Honduras

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78 Asamblea General
27 - 30 de octubre de 2022
Madrid, España
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El gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento, en sus primeros meses de gestión, cumplió con una de sus promesas de campaña al derogar el 1 de marzo la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como la Ley de Secretos.

La legislación, aprobada en 2014, impedía que los ciudadanos se enteraran sobre compras que el gobierno realizaba sin transparencia ni licitación pública. También era un obstáculo para acceder a información pública, ya que permitía a más de 20 ministerios y oficinas de gobierno clasificar información como reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta, por 5, 10 y hasta 25 años.

En este periodo fueron asesinados dos periodistas.

El 10 de octubre fue asesinado Edwin Josué Andino, productor del canal La Tribuna TV (LTV), en Tegucigalpa. Sujetos armados y vestidos con uniformes de policía sacaron a Andino y a su padre de su vivienda y luego los asesinaron. El cuerpo de Andino, de 23 años, fue encontrado en ropa interior en una calle de la Colonia Villafranca de Comayagüela y mostraba un disparo a quemarropa en el rostro. El cuerpo de su padre fue hallado en una calle de otro barrio de la capital.

El 29 de mayo murió el periodista y camarógrafo Ricardo Ávila, de 25 años, que fue atacado cuatro días antes por sujetos que le dispararon en la cabeza mientras circulaba en su motocicleta. Ávila dirigía el programa "Fin de Semana", de Metro TV Noticias, y radio Metro de la ciudad de Choluteca. La policía manejó inicialmente la hipótesis del intento de robo; sin embargo, el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), reveló que el personal de Metro había recibido frecuentes amenazas por su política editorial y que a la víctima no le robaron una considerable suma de dinero y otros objetos de valor tras el asesinato.

En este período se ha puesto en peligro el Sistema de Protección para Periodistas, Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. La nueva secretaria de Estado en Derechos Humanos, Natalie Roque, despidió a casi todo el personal, lo que puso en riesgo la vida de 158 personas (12 periodistas) acogidas a este mecanismo. El sistema había sido creado por el compromiso del Estado frente a las demandas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de Estados Americanos (OEA) debido a la vulnerabilidad con la que operan los periodistas, los defensores de derechos humanos y operadores de justicia. El 23 de agosto la SIP pidió al gobierno revisar los cambios efectuados.

El Consejo de Ministros creó recientemente la Dirección General de Información y Prensa, que estará a cargo de elaborar y planificar la estrategia de información y prensa del gobierno. El decreto fue publicado el 19 de setiembre en La Gaceta, diario oficial. En uno de sus artículos, establece "realizar de manera permanente un monitoreo y diagnóstico de todos los medios de comunicación convencionales y alternativos que operan en el país, así como las redes sociales que operan en el país. Para ello podrá realizar o contratar mediciones, encuestas, estudios de opinión u otros".

Ha sido notorio en la presente administración una postura de confrontación de diferentes secretarios de Estado y funcionarios públicos con sectores representativos de la ciudadanía. Se ha denunciado que, desde el poder público, se intenta vulnerar derechos fundamentales.

Varios periodistas fueron víctimas de agresiones por parte de empleados públicos y activistas del partido oficial, Libre.

El periodista Alex Cáceres, denunció golpes propinados por una persona de los Comandos del Partido Libre, que han tomado instituciones públicas y ocasionan caos en las carreteras y calles de ciudades en todo el país. También varios canales y medios afines al gobierno actual recibieron amenazas.

El periodista Esdras Amado López, propietario de Canal 36 Cholusat Sur, denunció que el gobierno nacional quiere intervenir la señal de ese canal.

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