteó, en un amicus curiae respaldado por la SIP, la incompatibilidad de esa figura con los principios de libertad de expresión. Adepa también reflexionó, en el marco de la presentación, sobre los daños que genera al debate público la dinámica de las plataformas digitales.

En materia de medios públicos, preocupan denuncias de desvinculaciones por motivos ideológicos. También intentos desde organismos estatales de fijar criterios de coberturas periodísticas, como ocurrió respecto de las producciones por los 40 años de la recuperación de las islas Malvinas. Y el anuncio de un proyecto ligado a la regulación de redes sociales, rápidamente abortado o matizado a raíz de reacciones críticas en la opinión pública.

En materia de estigmatización contra la prensa, fue desafortunado el retuiteo del presidente de la Nación de un mensaje que calificaba al periodismo de "vergüenza nacional". Por su parte, el gobernador de la provincia del Chaco declaró que los medios deberían ser regulados, porque "la gente empieza a pensar lo que los medios y los periodistas proponen". En una línea similar, el gobernador de La Rioja planteó que deberían ponerse límites al periodismo, porque "hay quienes inventan, mienten y generan esta situación de desaliento en la sociedad". En diciembre, la senadora nacional Juliana Di Tullio intentó vincular con el armado de causas contra sindicalistas al periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, que fue precisamente quien reveló esas maniobras. En las últimas semanas, el hasta hace pocos meses juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni, también exjuez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, reiteró expresiones suyas de 2020 en las que asoció a los medios con las políticas de comunicación del nazismo y el stalinismo. Asimismo preocuparon las expresiones del hasta entonces embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, quien sostuvo que Daniel Enz, director de la revista Análisis, formaba parte de una maniobra judicial y política para perjudicarlo. Pocos días después, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión por corrupción y debió renunciar a su cargo. Irene Benito, otra periodista del interior víctima de acoso judicial, sufrió un revés judicial en una causa que busca criminalizar su trabajo.

La sustentabilidad de la industria periodística está seriamente amenazada por una combinación de factores. La economía nacional sufre los efectos de dos años de pandemia combinados con una inflación mensual que supera el 5%, un déficit crónico en las cuentas públicas y un clima de negocios particularmente adverso y agravado por un horizonte político incierto. La publicidad privada en los medios cayó en forma abrupta durante la pandemia y la pauta estatal nacional representa hoy un 20% del volumen que tenía una década atrás. Las grandes plataformas tecnológicas firmaron acuerdos por contenidos con un centenar de medios argentinos, en lo que constituye un primer paso positivo, pero claramente insuficiente. Son montos muy bajos en relación a lo que los contenidos periodísticos aportan a las plataformas y a la significación económica que tienen para las empresas periodísticas.

El 25 de enero se cumplió un cuarto de siglo del asesinato del periodista José Luis Cabezas. Su muerte trazó un límite que por fortuna no fue nuevamente traspasado desde entonces en Argentina.

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