Las mayores preocupaciones para la libertad de prensa en este período surgieron del contenido de varios proyectos de ley que restringen la labor informativa y establecen restricciones de publicación sobre procesos judiciales.
Entre agosto y septiembre concluyó la tramitación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, inspirada en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, con cambios significativos a favor de fortalecer la privacidad de los individuos. La ley crea la Agencia de Protección de Datos Personales y se amplían los derechos de los titulares, como la portabilidad y el bloqueo temporal. Las empresas tienen también más obligaciones para informar de forma transparente y proteger los datos.
A propuesta de las asociaciones de medios de comunicación, la ley exceptúa el tratamiento de datos realizado en el ejercicio de las libertades de emitir opinión e informar. Los medios deberán distinguir el tratamiento de las noticias e implementar medidas de seguridad y garantías de transparencia en el manejo de datos.
Los medios deberán prestar especial atención a los datos sensibles, obtener el consentimiento para fines no informativos y considerar la designación de un delegado de protección de datos. Los infractores podrán ser sancionados.
Continúa la tendencia de algunos tribunales, en particular aquellos de competencia penal, de ordenar limitaciones a la publicación de procesos. Hace más de 20 años se determinó que la amplia publicidad de los procesos es una garantía de control ciudadano al poder jurisdiccional.
Además de algunos casos excepcionales que permite la ley para impedir la publicación de nombres de menores de edad, también en los juicios penales sobre delitos del ámbito sexual, se suele prohibir la publicación de nombres o rostros de imputados en procesos penales. Se argumenta que su conocimiento podría afectar el principio de presunción de inocencia.
También se incrementaron los casos de prohibición de informar sobre delitos de corrupción y lavado de activos, bajo el pretexto de que la información periodística podría afectar el éxito de las indagatorias del Ministerio Público.
La Tercera logró impedir, a través de un recurso de amparo, la prohibición de informar sobre un caso público en el que se terminó condenando al padre de un senador por delitos de abuso sexual.
Una reforma a la Ley Electoral proponía eliminar la obligación de publicar facsímiles de cédulas y nóminas de vocales de mesa en diarios impresos y reemplazarla por publicaciones en el sitio web del Servicio Electoral (Servel). Esta disposición, que afectaría las finanzas de los medios, no fue aprobada.
La reforma sí incluyó incorporar las plataformas digitales para divulgar información electoral, resaltándose la importancia de los medios tradicionales para esos efectos, considerando su penetración en zonas donde no hay conectividad a internet.
Otro proyecto de ley sobre "lobby" generó preocupación porque cualquier declaración pública podría ser considerada como actividad de lobby, con lo cual se restringiría la libertad de asociación y el derecho de petición.
El proyecto de ley impone obligaciones a los medios en relación con las comunicaciones pagadas, lo que podría ser una restricción a la libertad de expresión y representar censura previa.
