Las fuerzas de seguridad y servidores públicos representaron la fuente de mayores agresiones contra la libertad de prensa en este período, en especial durante la época de los procesos electorales del 20 de agosto y el 15 de octubre.
El clima de tensión se incrementó tras el asesinato por sicarios del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, el 9 de agosto.
En este contexto, el secretario general de la Administración Pública, Sebastián Corral, exigió a la periodista Emilia Sánchez, de Expreso, que borrara la declaración que hizo sobre un caso de corrupción en el Ministerio del Interior y pidió al director del diario que la despida.
A las amenazas a las libertades de prensa y expresión se suma la inseguridad general, producto del auge de las bandas del crimen organizado, y la ineficiencia de los organismos de seguridad y la falta de respuesta del gobierno de Guillermo Lasso.
En ese marco, la violencia contra los comunicadores sigue en aumento, según informes de organizaciones de prensa.
Este año se han registrado más de 160 ataques contra periodistas y medios. Solo en julio ocurrieron 31 ataques a periodistas, según Fundamedios.
El periodista José Luis Calderón y el camarógrafo José Luis Cedeño, del canal TC Televisión, fueron asaltados por segunda vez por delincuentes armados en Guayaquil.
Además de agresiones físicas, los periodistas suelen ser amenazados de muerte.
Lissette Ormaza, presentadora de noticias de Majestad Televisión, de Santo Domingo de los Tsáchilas, fue víctima de un atentado mientras se movilizaba en su vehículo el 23 de junio. Sospecha que el ataque está relacionado con su trabajo y viene recibiendo desde hace algún tiempo amenazas de muerte.
Blanca Moncada, directora del medio digital La Defensa, fue amenazada de muerte en sus redes sociales el 28 de julio por sus investigaciones sobre las actividades delictivas.
Periodistas y medios de la provincia de Bolívar denunciaron el 23 de agosto que recibieron amenazas de muerte de parte del crimen organizado. Se les exigía publicar un video violento en que enviaban una amenaza de muerte contra dos personas.
Desde abril, cinco periodistas salieron del país por amenazas: Andersson Boscán, Mónica Velázquez en julio, y otros tres en abril, agosto y octubre, respectivamente, cuyos nombres se mantienen en reserva; y tres fueron relocalizados dentro del país en junio y octubre tras ser intimidados.
Boscán y Velásquez, del medio digital La Posta, abandonaron el país en julio. Boscán denunció que las amenazas se incrementaron cuando difundieron su investigación "Gran Padrino", en la que se involucra al cuñado del presidente Lasso en una trama de corrupción y narcotráfico. Ambos regresaron al país en octubre.
Luis Eduardo Vivanco, periodista de La Posta, recibió amenazas y continúa en el país.
Kléver Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), pidió al ministro del Interior, Juan Zapata, que precautele la integridad física de los medios y periodistas.
Otros hechos importantes:
El 1 de mayo Danny Wilka, director del medio digital Wilar RTV, fue víctima de una agresión verbal y obstrucción en su labor mientras realizaba la cobertura de la marcha por el Día del Trabajo en Guayaquil.
El 19 de mayo la periodista Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom), recibió de parte de desconocidos un arreglo floral con una amenaza de muerte.
El 25 de mayo, Ana Galarza, exasambleísta en 2017, funcionaria del Gobierno de Lenín Moreno, al lanzar su candidatura publicó un video en sus redes sociales en el que amenzaba que derrotará a las "mafias del linchamiento mediático y la desinformación".
El 29 de mayo las periodistas Kenia Vélez y Yajaira Almeida fueron asaltadas cuando realizaban una cobertura en Portoviejo.
El 5 de junio el diario El Comercio despidió a unos 50 trabajadores, entre ellos 10 periodistas y anunció que se publicará solo en formato digital.
El 10 de junio los periodistas José Miguel Alvear, Francisco Gallo y Steffano Dueñas, de Guayaquil, sufrieron un violento asalto a mano armada luego de cubrir un partido de fútbol.
El 15 de junio un grupo de delincuentes asaltó un vehículo con ejemplares del diario Centro, de la ciudad de Santo Domingo. Los delincuentes secuestraron por varias horas al chofer.
El 24 de junio la Policía Nacional canceló la transmisión digital del diario El Correo de Machala y agredió al periodista Luis Becerra.
El 29 de junio el medio digital Guayaquil News y el canal de televisión TVC El Comercio sufrieron ataques de hackers en su página web y en su cuenta de X, en represalia por sus denuncias de corrupción.
El 5 de julio la periodista Cinthya Samaniego, del diario La Prensa, de Chimborazo, fue intimidada por funcionarios cuando intentaba entrevistar al prefecto de la provincia, Hermel Tayupanda.
El 6 de julio el periodista Miguel Valdez, del medio digital Crónica Roja, fue golpeado por un ciudadano cuando intentaba realizar una cobertura en vivo de un asesinato en Portoviejo.
El 11 de julio el periodista Wilson Cabrera, del medio digital Conectados, recibió amenazas en sus redes sociales, tras denunciar supuestas irregularidades del prefecto de Morona Santiago, Tiyua Yunkar.
El 20 de julio los periodistas Hugo Vera y Ramón Véliz, de Capital TV, de Portoviejo, fueron agredidos por el equipo de seguridad de la candidata presidencial Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana.
El 19 de agosto el periodista de investigación y candidato a la presidencia Christian Zurita recibió amenazas de muerte del grupo delictivo Cartel Jalisco Nueva Generación.
El 31 de agosto la periodista Alondra Santiago denunció ante la Fiscalía General amenazas e insultos en sus redes sociales.
El 6 de septiembre el diario El Telégrafo, la radio Pública FM y el canal Ecuador TV recibieron amenazas de bombas y debieron evacuar sus instalaciones.
El 10 de septiembre el analista económico Walter Spurrier recibió una amenaza telefónica en la que se le acusaba de ser un "sicario de tinta". El hecho ocurrió después de que publicara en El Universo un artículo titulado "Venezuela, ¿mejor que Ecuador?"
El 12 de septiembre el director del portal Llamingo Ec, Jonathan Bonifaz, recibió una amenaza telefónica en contra de él y sus colaboradores.
El 16 de septiembre el expresidente Rafael Correa volvió a descalificar en redes sociales a los medios con su habitual insulto de "prensa corrupta".
El 21 de septiembre John Lafebre, director de Lo del Momento Loja, fue informado de que políticos y funcionarios públicos de la provincia de Loja emitieron amenazas de muerte en su contra, tras sus denuncias sobre casos de corrupción.
El 15 de octubre, durante el proceso electoral, varios periodistas, entre ellos Xavier Rodríguez, de Radio Sucre, fueron agredidos cuando cubrían la llegada del candidato a la presidencia Daniel Noboa.
El 18 de octubre, una vendedora de suscripciones de El Universo recibió una llamada de una persona que le dijo que sabía dónde trabajaba y vivía su familia, demandándole que le pague $ 300 por mes.
El 22 de octubre, después de publicar una nota en El Universo, un periodista en Machala recibió amenazas de desconocidos que le dijeron "por sapo te vamos a matar". Siete días después, el periodista, su madre y esposa fueron perseguidos por hombres en una motocicleta. El copiloto de la moto lo grabó largo tiempo con su celular.
El 30 de octubre, aparecieron panfletos en Manta y Quevedo firmados por el Cartel de Jalisco Nueva Generación, amenazando a los periodistas con que no deben grabar en vivo y publicar los videos de las víctimas del sicariato. Advierten que ya tienen ubicado al periodista del diario La Marea y que, de seguir informando, será grabado cuando lo estén "picando".
A fines de octubre, dos periodistas de una radio en la región amazónica, cuyos nombres se mantienen en reserva, fueron reubicados en el país tras recibir amenazas de muerte. Fundamedios informó que las víctimas fueron advertidas de que estaban en una lista de personas a ser "silenciadas" y debían abstenerse de hablar sobre política y la actividad de los grupos de delincuencia organizada que operan en la Amazonía.
Cada vez con más fuerza, se pretende silenciar a los medios, condicionando la inversión publicitaria de las instituciones públicas nacionales, regionales y municipales. Cynthia Viteri, ex alcaldesa de Guayaquil, retiró la pauta a diario Expreso por haber publicado críticas a su gestión municipal; el gobierno del presidente Lasso también envió a un funcionario a amenazar a directivos del diario. "Deja de criticarnos o te retiramos la pauta", aunque el nivel de pauta oficial no ha sido significativo.
Por otro lado, varios medios han sido demandados por prófugos de la justicia desde la clandestinidad. Los jueces admiten las demandas sin que el acusador señale domicilio, ni dirección exacta, y solo señalan Miami-Florida, lo que va en contra de la norma. De esta forma, se limita la capacidad de defensa de los medios.
