Perú
En este período se agravaron las violaciones en contra de las libertades de prensa y expresión. A las usuales agresiones del Poder Ejecutivo y Legislativo, se sumaron las de la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional y los gobiernos regionales.
El quiebre del Estado de derecho dejó a la prensa más indefensa. Diversos analistas y exfuncionarios señalaron que la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional no son garantía de la libertad de expresión. El gobierno de Dina Boluarte intentó sin éxito limitar a los medios privados mediante la criminalización de la cobertura sobre protestas sociales.
La Fiscalía de la Nación se ha convertido en un nuevo frente de agresión contra el periodismo. Al amedrentamiento para obtener las fuentes de periodistas de investigación, se sumó la negativa a acatar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre pedidos de información relacionados con la fiscal de la Nación Patricia Benavides.
El Poder Ejecutivo fue influenciando la línea editorial de los medios públicos como TV Perú y Radio Nacional, censurando voces críticas y a más de una decena de periodistas que fueron despedidos. La presidenta Boluarte nombró a Ninoska Chandía como presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), productora de las señales del Estado de TV Perú y Radio Nacional, a pesar de que antes había dirigido el departamento de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional de la Presidencia de la República. Días antes, Jesús Solari, expresidente del IRTP, había renunciado por carta, a la par de otros tres miembros del directorio, exigiendo que la institución no sea "una ventana política" y que se garantice la "independencia editorial". Un mes después del ingreso de Chandía, unos siete periodistas y dos funcionarios administrativos se vieron forzados a dejar sus puestos luego de que el IRTP no renovara sus contratos. Se filtraron denuncias de presiones para reducir en pantalla las críticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de Boluarte.
Miembros de la Policía Nacional continúan agrediendo periodistas y limitando su trabajo, especialmente durante protestas y conflictos sociales. No existe una política para procesar a oficiales agresores. Tampoco existe una política para investigar y procesar a grupos extremistas que hostigan y atacan a la prensa.
Desde las instituciones del Estado se incrementaron las exigencias a periodistas y medios de comunicación para revelar fuentes anónimas.
En el Congreso, existe una alianza entre facciones de extrema izquierda y de derecha para legislar en contra del periodismo. El Poder Ejecutivo se sumó sin éxito a esos intentos. El gobierno presentó al Congreso un pedido de facultades para legislar sobre seguridad ciudadana, en particular sobre la criminalización de discursos, censura, patrullaje virtual y bloqueo de páginas web. Se buscaba modificar el Código Penal para "sancionar a los instigadores del delito de disturbio" en el marco de protestas. Se consideraba potenciales instigadores a funcionarios públicos o comunicadores que convocaran marchas o protestas o a ciudadanos que lo hicieran a través de las redes sociales, con lo cual se criminalizaba el derecho a la protesta y a informar al respecto.
También se buscaba modificar la Ley Contra el Crimen Organizado, incluyendo delitos facilitados por tecnologías de la información que no fueran necesariamente informáticos, lo que atentaría contra la libertad de expresión. Se permitiría el uso de datos de geolocalización sin orden judicial, lo que afectaría las garantías de privacidad de las personas.
En su votación, el Congreso retiró del pedido de facultades legislativas sobre el delito de disturbios aplicado a comunicadores o ciudadanos y estableció un 'candado' que prohíbe limitar derechos fundamentales.
La presidenta Boluarte se negó, por primera vez, a responder las preguntas de la periodista Ángela Valdés, de Canal N, sobre la implantación del estado de emergencia en nueve distritos del país a causa de la delincuencia.
Las facciones de izquierda del Congreso promovieron sin éxito legislar en materia de difamación y de colegiación obligatoria de periodistas. El Congreso aprobó en mayo en primera votación un proyecto de ley del congresista Segundo Montalvo, del partido Perú Libre, que buscaba ampliar la pena de cárcel a seis años de prisión contra aquellos que incurrieran en el delito de difamación. Luego se redujo a un máximo de cuatro años, pero el Congreso votó en contra y la iniciativa fue archivada.
Otros hechos relevantes en este período:
A mediados de mayo, el congresista Américo Gonza, del partido Perú Libre, presentó un proyecto de ley para "garantizar el acceso y la difusión de las manifestaciones artísticas y culturales nacionales". La iniciativa propone que los contenidos dedicados a manifestaciones artísticas y culturales en medios televisivos y radiales deben ser proporcionales a sus demás contenidos. Además, busca crear un órgano especializado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con apoyo del Ministerio de Cultura, para verificar el cumplimiento.
En junio, el congresista de Perú Libre Segundo Montalvo insultó y empujó a periodistas en la región Amazonas que le preguntaron sobre su desempeño en el Congreso. El congresista les dijo a los periodistas que eran "chantajistas y mermeleros".
En abril, el alcalde Arturo Fernández Bazán, de Trujillo, agredió verbalmente a varios periodistas, en especial a mujeres periodistas, con insultos sexuales.
En mayo, el grupo autodenominado La Resistencia atacó la redacción del medio de comunicación IDL-Reporteros con bengalas y basura. Los miembros de La Resistencia han vandalizado decenas de medios de comunicación y actividades periodísticas y culturales bajo la total inacción de la policía y la Fiscalía de la Nación.
A mediados de mayo, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema emitió una resolución en la que señalaba que republicar un tuit con contenido presuntamente difamatorio puede constituir un delito continuado de difamación. Ello permitió que siga en vigencia una querella presentada en 2018 contra el periodista Daniel Yovera por Carlos Gómez de la Torre Pretell, representante del grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana, acusado por periodistas de haber tenido miembros que abusaban sexual y psicológicamente de jóvenes.
En 2016, Yovera tuiteó un enlace al documental The Sodalitium Scandal, de Al Jazeera, sobre el escándalo. Lo que buscaba el periodista, según informó, era contextualizar ante la opinión pública una respuesta que daba a un reclamo del mismo Sodalicio. Para la Corte Suprema, este fue un acto intencionado de continuar difamando. Pero el año pasado el Poder Judicial, a través de dos instancias, declaró prescrito el proceso. La Corte Suprema, sin embargo, señaló que el caso no prescribió por tratarse de un "delito continuado". En junio, la Corte Superior de Justicia de Lima dio por archivado el caso, lo que deja abierta la posibilidad de que una querella se presente por "delito continuado". Finalmente, en julio, Gómez de la Torre apeló, lo que volvió a abrir el caso. Se pide una reparación de S/.1,5 millones, más de US$ 400 mil.
Familiares y allegados de Betssy Chávez, exprimera ministra del Gobierno de Pedro Castillo, agredieron a los periodistas César Cano (Canal N), Javier Rumiche (RPP), Liz Ferrer (La República) y Silvio Alvis (Exitosa), mientras cubrían su detención por la policía, ordenada por su participación en el golpe de Estado de Castillo.
El grupo La Resistencia volvió a acosar a la periodista Rosa María Palacios a las afueras de su vivienda.
Siete periodistas fueron agredidos el 19 de julio durante una protesta nacional que exigía el adelanto de elecciones generales y la liberación y reposición del expresidente Pedro Castillo.
En agosto, el equipo de Exitosa Noticias sede Huaral recibió cartas amenazantes por su información sobre la gestión municipal.
El periodista Enrique Bayona denunció que fue atacado a balazos por dos personas mientras manejaba su vehículo en Piura. Bayona había denunciado un caso de corrupción en el que se negociarían obras de infraestructura de la región.
En octubre, el primer ministro, Luis Alberto Otárola, criticó a la prensa por los pedidos de información a funcionarios y entidades públicas. "Se está ingresando a un peligroso escenario, en el cual la prensa pide información hasta por la marca del lápiz que utilizan los ministros", dijo en una conferencia de prensa. A Otárola se le investiga por contratos firmados entre el Estado y amigos personales.
En octubre, el semanario Hildebrandt en sus trece denunció un seguimiento por parte de la Dirección de Inteligencia Ejército a dos de sus periodistas, Rebeca Diz y Ricardo Velazco. Una orden de aquella dependencia, expuesta por la publicación, señalaba: "Realizar vigilancia disuasiva en los domicilios y centros de labores de los periodistas". Previamente, el semanario había publicado reportajes sobre abusos sexuales a soldados mujeres y un desfalco de fondos pensionarios del personal civil del Ejército. El canal Willax señaló que otros periodistas de Latina Noticias, Día D, La República y Cuarto Poder estaban bajo seguimiento. El Ejército negó la acusación.
Hildebrandt también denunció que la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional le ordenó informar la identidad de una fuente no revelada y la documentación que usó en un artículo del semanario. La Policía también le solicitó "datos, nombres, teléfono, dirección que se tuviera del sujeto con quien se entrevistaron", sobre otra fuente anónima usada en otro artículo.
En octubre, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público demandó a Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, que informe si algún miembro de la Fiscalía había proporcionado videos o información para un artículo en el que vinculaba al exjefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, con el propio Gorriti y con el director de La República, Gustavo Mohme. La vinculación, comprobó IDL-Reporteros, era falsa y basada en desinformación.
En diferentes cortes se seguía utilizando el argumento de aforo por pandemia para limitar la cobertura o prohibir el acceso de periodistas y medios en audiencias judiciales. No se permitió el ingreso de la prensa al juicio oral que se le sigue al expresidente Alejandro Toledo por corrupción en el caso Lava Jato. La transmisión se realizó a través del medio oficial JusticiaTV.
El 27 de octubre, un grupo de desconocidos incendió en Piura el auto del periodista Enrique Bayona, propietario del canal de televisión Palmeras TV, el segundo ataque en tres meses. Bayona había denunciado presuntos actos de corrupción, entre ellos uno vinculado al congresista Guillermo Bermejo.
El 31 de octubre los grupos radicales enmascarados autodenominados "Los Combatientes" y "La Insurgencia" agredieron a periodistas de IDL-Reporteros en la redacción del medio y a la Rosa María Palacios en su casa, bajo la complaciente presencia de policías.
El 30 de octubre la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que denunciará penalmente por difamación agravada a la producción del programa Punto Final, de LatinaTV, y a su conductora, Mónica Delta, por un reportaje en sobre los insuficientes alimentos que reciben las ollas comunes de Lima. Decenas de partidarios se manfestaron frente al canal gritando "prensa mentirosa".
En abril, Daniel Urresti fue sentenciado a 12 años por haber matado al periodista Hugo Bustíos.
En el caso de Pedro Yauri Bustamante, aunque el exasesor Vladimiro Montesinos y el Grupo Colima fueron condenados por el asesinato, sus restos aún no han sido hallados. Yauri Bustamante, secuestrado, asesinado y desaparecido el 24 de junio de 1992, conducía un programa radial en el que denunciaba excesos y corrupción del gobierno y de funcionarios en Huaura, su provincia.
