Este año la libertad de prensa estuvo afectada en el marco de un proceso electoral marcado por obstáculos y limitaciones judiciales contra varios candidatos a la Presidencia de la República, a quienes les impidieron su participación.
El clima político y social está polarizado como consecuencia de acciones emprendidas por la fiscal general María Consuelo Porras, del Ministerio Público, y el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sus magistrados y directores.
La FECI también emprendió acciones en contra del partido Movimiento Semilla por su proceso formativo en 2017, que se iniciaron cuando se confirmó que su candidato, Bernardo Arévalo, participaría en el balotaje electoral. El 20 de agosto Arévalo fue elegido presidente.
La mayoría de las acciones iniciadas por el Ministerio Público han sido apoyadas por el juez Fredy Orellana, quien en 2022 ordenó la captura del periodista José Rubén Zamora Marroquín, expresidente del desaparecido diario elPeriódico. El juez no permitió que Zamora presentara pruebas de defensa y fue sentenciado. En octubre una sala de apelaciones ordenó la repetición del juicio contra Zamora debido a las inconsistencias. Se espera que se realice pronto y de forma célere. Zamora había sido condenado a seis años de prisión y al pago de una multa de aproximadamente 38 mil dólares estadounidenses por los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Tres de sus abogados defensores se exiliaron, cuatro enfrentan procesos penales, y dos están en la cárcel. El último abogado defensor privado de Zamora, Juan Francisco Solórzano Foppa, anunció que se declararía culpable de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, alegando que no tendría un juicio justo debido a las irregularidades del proceso.
Este caso, como otros procesos judiciales, han sido declarados "en reserva", con lo cual la prensa no ha podido tener acceso a la información.
En las últimas semanas se produjeron manifestaciones y bloqueos de carreteras para protestar en contra del Ministerio Público, apoyar el proceso electoral y al presidente electo Arévalo, además de exigir la renuncia de los fiscales involucrados.
Otros hechos importantes en este período.
El 11 de agosto fueron asesinados dos periodistas en el interior del país. Edin Frangely Alonzo López, de 31 años, y Hugo Rolando Gutiérrez Alonzo, de 33, administraban la publicación Caballo Blanco en Facebook. Fueron atacados cuando regresaban de realizar una transmisión en vivo en el parcelamiento Caballo Blanco, Retalhuleu. No hay ningún avance en las investigaciones del crimen.
Personal del Congreso de la República y sindicalistas del Sindicato de Maestros dirigidos por Joviel Acevedo agredieron a periodistas de Guatevisión y Prensa Libre para evitar que ingresaran al salón en donde hablarían con la presidenta del legislativo, Joviel Acevedo, y su grupo. Los periodistas agredidos fueron Andrea Domínguez, Roberto López, Carlos Hernández, Miguel Salay y Verónica Orantes.
El 4 de mayo, el primo de José Rubén Zamora, Juan Carlos Marroquín Godoy, se declaró culpable de las acusaciones en el caso Zamora, específicamente el de obstrucción a la acción penal.
El 31 de mayo, el fiscal auxiliar de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI), Allan Javier Tánchez Castañeda, exigió por escrito al gerente general de elPeriódico información certificada de todas las publicaciones desde el 22 de julio de 2022 hasta la fecha de cierre del medio, de los periodistas y columnistas José Rubén Zamora, Gerson Alande Ortiz, Julia Catalina Corado Flores (exgerente financiera), Christian Franquel Véliz García, Jerlin Alexander Valdez, Rony Andrés Ríos García, Denis Obdulio Aguilar González, Edgar Eduardo Gutiérrez Girón, ex canciller y columnista, y Gonzalo Marroquín Godoy, expresidente de la SIP. Con la excepción de Zamora, los demás mencionados se encuentran exiliados en distintos países.
Diversas asociaciones de prensa del país, entre ellas la Asociación de Periodistas de Guatemala, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para exigir que no se vulnere la libertad de expresión con el uso de leyes de inferior jerarquía que la Ley de Emisión del Pensamiento.
Previo a las elecciones generales del 25 de junio, varios contendientes presionaron a medios y periodistas para evitar informar sobre el derroche de gastos en publicidad en redes sociales y entrega de alimentos y premios en mítines políticos.
Continúa el clima de restricción informativa por parte de funcionarios que no dan entrevistas ni declaraciones a medios independientes.
