Periodistas continúan enfrentando desafíos para proteger su trabajo y a sus fuentes.
El 11 de agosto, la policía local allanó una redacción en el condado de Marion, Kansas, y a principios de octubre el diario Las Vegas Review-Journal finalmente tuvo éxito en su larga batalla legal para proteger las fuentes confidenciales y el trabajo de Jeff German, su periodista de investigación asesinado.
En julio, el proyecto federal de ley PRESS, que proporcionaría mayor protección a periodistas y sus fuentes, fue aprobado por el Comité de Justicia de la Cámara. Sin embargo, la iniciativa aún enfrenta un camino cuesta arriba en el Senado. Si se aprueba, la ley PRESS protegerá a los periodistas para no revelar información y la identidad de sus fuentes confidenciales.
Las demandas por difamación siguen siendo una amenaza persistente para medios de comunicación y periodistas. Las organizaciones de noticias también continúan enfrentando dificultades para acceder a registros públicos.
Diecinueve agresiones a periodistas ocurrieron desde abril, lo que está en línea con el número de agresiones informadas hasta octubre de 2022.
En septiembre, el alcalde de Miami, Francis Suárez, intentó arrebatar un teléfono móvil a un periodista que lo cuestionaba sobre una queja ética. Del mismo modo, una reportera del Marion County Record sufrió una lesión en la mano cuando su teléfono fue confiscado durante el allanamiento de su redacción.
A medida que se acerca la elección presidencial de 2024, los miembros de los medios de comunicación pueden enfrentar desafíos adicionales, incluyendo un aumento en la retórica antiprensa por parte de los candidatos. El expresidente Donald Trump es actualmente el favorito para la nominación republicana. Trump tiene un historial de expresar hostilidad hacia los miembros de la prensa y ha llamado repetidamente a "abrir" las leyes de difamación para que sea más fácil para las figuras públicas demandar a los medios por difamación. En julio, un juez federal desestimó una demanda de $475 millones por difamación, que Trump presentó contra CNN caracterizando las afirmaciones de fraude electoral del medio como una "gran mentira".
La Corte Suprema ha rechazado repetidamente casos que desafían los límites constitucionales establecidos en las demandas por difamación. En octubre, los jueces se negaron a escuchar la apelación de un excandidato al Senado que perdió una demanda por difamación contra The New York Times. Sin embargo, el juez Thomas, al coincidir en la negación, reiteró su creencia de que la Corte "debería reconsiderar el estándar de real malicia".
Estas demandas por difamación destacan la necesidad de legislación que permita el rápido rechazo de "demandas estratégicas contra la participación pública" sin mérito. Hasta octubre, solo 33 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes "anti-SLAPP". Los periodistas locales en estados sin estas protecciones son particularmente vulnerables a las demandas por difamación, ya que pueden carecer de los recursos para soportar costosos litigios. Por ejemplo, un periódico local en Wisconsin, un estado sin una ley "anti-SLAPP", ha estado luchando contra una demanda por difamación presentada por un senador estatal desde 2021. El caso impulsó un proyecto de ley que limitaría la capacidad de un funcionario público para presentar demandas por difamación contra organizaciones de noticias con la intención de limitar la cobertura periodística.
El incidente más significativo en este período ocurrió en agosto, cuando las autoridades locales ejecutaron una orden de registro en las oficinas del Marion County Record, periódico semanal publicado en Marion, Kansas, con una circulación de poco más de 4.000 ejemplares. Se ejecutó una segunda orden de registro en la casa del editor y director del semanario, Eric Meyer.
El allanamiento, liderado por el jefe de policía de Marion, Gideon Cody, fue en respuesta a las acusaciones de una empresaria local de que el Record había obtenido ilegalmente información sobre su condena previa por "manejar bajo influencia de alcohol". Dicha acusación resultó infundada. Las imágenes de la cámara corporal del allanamiento muestran a Cody tomando archivos del escritorio de la periodista Deb Gruver, lo cual no se mencionaba en la solicitud de orden de registro, y comentando: "Hmm. Guardando un archivo personal sobre mí. No me importa". Se cree que el Record estaba investigando acusaciones de mala conducta por parte de Cody y la fuerza policial. En última instancia, los oficiales incautaron cuatro computadoras, dos teléfonos móviles de los periodistas y varios archivos. Cinco días después, el fiscal del condado retiró la orden de registro y ordenó que se devolvieran todos los materiales y equipos de reportaje incautados, debido a "evidencia insuficiente" para respaldar la búsqueda.
La madre de Meyer, de 98 años y copropietaria del periódico, falleció de un repentino ataque al corazón al día siguiente de que la policía llegara a su hogar. El Record ha declarado que su muerte se debió en parte al estrés del allanamiento. Varios reporteros del Record también sufrieron consecuencias de salud, y Gruver renunció al periódico, declarando: "Necesito hacer lo que es mejor para mi salud mental, que no está en su mejor momento en este momento".
En octubre, el Tribunal Supremo de Nevada decidió que la ley de protección del secreto del Estado sobrevive a la muerte de un periodista, Jeff German, de Las Vegas Review-Journal, el 3 de septiembre de 2022. El tribunal pidió a un equipo de investigadores de terceros, en lugar de funcionarios de aplicación de la ley, examinar los materiales periodísticos de German. Fue una importante victoria para los medios de comunicación y fortaleció las protecciones legales para los medios del país.
El presidente Joe Biden continúa siendo menos accesible para la prensa que muchos de sus predecesores. Durante un viaje a Irlanda a principios de este año, Biden no siguió la tradición de celebrar una rueda de prensa en el extranjero. A menudo hace discursos televisados, pero evita con frecuencia responder preguntas del grupo de prensa de la Casa Blanca después de dichos discursos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, continúa celebrando conferencias de prensa diarias, una práctica que se suspendió durante más de un año durante la administración Trump.
La pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto significativo en el acceso a los procedimientos judiciales. Por ejemplo, antes de 2020, las audiencias de la Corte Suprema solo estaban disponibles para miembros del público que podían asistir en persona. Durante la pandemia, los tribunales de todo el país comenzaron a realizar procedimientos virtuales y se hizo disponible la transmisión en vivo de las audiencias orales de la Corte Suprema en su sitio web. Defensores de la libertad de prensa han alentado a la Corte a mantener esta práctica de manera permanente, para proporcionar a los periodistas y al público una mayor comprensión del proceso judicial. La Corte Suprema no ha adoptado oficialmente esta política, pero continúa poniendo a disposición la transmisión en vivo.
Además, cada Corte de Apelaciones federal proporciona transmisiones en vivo de sus argumentos. Por otro lado, los tribunales federales de distrito han revertido algunos de los cambios realizados durante la pandemia. En septiembre, la Conferencia Judicial de los Estados Unidos votó a favor de continuar permitiendo el acceso remoto a procedimientos civiles y de quiebra. Sin embargo, esto solo se permite cuando no hay testigos declarando.
El acceso a registros públicos sigue siendo motivo de preocupación. Se presentaron varios proyectos de ley a nivel estatal para aumentar la transparencia y el acceso a los registros. Actualmente, hay un proyecto de ley pendiente en la Legislatura de Nebraska para reducir las tarifas de solicitudes de registros. Categorizaría los videos de cámaras corporales de la policía que involucran muertes bajo custodia policial como registros públicos después de la conclusión de los procedimientos del gran jurado. Del mismo modo, un grupo llamado "Arkansas Citizens for Transparency" redactó una propuesta que incorporaría la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) en la constitución estatal. Esto sucede después de que el gobernador de Arkansas firmara nuevas excepciones a la Ley de Libertad de Información del Estado.
En mayo, se arrestó a un fotoperiodista mientras documentaba una vigilia por un hombre sin hogar que fue asesinado en una plataforma de metro. Un juez pospuso el cargo de conducta desordenada y la Junta de Revisión de Quejas Civiles de la Ciudad de Nueva York ha abierto una investigación sobre el arresto. Unas semanas después, un periodista independiente fue empujado al suelo y arrestado mientras filmaba a agentes de policía que detenían a otra persona. Las imágenes de la cámara capturadas en el lugar muestran al reportero preguntando varias veces por el número de placa del oficial antes de que se le dijera que estaba bajo arresto. Los cargos contra el periodista independiente por resistirse al arresto y desobediencia están pendientes.
El reportero del Wall Street Journal Evan Gershkovich sigue detenido en Rusia, arrestado en marzo bajo cargos de espionaje. Un tribunal ruso denegó el último recurso de Gershkovich en octubre.
La posible persecución del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por parte del gobierno de Estados Unidos, sigue siendo motivo de preocupación para los defensores de la libertad de prensa. Los fiscales durante la administración Trump comenzaron a construir un caso penal contra Assange y lo acusaron de violar la Ley de Espionaje al solicitar, obtener y publicar documentos clasificados. Existe la preocupación de que esas acusaciones, que continúan bajo la administración Biden, sentarían un precedente para la criminalización de las actividades de recopilación de noticias.
