En este período hubo atropellos contra el derecho de acceso a información y varias dependencias gubernamentales fueron demandadas por medios de comunicación y organizaciones de prensa. Una opinión del Tribunal Supremo federal reconoció inmunidad a una entidad del gobierno federal que supervisa las finanzas públicas, por lo que no le aplica el derecho de acceso a información pública.
También continuaron las pugnas judiciales y el aprovechamiento de las agencias gubernamentales para procrastinar, aplazar u obstruir la entrega de información pública solicitada.
En mayo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió su opinión en un caso sobre acceso a información pública impulsado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en contra de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Junta de Supervisión Fiscal), que supervisa las finanzas públicas y, entre otras cosas, controla la corrupción y malos manejos administrativos. La Junta de Supervisión Fiscal alegaba que, como entidad dentro del gobierno local, disfruta de "inmunidad soberana".
Más de 30 entidades y 19 profesores de derecho apoyaron al CPI mediante 10 amicus curiae. Sin embargo, en una votación ocho a uno, el alto tribunal avaló los argumentos de la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a que goza de "inmunidad soberana" y no le aplica el derecho constitucional de Puerto Rico de acceso a información pública.
El 6 de septiembre, el Departamento de Recursos Naturales también fue impelido ante la Justicia por no ofrecer información pública de la agencia y la Junta de Calidad Ambiental sobre instalaciones en tres municipios.
El Departamento de Salud se encuentra ante los tribunales por incumplir con proveer datos completos sobre mortalidad en los últimos dos años.
El periódico Metro se vio obligado a recurrir a la Justicia el 11 de julio de 2023, para solicitar al Departamento de Educación información sobre estudiantes que no completaron los requisitos para pasar de grado y datos sobre estudiantes que tomaron clases de verano.
El grupo periodístico GFR Media no pudo obtener información estadística de varias dependencias del gobierno Central, incluyendo los Departamentos de Familia y Seguridad Pública.
El 28 de julio, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, firmó la Ley Núm. 75 de 2023, para enmendar el Artículo 2.04 de la Ley Núm. 85 de 2018, Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, y crear un programa piloto de enseñanza en el sistema público enfocado en los derechos civiles y constitucionales, tales como el derecho de igualdad ante la ley, derecho a la libertad religiosa, derecho a la libertad de palabra y de prensa, derecho a la libre asociación, derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad, derecho a la intimidad, derecho al debido proceso de ley y los derechos de los trabajadores, entre otros.
