Ecuador

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78 Asamblea General
27 - 30 de octubre de 2022
Madrid, España
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En este periodo la labor de los medios de comunicación se vio entorpecida por las fuerzas de seguridad del Estado y servidores públicos que atacaron a periodistas durante manifestaciones públicas.

Durante el paro indígena entre el 13 y el 30 de junio, en el que se registraron 335 heridos, 155 detenidos y 77 violaciones a los derechos humanos, 242 periodistas fueron víctimas de violencia. Además de intimidación verbal, muchos periodistas tuvieron que soportar que les tiren piedras, bombas lacrimógenas y hasta sufrieron ataques con látigos.

El 17 de junio el presidente Guillermo Lasso declaró el Estado de Excepción en tres provincias del país, Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, lo que se tradujo en restricciones a la libertad de prensa. El decreto especificaba que "esta limitación consistirá en el establecimiento de restricciones y/o suspensiones; o, en su defecto, el establecimiento de restricciones de calidad, de los servicios de telecomunicaciones fijas, móviles y de internet". También estableció restricciones a la publicación de información que el gobierno considerara reservada o de circulación restringida, a través de los medios de comunicación y redes sociales. Poco tiempo después, el gobierno las dejó sin efecto.

Las agresiones contra periodistas también se registraron debido a la creciente inseguridad y a la acción de la delincuencia organizada. Muchos periodistas y medios sufrieron ataques, amenazas y acciones de sicariato. En ciertas zonas del país, en especial en Guayaquil, la prensa no ha podido desarrollar normalmente su labor, ante la falta de garantías de seguridad.

Esta violencia es la consecuencia de dos asesinatos de periodistas en este período. Mike Cabrera fue asesinado el 24 de julio y Gerardo Delgado, el 10 de agosto.

Cabrera, de 33 años, dirigía en redes sociales su página Nexo Digital, en la que publicaba temas de interés local. Conversaba con otras personas en una avenida de la ciudad de Portoviejo, en Manabí, cuando dos sicarios que se movilizaban en una moto les dispararon en seis ocasiones. Las autoridades desconocen el móvil del crimen.

Delgado era gerente propietario del medio digital Ola Manta, en el que abordaba sucesos de relevancia para la comunidad y denuncias ciudadanas. Era precandidato a concejal de la ciudad de Manta. Fue atacado a balazos junto a su hija cuando se movilizaba en su vehículo por una avenida de Montecristi, en Manabí. Su hija, menor de edad, resultó ilesa. Las autoridades detuvieron a dos sospechosos.

El 7 de octubre se registró un atentado contra el canal RTS y amenazas de muerte contra el director del diario Extra. Dos sujetos que circulaban en una motocicleta fueron captados por cámaras de seguridad cuando disparaban contra la puerta de acceso a RTS. Los autores del atentado también dejaron enfrente del canal un panfleto firmado por "La Nueva Generación", en aparente alusión a uno de los carteles de narcotráfico de México, con amenazas de muerte contra el director de diario Extra, Galo Martínez Leisker, y los vendedores del periódico, además de "prohibir" su venta en Guayaquil y en las ciudades de Esmeraldas, Machala y Cuenca.

El 5 de octubre fue incendiado el vehículo del periodista Sammy Nájera.

Ante los hechos de violencia, la SIP y otras organizaciones pidieron al gobierno de Lasso implementar un sistema de protección para periodistas y trabajadores de prensa.

La fiscalía general ordenó que cinco periodistas ingresen en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos, en respuesta a los atentados y amenazas que sufrieron Guayas, Morona Santiago, Azuay, Bolívar y Guayaquil.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri continúa presionando a diario Expreso. Durante la sesión solemne por las fiestas patronales de la ciudad, Viteri pidió al presidente Lasso que retire la publicidad gubernamental al diario, descontenta por los cuestionamientos periodísticos.

El presidente Lasso también ha criticado a la prensa nacional, a la que ve como una opositora que quiere arrinconar a su gobierno.

En un fallo considerado favorable para la libertad de prensa y el ejercicio periodístico, el 3 de octubre la Corte Constitucional aceptó la mayoría de las objeciones que presentó el presidente Lasso a un proyecto de reforma de la Ley de Comunicación que presentó la Asamblea Nacional. Las objeciones de Lasso buscaban neutralizar los efectos negativos de la legislación, denominada "ley mordaza", creada y utilizada por el expresidente Rafael Correa para censurar a los medios y perseguir a los periodistas.

Lasso envió las objeciones parciales a la reforma de la ley el 24 de agosto a la Corte, con la intención, según la oficina presidencial, de "sepultar" la ley mordaza. En las próximas semanas los legisladores deberán enmendar la ley sin apartarse de la sentencia de la Corte.

Uno de los artículos vetados por Lasso, cuyo veto fue respaldado y ampliado por el tribunal, establecía que "el Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos, queda prohibida la difusión de toda información falsa".

El fallo judicial especificó que "el Estado no puede prestarse a ser un 'policía de la verdad', y que no puede decir que información es verdadera y cual es falsa, así como tampoco crear un organismo estatal que supervise a los medios de comunicación.

En su dictamen, la Corte Constitucional resaltó que los medios de comunicación deben actuar con diligencia y esfuerzo para verificar y contrastar la información. Sin embargo, advirtió que "estos deberes y compromisos deontológicos del ejercicio periodístico no tienen como consecuencia la posibilidad de exigir que los periodistas provean la verdad absoluta".

Otros hechos sobresalientes en este período:

El periodista Paúl Coello y el camarógrafo con David de la Torre camarógrafo, de Teleamazonas, fueron amenazados durante las manifestaciones en el norte de Quito.

El 19 de mayo, el expresidente Rafael Correa y varios de sus seguidores lanzaron insultos por redes sociales al periodista Arturo Torres, director del portal Código Vidrio, por publicar una investigación sobre supuestos actos de corrupción del exvicepresidente Jorge Glas.

El 21 de mayo el portal Fundamedios fue objeto de ataques a su página web por parte de trolls centers, luego que el expresidente Correa calificara a la organización como tendenciosa y desinformadora.

El 14 de junio los periodistas Juan Carlos Sola y Brayan Borja, del medio digital La Voz Ciudadana EC, fueron agredidos por un grupo de manifestantes en la ciudad de Guaranda.

Ese mismo día el periodista Patricio Viera y el camarógrafo Carlos Córdoba, de Ecuavisa, fueron agredidos con golpes por un grupo de comuneros, en las afueras del Complejo Judicial en Latacunga, donde estaba detenido Leonidas Iza, el líder de la CONAIE.

El 15 de junio fue detenido José Julián Ayala Cocha, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, mientras cubría las jornadas de protesta en Cotopaxi. También fueron agredidos por las fuerzas de seguridad los periodistas Luis y Vinicio Chiluisa, del medio digital Cordillera.

El 18 de junio los periodistas Ángel Mediavilla y Andrea Mediavilla, del medio digital Tumbaco Informado, fueron desalojados por efectivos militares del puente Juan Larrea, en la Ruta Viva, desde donde estaban realizando un Informe en vivo sobre la denominada Marcha por la paz.

El 19 de junio el portal del medio público Pichincha Comunicaciones, fue objeto de varios ataques de parte de hackers, lo que ha causado que la página web quede fuera de servicio.

El 20 de junio la periodista Evelyn Cuenca, de diario La Prensa de Chimborazo, denunció que recibió varios latigazos mientras realizaba una cobertura en el centro de Riobamba, por parte de varios manifestantes que querían impedir que grabara.

El 20 de junio, en El Triunfo (Guayas), el periodista Diego Cuenca, de Ecuavisa, fue amenazado con látigos y obligado a retirarse de una cobertura, mientras que el camarógrafo Javier Ruiz y el asistente Jorge Peñafiel fueron atacados a latigazos en los hombros, espalda y brazos.

El 21 de junio en la provincia de Cotopaxi, Excelencia, 94.7 FM, radio pública de La Maná, informó que su torre repetidora sufrió daños después de un atentado contra sus instalaciones, lo que hizo que permaneciera varios días fuera del aire.

El 25 de junio, Adriana Bermeo, del canal de la UCSG, y los camarógrafos Manuel Villagómez y Santiago Gil, fueron agredidos con palos a las afueras de la Casa de la Cultura en Quito.

El 7 de agosto varias organizaciones rechazaron el veto a los periodistas del diario El Universo por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para cubrir con fuentes propias el desarrollo del Mundial de Qatar 2022, en represalia por información sobre la nacionalidad de un jugador de la selección de Ecuador.

El 8 de agosto fue hallado en el fondo de un barranco el auto de Fernando León, director del semanario El Pueblo, de Gualaceo. León estaba haciendo una cobertura fotográfica del mal estado de la vía que conecta las provincias de Azuay y Morona Santiago.

El 15 septiembre la vivienda del periodista Jayro Delgado, fundador del medio Sucúa online, fue objeto de un atentado explosivo y de varias amenazas de muerte.

El 19 septiembre un periodista de Expreso, de Guayaquil, cuyo nombre no fue revelado, denunció que desconocidos lanzaron dos aparatos explosivos, conocidos como tumbacasas, contra la puerta y una ventana de su vivienda. No se reportaron heridos o daños materiales. Granasa, la empresa editora de Expreso, ratificó su respaldo a la labor de sus periodistas ante acciones amenazantes y rechazó cualquier forma de amedrentamiento.

El 29 septiembre los periodistas Anderson Boscán y Alondra Santiago fueron víctimas de ataques xenófobos en las redes sociales, que pedían su deportación del país. Boscán es de origen venezolano y Santiago es cubana.

El 5 octubre la camioneta del periodista Sammy Nájera Benavides, director del programa La Voz del Pueblo de radio Guaranda, fue incendiada por desconocidos en la parroquia de Magdalena, cantón Chimbo en Bolívar. El medio consideró que el ataque fue en represalia por sus denuncias de corrupción.

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