Paraguay

En el ámbito económico y social, aunque se mantuvieron indicadores de crecimiento macroeconómico, persistieron dificultades en el consumo interno, el empleo formal y las condiciones laborales. En el sector de medios, la crisis del modelo publicitario tradicional continuó afectando el empleo y los salarios, mientras los trabajadores de prensa reclamaron el cumplimiento de convenios colectivos. A ello se sumaron protestas de los sectores de salud y educación pública durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

La crisis del Instituto de Previsión Social (IPS), marcada por el desabastecimiento de medicamentos y problemas administrativos y financieros, motivó investigaciones oficiales y periodísticas. La Contraloría examinó presuntas operaciones vinculadas a ueno Bank y dos expresidentes del IPS fueron imputados. La prensa también investigó los vínculos financieros del presidente Peña con el grupo: mantuvo acciones en ueno Holding hasta marzo de 2025 y, según investigaciones periodísticas, un crédito de US$300.000 de ueno Bank habría financiado parte de su casa de verano. Estas revelaciones provocaron cuestionamientos y exigencias de transparencia, poniendo de relieve el papel fiscalizador del periodismo de investigación.

En materia de libertad de prensa, el periodismo de investigación enfrentó amenazas y agresiones, particularmente en zonas de frontera, así como acciones judiciales que medios y organizaciones gremiales consideran mecanismos de censura indirecta. También surgieron denuncias sobre nuevas modalidades de hostigamiento digital y una estructura de desinformación que habría utilizado redes sociales y publicidad digital para desacreditar a periodistas, medios y otras voces críticas.

En abril, un Tribunal de Apelación Penal anuló por unanimidad la condena que pesaba sobre la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, quienes habían sido condenados en 2022 por difamación a raíz de publicaciones sobre la gestión de la exviceministra de Tributación Marta González Ayala en relación con el sistema informático Marangatú. Los magistrados determinaron que la sentencia de primera instancia carecía de debida fundamentación, presentaba vicios formales insubsanables y afectaba el derecho constitucional a la información y a la crítica de la gestión pública. La decisión implicó la nulidad de la sentencia y el reenvío de la causa a un nuevo juicio oral, sin pronunciarse sobre el fondo de la acusación.

Ese mismo mes, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) manifestó su preocupación por el proyecto de ley “De Prevención, Protección y Asistencia a Periodistas y Trabajadores de Prensa Víctimas de Violencia”, impulsado en el Senado. El gremio cuestionó la discrecionalidad otorgada al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior para determinar quiénes recibirían medidas de protección y advirtió sobre el riesgo de que el mecanismo pudiera ser utilizado de manera selectiva.

En mayo, la Red de Mujeres Periodistas del Paraguay cuestionó las declaraciones del presidente Peña contra la periodista Mariela Fretes, de ABC Color, después de que esta le formulara preguntas sobre su patrimonio. El mandatario insinuó que periodistas podrían recibir financiamiento de organizaciones criminales y planteó revisar los ingresos de la comunicadora. Posteriormente, en el contexto de las investigaciones sobre una estructura digital de desinformación y perfiles falsos dirigidos contra críticos del oficialismo, también cuestionó públicamente trabajos periodísticos y calificó de “extorsión” determinadas investigaciones. Estas declaraciones fueron cuestionadas por organizaciones de periodistas.

En junio, el Tribunal de Apelación Penal ratificó el rechazo de una garantía constitucional de hábeas data promovida por el empresario Iván Pergher Brunetta contra Última Hora. El accionante buscaba que el medio modificara o eliminara de su sitio web un artículo publicado en 2015 sobre un proceso judicial en su contra, en el que posteriormente obtuvo el sobreseimiento. El tribunal consideró que la pretensión buscaba establecer un “derecho al olvido” que no está reconocido en el ordenamiento jurídico paraguayo.

También en junio, la FIFA notificó a Editorial Azeta S.A. (Grupo ABC Color) y a Radio Cardinal AM la revocación de las credenciales de prensa del relator deportivo Jorge “Chipi” Vera para el Mundial de Fútbol 2026. La medida fue adoptada por comentarios realizados por el comunicador sobre autoridades del fútbol durante un partido de la selección paraguaya. El SPP y el Círculo de Periodistas Deportivos cuestionaron la decisión por considerarla desproporcionada y contraria a la libertad de opinión y al derecho al trabajo. Vera reconoció sus expresiones y presentó una rectificación, pero la FIFA mantuvo la medida.

En junio, una causa por amenazas y amedrentamiento contra el periodista Carlos Benítez concluyó con la condena de Zully Ortiz García y Evelin Librada Paredes Frutos. Ambas fueron halladas culpables de las amenazas de muerte dirigidas mediante perfiles falsos en redes sociales contra el conductor del programa radial El Observador, de Radio Ñandutí. La investigación vinculó el hostigamiento y un ataque a balazos contra la vivienda del periodista con sus publicaciones sobre la denominada “mafia de los pagarés”.

Ese mismo mes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del exgerente de prensa de los canales del Grupo Albavisión (SNT y C9N), Carlos Granada, y dejó firme su condena a 10 años de prisión por coacción, coacción y acoso sexuales contra varias trabajadoras de prensa. La decisión ratificó las sentencias de las instancias anteriores y constituye un antecedente judicial relevante en materia de violencia de género y abuso de poder en espacios laborales de medios de comunicación.

En julio, la Comandancia de la Policía Nacional y el Ministerio Público dispusieron una investigación por presunto abuso de autoridad contra agentes de la Comisaría 3.ª Metropolitana, tras la agresión sufrida por el periodista jubilado de Última Hora, Lorenzo Villalba. El comunicador fue golpeado y esposado mientras registraba con su teléfono el arresto de un sospechoso durante la cobertura de un incendio en una discoteca de Asunción. El SPP cuestionó el uso de la fuerza y el intento de impedir el registro periodístico del procedimiento.

También en julio, el SPP reclamó la destitución del ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, a raíz de investigaciones de ABC Color sobre una estructura denominada “La Red Desinformante”. Según las publicaciones, la red habría operado para desacreditar a periodistas y críticos del gobierno y podría haber recibido financiamiento público. Villate cuestionó públicamente al periodista Leonardo Gómez, de ABC Color, utilizando expresiones de carácter político. El SPP y organizaciones internacionales de periodistas expresaron preocupación por estos hechos y por los discursos dirigidos contra comunicadores.

En ese mismo contexto, el SPP denunció que Radio Cáritas 680 AM habría recibido presiones para retirar de sus redes sociales una publicación relacionada con la investigación de ABC Color sobre la denominada “Red Desinformante”. Según la denuncia, la presión habría incluido la amenaza de retirar pauta publicitaria estatal. El caso planteó nuevamente cuestionamientos sobre el uso de la publicidad oficial y su eventual incidencia en la independencia editorial.

En julio también se conocieron evidencias obtenidas del teléfono de Saúl Humberto Ruiz Gauto, detenido en una investigación por amenazas contra el comunicador radial Aníbal Gómez Caballero, de Pedro Juan Caballero. La pericia identificó conversaciones con el diputado por Amambay Santiago Benítez relacionadas con la comercialización de armas y municiones, en fechas coincidentes con el período del hostigamiento al periodista. Benítez reconoció las comunicaciones y señaló que buscaba armamento para reforzar su seguridad personal debido a la situación en la frontera.

Asimismo, en julio el Estado paraguayo realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas a la familia del periodista Santiago Leguizamón Zaván, asesinado en 1991 en Pedro Juan Caballero, en cumplimiento de una medida ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ceremonia se realizó en el Palacio de Justicia de Asunción y contó con la participación de autoridades, familiares y representantes del gremio periodístico. La familia y el SPP reclamaron, entre otras medidas, la aprobación de una ley de protección integral y la conformación del grupo de trabajo dispuesto por la sentencia internacional para investigar los asesinatos de 22 trabajadores de prensa que permanecen impunes.

En agosto, trabajadores de prensa nucleados en el SPP realizaron movilizaciones ante la negativa de varios medios a aplicar el reajuste salarial del 5% establecido en el contrato colectivo. Las protestas se realizaron frente a sedes de Última Hora y ABC Color y recibieron el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). El gremio vinculó el conflicto salarial con las condiciones de sostenibilidad del ejercicio periodístico.

En septiembre se registraron nuevos avances en la investigación sobre la página “Despierta Paraguay” (Despierta PY), vinculada a la estructura denominada “Red Desinformante”. Una pericia informática privada realizada sobre un teléfono entregado voluntariamente en el marco de una conciliación judicial aportó información sobre la administración y funcionamiento de la estructura digital. Las evidencias fueron relacionadas con directivos de la agencia Azafrán S.A. y con personas vinculadas al actual gobierno. Organizaciones gremiales y juristas solicitaron que el Ministerio Público determine si hubo utilización de fondos públicos para financiar publicidad digital destinada a desacreditar a periodistas y medios.

Las investigaciones periodísticas describieron una estructura que habría utilizado Facebook, Instagram y anuncios de Google para difundir contenidos contra periodistas y medios críticos, incluidos contenidos falsos o manipulados y material generado mediante inteligencia artificial. El caso motivó solicitudes de información e investigación en el Congreso y generó cuestionamientos sobre la eventual utilización de recursos públicos y la posible responsabilidad de funcionarios o terceros. La investigación de ABC Color atribuyó a la estructura un volumen significativo de publicidad digital y ataques dirigidos contra medios y periodistas, aunque estas conclusiones corresponden a la investigación periodística y continúan siendo objeto de cuestionamientos e indagaciones institucionales.

En septiembre, Editorial Azeta S.A. (Grupo ABC Color) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra decisiones judiciales que ordenaron eliminar de sus plataformas digitales cuatro publicaciones periodísticas de 2013 a 2015. La controversia se originó en una acción de hábeas data promovida por el empresario Estanislao Franco de Oliveira, conocido como “Chilao”, quien alegó afectación a su honor y reputación. Las decisiones de primera y segunda instancia ordenaron la supresión de los archivos históricos. El medio sostuvo que las resoluciones constituyen una forma de censura judicial indirecta y vulneran garantías constitucionales y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al cierre del período, la acción se encontraba ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

También en septiembre, funcionarios de la Municipalidad de Fernando de la Mora fueron denunciados por agresiones y amedrentamiento contra vecinos y periodistas. Las denuncias surgieron después de que vecinos y comerciantes instalaran carteles para cuestionar el estado de las calles. Según las denuncias, se produjeron amenazas de multas, dificultades administrativas y fiscalizaciones. Un equipo de Nación Media, integrado por periodistas de GEN y Universo 970 AM, también denunció obstrucciones durante la cobertura. El camarógrafo Rodrigo Benítez afirmó haber sido agredido e impedido de registrar imágenes dentro de la municipalidad.

En septiembre, el Tribunal de Sentencia condenó al exsenador Hernán Rivas a ocho años de prisión tras determinar que utilizó un título de abogado falso. El caso había sido impulsado por investigaciones periodísticas que cuestionaron la autenticidad de sus antecedentes académicos y su ejercicio de funciones públicas, incluida la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La sentencia fue considerada relevante por el impacto institucional del caso y por el papel de las investigaciones periodísticas en su exposición.

En septiembre fue incendiado el vehículo del periodista César Candia, corresponsal de SNT y C9N en Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, y administrador del medio digital Noticias al Día. Imágenes de circuito cerrado muestran a una persona con el rostro cubierto acercándose al vehículo, estacionado frente a la vivienda del periodista, rociándolo con un líquido inflamable y provocando el incendio. El SPP exigió una investigación, medidas de seguridad para el periodista y su familia y avances en el proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El fiscal Néstor Narváez solicitó formalmente el refuerzo de las medidas de seguridad para Candia y su familia.

En septiembre, el Senado aprobó sin debate una declaración sobre la demora de la Corte Suprema en resolver una recusación en el caso Banco Atlas-Conmebol. Un posterior intento de reconsideración, ante posibles cuestionamientos constitucionales, no prosperó por falta de quórum. Organizaciones de prensa han expresado preocupación por las acciones judiciales contra Banco Atlas, perteneciente al Grupo Zuccolillo, propietario de ABC Color, ante la posibilidad de que constituyan mecanismos de presión indirecta sobre el medio.

En octubre, la Fiscalía solicitó desestimar una denuncia de Banco Atlas contra la empresa tecnológica Itti por presunto sabotaje informático y tentativa de extorsión, pese a la existencia de un peritaje fiscal que identificó posibles irregularidades en el sistema informático del banco.

También en octubre, investigaciones de ABC Color y Última Hora difundieron un informe técnico del Banco Central del Paraguay que advertía sobre posibles incumplimientos de límites regulatorios y condiciones crediticias cuestionadas en operaciones de ueno Bank con empresas vinculadas. Según las publicaciones, la entidad administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos y del IPS. Las revelaciones motivaron pedidos de información en el Senado y plantearon interrogantes sobre la supervisión bancaria y el manejo de recursos públicos.